Triste la calavera de Veracruz.

Al cierre de la administración de Javier Duarte no se habla de otra cosa que no sea corrupción y pleitos políticos.
Las cuentas nomás no cuadran y el diferendo entre los más importantes actores de la sucesión gubernamental se recrudecen con dimes y diretes que se ventilan no en diálogos y acuerdos encriptados, sino en una franca disputa por las ocho columnas.
Son dos bandos.
Aunque más parece la lucha de todos contra uno. El excremento en el ventilador colocado hacia una sola persona, el gobernador.
Lo último es una grave denuncia presentada por el diputado Julen Rementería, misma que refiere un mal manejo del llamado 2% del impuesto a la nómina que tiene en el limbo casi tres mil millones de pesos.
Y lo que viene.
En breve la opinión pública sabrá de nuevos préstamos, llamadas inversiones con pago a 30 años, por 8 mil millones de pesos.
Nunca en Veracruz se había visto tal danza de miles de millones traducidos en nada, invertidos en acciones oscuras y alejadas de la justicia social.

Es un saqueo.
Por ello bien se dice que Duarte enfrenta la peor crisis de credibilidad social, pero sobre todo de observancia y cumplimiento de la norma. La transparencia en Veracruz existe solo en el discurso y de ello ya se percató la federación.
Y es que tan solo por el “Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal”, el llamado impuesto al 2% de la nómina, no se ha podido acreditar un faltante cercano a los tres mil millones de pesos.
Veamos.
El gravamen fue creado el 14 de mayo del 2001 con objeto de administrar la principal fuente de recursos propios que tiene el Estado derivado de la recaudación del impuesto sobre Nóminas, impuesto que en la presente administración se reforma para ser “erogaciones por remuneraciones al trabajo personal”.
La meta, así se estableció durante el gobierno de Miguel Alemán en el decreto correspondiente, era que el 100 por ciento de los recursos obtenidos por este impuesto se destinaran a inversión pública productiva y la creación de infraestructura estatal, cosa que no ha ocurrido en la actual administración.
Advierte Rementería, que desde el 2010, la Secretaría de Finanzas y Planeación no ministra al fideicomiso la totalidad de los recursos recaudados y que no hay autoridad que indague, exponga o denuncie al respecto.
Sostiene además que sus dichos no son especulaciones o datos sin fundamento ya que toda la información al respecto proviene de datos oficiales, de cuentas públicas aprobadas y de fiscalizaciones supuestamente realizadas por el ORFIS.
Datos obtenidos por la Cuenta Pública Consolidada correspondiente al ejercicio fiscal 2010 de Gobierno del Estado, hechos públicos por Julen y también revelados por el columnista Luis Ramírez Baqueiro, dan cuenta que la instancia citada ejerció la cantidad de mil 440 millones 600 mil pesos, pero solo reportó a ORFIS para su revisión de la cuenta pública 464 millones 550 mil 199 pesos con 84 centavos.
De ser así dónde carambas quedaron 976 millones 832 mil 945 pesos.
Llama la atención que durante 2010, año por cierto electoral, la SEFIPLAN dejo de ministrar al fideicomiso casi mil millones de pesos, y ni los integrantes del órgano de gobierno del mismo o el propio ORFIS observaron tan evidente irregularidad.
¿ORFIS es cómplice?
Según se ha podido comprobar el posible desfalco continúo en el 2011 pues SEFIPLAN dejó de ministrar al fideicomiso, la cantidad de 58 millones que sumados al faltante del año anterior alcanzaron el monto de mil 34 millones 961 mil pesos, lo que representa más de mil millones de pesos menos en inversión para infraestructura en el Estado.
La crisis de opacidad continuó durante los años 2012 y 2013.
Datos del ORFIS en el 2012 apuntan que se obtuvieron ingresos en este rubro por más de mil 818 millones, mismos que el fideicomiso ejerció y para el siguiente año, donde se supone se incrementó el recurso por el aumento del padrón de contribuyentes no hubo tal, el dinero también se esfumó.
La información oficial muestra asimismo una supuesta caída en el ingreso pues se afirma que solo recaudaron 670 millones dando lugar a una variación negativa entre un año y otro que alcanzaría un posible faltante de más de mil millones de pesos.
Lo grave de esta información generada por la misma SEFIPLAN, es que en 2014 se logra comprobar que se recaudaron mil 960 millones de pesos producto de los contribuyentes, y que nunca se transfirió el dinero al fideicomiso y consecuentemente no se ejercieron.
Estamos hablando pues de un franco ilícito, un daño patrimonial que bajo ninguna circunstancia puede quedar impune ya que el desfalco entre 2010 y 2014 arroja un faltante por más de dos mil 925 millones 491 mil pesos.
Veracruz, en efecto, vive una administración pública sin precedentes. Nunca se había llegado al extremo de no ser solventes para enfrentar los gastos que conlleva el ejercicio de gobierno. Se está llegando al extremo de no tener ni para pagar nóminas, y lo peor de cara a un evidente desvío de recursos públicos.
Hoy la opinión pública está despierta. Observa, vigila, revisa de cara a una administración pública saliente que da tumbos.
El gobierno de la Fidelidad, segunda parte, da palos de ciego ante un desborde de evidencias que en modo alguno explican el porqué de los 84 cambios en el gabinete en cinco años, una sucesión gubernamental fuera de control y un final que augura sombrío para la docena trágica.
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

Los contenidos, estructura y redacción de las columnas se publican tal cual nos las hacen llegar sus autores.