Nadie duda que el dinero es imprescindible para hacer política, particularmente si se trata del financiamiento a organizaciones o partidos políticos. El problema es que a partir que les otorgan recursos estatales, con la idea de convertirlos en entidades autónomas, provistas de personalidad jurídica, y con funciones para que gente de la sociedad encuentre las facilidades en el camino hacia el poder; se inicia un progresivo encarecimiento de las campañas electorales, inscritas en un contexto en el cual la mercadotecnia y su parafernalia hacen que los gastos crezcan de manera exponencial, y coincidentemente, los partidos sufren una modificación en su dinámica activista, que los lleva a convertirse en aparatos burocráticos como cualquier oficina gubernamental. Esta situación en lugar de impulsar el fortalecimiento de los partidos, con el objetivo de erigirse en representaciones de los intereses políticos de los ciudadanos, han incurrido en la inevitable pérdida de contacto con su militancia y sus simpatizantes.

Además que los partidos mayoritarios, por contar con mayores prerrogativas, desarrollan las habilidades necesarias para mantener su preeminencia.
Pero el desmesurado crecimiento de los aparatos partidarios, y la necesidad de mantenerlos en función permanente, significaron una abultada nómina. Este fenómeno, agregado a campañas electorales crecientemente costosas, colocó a los partidos ante la disyuntiva de tener que recaudar grandes sumas sin indagar profundamente en torno al origen de esos dineros. De esta manera se abrió el hueco para el financiamiento ilegal, el predominio de fuertes grupos económicos, el tráfico de influencias y el flagelo de las contribuciones de origen oscuro.

Lo delicado del asunto no es que los partidos cuenten con el suficiente dinero para costear sus actividades sin preocuparse de su origen. El problema es que nadie da nada sin recibir algo a cambio, y en una relación en estas condiciones, queda establecido como un fuerte compromiso del cual habría que pagar posteriormente costosas facturas, que contravienen la transparencia y condicionan las decisiones de los funcionarios.

Pero el asunto no para ahí. Aprovechando la coyuntura de los insuficientes recursos oficiales, quienes también se apuntan para participar en los gastos de las campañas electorales son las empresas y los empresarios, con la inocultable intención que esos apoyos se traduzcan en contratos o concesiones. El más cercano ejemplo lo vivió México con Vicente Fox. Un año antes de que fuera nominado como candidato a la Presidencia, en el Centro Carter de Atlanta, Georgia, fundado por el Expresidente James Carter, se celebró un foro sobre el tema de "Transparencia y Crecimiento en América", en cuyo patrocinio participó la Coca Cola. La crónica del evento recoge que entre los altos funcionarios de la transnacional ahí presentes, se comentó que la empresa tenía oportunidad para colocar a uno de sus mejores hombres en la presidencia de México, por supuesto que con la intención que el producto de cola ampliara su horizonte de ventas.

Por otra parte, el financiamiento público coloca a los partidos en un ámbito de supeditación a los intereses de quienes aportan los recursos así se trate del Estado, y los enfrenta al reclamo popular por las descomunales cantidades de dinero que se les otorgan sin beneficio aparente. Hay que recordar que anteriormente, era obligación de los propios militantes de participar, mediante el pago de cuotas en el sostenimiento de sus instituciones políticas y sus campañas electorales.

Pero tampoco los Estados Unidos, la nación pretendidamente prototipo de las democracias, escapa a las sospechas de utilización ilegal de recursos en sus campañas políticas. En su momento, William J. Clinton, fue cuestionado por presuntos beneficios derivados de aportaciones de empresarios chinos. Años atrás, el Vicepresidente SpiroAgnew, durante el gobierno de Richard Nixon, tuvo que dejar el cargo ante la acusación de haber recibido ilegalmente fondos para la campaña en la que ambos fueron elegidos.

En Europa ocurrió algo similar. Sonó fuerte el caso de los diamantes que obsequió Bokassa I, emperador de un ya inexistente imperio centroafricano, al Primer Ministro Francés Valery Giscardd´Estaing, para actividades de su partido político. En Colombia, fue todo un escándalo la acusación contra su Presidente Ernesto Samper, por haber recibido fondos del narcotráfico. Y en España, Según un informe de Transparency International, los sectores más corruptos son los partidos políticos y las empresas.

En conclusión, no parece haber una fórmula de financiamiento ideal. Expertos consideran que la decisión tendría que darse de acuerdo al contexto político prevaleciente, al nivel cultural del país y al desarrollo del sistema de partidos; sin soslayar que la tendencia actual en las democracias representativas que más han madurado, es la de buscar un mayor equilibrio entre el financiamiento público y el privado, a fin de encontrar un balance entre esas formas que eviten extremos perversos.

(ferpadillafarfan@gmail.com)

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