La pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano (Voltaire)

Algunos piensan que lo que sucede en Iguala refleja lo que pasa en el país.
Sí y no, porque aunque pudiera afirmarse que los hechos del municipio guerrerense son similares a los que ocurren en otras entidades y demarcaciones locales, también es cierto que el país no es igual a Iguala.
Hay miles de municipios en México que viven en paz y sin el lastre de la violencia, y cuyos gobiernos no tienen entre sus elementos a presuntos o reales delincuentes.
Hay millones de mexicanos que por fortuna pueden vivir, trabajar y luchar por lo que anhelan y que lo hacen por encima de los amagos de la violencia.
El que así sea no reduce la gravedad de la confusa historia que hoy vive Iguala. Por el contrario, es una dolorosa llamada de atención, que reclama de nosotros una firme posición de no permitir que la delincuencia, la infiltración de criminales en los gobiernos y la descomposición social, cercenen al país.
El gobierno está obligado a dar respuesta inmediata y eficaz a este desafío de violencia manifiesta, que es capaz de asesinar a decenas de jóvenes como si no existiera estado, ni leyes ni autoridades.
Es tal el laberinto que hoy presenta Iguala, que la federación tiene como primer reto investigar lo sucedido, aclararlo y castigarlo.
La ocasión es lamentable, pero también una oportunidad para mostrar la fuerza del estado a través del cumplimiento de la ley.
No se trata de combatir la fuerza bruta del delito con igual receta, sino con inteligencia, mediante las instituciones y en el marco de la legalidad.
Hay que detener tajantemente la ley del armado, del violento, de que cree que a la puerta de su guarida lo espera la impunidad.
El gobierno federal ha utilizado la concentración de la fuerza del estado para apagar los incendios del delito, expresado en actos sangrientos y desmedidos.
La seguridad de los habitantes de Iguala debe estar ya garantizada. No debe haber una víctima más, y para quienes ya han padecido los agravios, debe haber justicia.
Justicia clara, expedita, creíble, ejemplar.
Ahora decenas de familias están de luto y en la incertidumbre. Exigen la justicia que merecen y que todos debemos mandar, por solidaridad, por principio, pero también porque el fuego que se deja a la inercia y al viento suele extenderse y aniquilar todo a su paso.
La sesión inaugural de la nueva dirigencia perredista en Guerrero (acabó siendo en Chilpancingo, aunque pretendía ser realizada en Iguala) exhibe la confusión de los límites entre los partidos y su estructura, con el ejercicio pragmático y concreto de quien ejerce el gobierno.
¿El PRD es responsable de la incapacidad operativa o preventiva de Ángel Aguirre?
No directamente, como tampoco el PAN es responsable de la guerra con el crimen de Felipe Calderón o PRI de las torpezas y excesos de Mario Marín Ulises Ruiz en su momento.
Los señores funcionarios que resultan ganadores en puestos de elección popular, son responsables de sus actos ante la ciudadanía, pero de forma muy secundaria ante sus partidos. El PRD fue a Guerrero a pretender difundir una imagen de compromiso con la grave situación que allá se vive, o como dijo Carlos Navarrete "que se vaya Aguirre pero que también se vayan Eruviel Ávila y Egidio Torre." Es decir, no importa si lo han hecho bien o mal, sino que es un asunto de cuotas. Si el gobierno federal "quita" o retira a un gobernador del PRD, que también lo haga con otros del PRI. Absurdo.
¡Vaya debut del presidente del PRD, Carlos Navarrete!
Por mucho que incomode al gobierno federal la impericia, el abandono, la torpeza o francamente la desidia del gobernador Aguirre en un estado por naturaleza tenso y delicado, lo que menos conviene a esta administración es iniciar un camino de licencias y retiros como ya sucedió en Michoacán.
El PRD debiera ser el primer interesado en que se investiguen, deslinden y aclaren los casos del inefable Abarca en Iguala, o de la insultante tragedia Ayotzinapa.
Acudir en respaldo, cobijo y apapacho de un político golpeado por su ineficiencia y su incapacidad operativa, no habla bien de ningún partido jamás.
Los partidos debieran exigir y demandar ejercicios de gobierno de creciente calidad, de notable transparencia, de elocuente eficacia.
Es su mejor carta de presentación frente a un proceso electoral.
Los partidos proponen figuras, construyen plataformas, plantean ideales programáticos que después corresponde a sus candidatos electos y en funciones ponerlos en marcha.
Muy pocos son los que cumplen con un diseño y una estrategia partidaria. Ya en el poder siguen su propio curso. Tenemos abundantes ejemplos.
Lamentablemente para la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el caso de Iguala será lo que fue, en su momento, Aguas Blancas para Ernesto Zedillo o las fosas de San Fernando para Felipe Calderón. O, toda proporción guardada, el 2 de octubre para Luis Echeverría.
El costo político de ambos, sin embargo, lo ha cargado la administración federal, marcada ya por Iguala y Tlatlaya.
Y si bien Peña Nieto enfrenta una crisis de sangre como la que padecieron sus antecesores, también enfrenta la oportunidad histórica no de sobrellevarla, sino de solucionarla.
Para ello tendrá que detener a los responsables sin dejar lugar a dudas, sean funcionarios públicos o no, de cualquier partido y nivel.
Solo así, a ver.