En muchos temas está el gobierno de cabeza, pero en este asunto del litigio planteado por dos modestas trabajadoras del Congreso que fueron despedidas, francamente los políticos se ubicaron con las extremidades inferiores en posición inversa. Aparte de haber metido al titular del Ejecutivo en un brete que está a punto de demostrar si la potencia del máximo tribunal nacional es real o queda en balandronada, y si el flamante “nuevo” amparo de veras sirve o es puro cuento, siguen metiéndose en un fango más profundo.
En el tema relativo al ultimátum que el Poder Judicial federal dio tanto al gobernador del estado como al Congreso para que acaten el fallo que condena a este último a pagar y reinstalar a dos trabajadoras despedidas injustificadamente, parece que hay quienes, en vez de ayudar, estorban.
Así se echa de ver en la nota que publica Ana Lilia Velázquez en el portal Radiover.Info, donde el diputado priista Heber Alan Carballo Salazar asegura que ya existen pláticas con las ex empleadas despedidas y se logró disminuir el pago de 7 millones de pesos que ordenó el juez (¿¡¡¡!!!?).
Te puedo asegurar, le dice el presidente de la Comisión de Administración y Presupuesto del Congreso local a la colega, que disminuirá el monto de manera significativa, “porque la idea es no pagar esa cantidad”.
¿Usted cree, estimado lector, que teniendo a todo el aparato gubernamental cogido de las barbas, las empleadas o el despacho jurídico Viades, Llanes y Asociados van a dar marcha atrás? Necesitarían estar locos.
El propio abogado del caso, Juan José Llanes Gil del Ángel, emitió de inmediato un desmentido en su cuenta de Facebook, en el que dice:
“MIENTE Heber Carballo: no hay negociación alguna. Hasta hoy, el Congreso del estado no ha solicitado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje que medie en este conflicto. Tampoco han intentado propiciar, ante otra instancia, acercamiento alguno que, habría que decirlo, resultaría inconducente, dada la contundencia de la orden federal”.
“Sé –lamentó también reconocerlo– que los medios de comunicación veracruzanos afines al duartismo, han hecho eco a la petición de levantar un cerco en relación con la información que pueda provenir de la representación legal de las trabajadoras. Confío en que los medios de comunicación independientes coadyuven en la difusión de este mentís al legislador Carballo que, ofensivamente, les miente a los veracruzanos”.
Hasta ahí la aclaración del prestigioso abogado, que tiene razón al indicar que la orden federal es contundente, por lo que es innecesario que las trabajadoras prescindan de la totalidad de un dinero que les ha hecho mucha falta en estos largos meses en que se debatió el asunto en los tribunales.
Lamentablemente en esta controversia, fueron muchos los infortunados interventores, comenzando por los pasados líderes del Congreso, tanto de la bancada mayoritaria como de la mesa directiva; el responsable jurídico de la Legislatura y hasta la gente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del estado, quienes llevaron el asunto hasta el extremo a que ha llegado.
A pesar de lo que me dicen sobre sus “asegunes” técnicos, yo no puedo creer que un abogado de tanta trayectoria como Vito Lozano Vázquez no hubiera advertido oportunamente a sus jefes sobre el problemón que se venía, cuando el asunto iba caminando ya muy avanzado y entonces quizá sí hubieran podido negociar. Aunque en esto de negociar él mismo tiene su historia, dicen los colegas.
Habrá quienes no sepan que Lozano Vázquez es también profesor. Dicen que en el año de 1980, el mencionado llega al estado de Veracruz y decide estudiar la Licenciatura en Derecho. En esa época, el director general de Educación Primaria del entonces llamado también Servicios Coordinados de Educación Pública en el Estado de Veracruz, era Pedro Mejía Alarcón.
El déficit de maestros de educación primaria era notable, ya que las escuelas normales rurales no abastecían lo suficiente como para evitar el rezago de maestros. Aunado a esto, las bajas percepciones impedían que muchos quisieran dedicarse a la docencia, y esto provocó que se hiciera muy famosa la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el corazón de la ciudad de México, donde por ciertas cantidades se expedían títulos y certificados completos apócrifos de profesor, detalle que no pasó inadvertido para Pedro Mejía Alarcón.
Éste, de inmediato inició procedimientos en contra de una cantidad considerable de “maestros” con documentos falsos, que se cuentan por cientos, toda vez que en la validación no existía ninguna anormalidad. El comisionado por la Sección 32 del SNTE para evitar que los maestros mencionados fueran “despedidos injustamente” mediante el pago de generosas cantidades, fue Vito, quien argumentaba que los pagos serían entregados a quien era en esa época el secretario general de la Sección 32 del SNTE.
Bastante arrepentido podría estar el hoy ex secretario general de haberlo convertido en su compadre preferido y hombre de todas las confianzas para los trabajos especiales dentro de la 32, donde fue, durante muchos años, apoderado legal, si es que en realidad no recibió las cantidades solicitadas a los apócrifos, que en realidad no tenían necesidad de darlas porque ya habían creado derechos y la Secretaría no podía rescindirles los contratos.
En fin. Lo cierto es que el tema será noticia, tanto si se pagan los 7 millones de pesos como si no se pagan. Esperemos.