“Errar es humano, perseverar en el error es diabólico.” - San Agustín de Hipona..

Y llego el gran día, a las 11:30 horas el micrófono de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, se encendía y se escuchaba a la tuxpeña Octavia Ortega Arteaga preguntar si existía el quórum suficiente para desarrollar la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno de Veracruz.
La respuesta afirmativa de la diputada panista Ana Cristina Ledezma López, secretaría de la Mesa Directiva daba pie a la lectura de las reglas para desarrollar la comparecencia.
Tomás Ruiz González estaba listo; en balde buen tiempo dedicó a preparar la su intervención, sabedor que el tema a exponer representa una de las afrentas más graves a los veracruzanos –que se suma al de la Torre Pediátrica, iniciada también a finales del gobierno de Miguel Alemán-, por la sarta de mentiras y sobre todo el profundo daño patrimonial al erario estatal.
Ruiz González experto en el manejo del tema financiero, reconoció que cuando le entregaron el proyecto en el mes de marzo literal estaba quebrado, mil 100 millones de pesos reclamaba la empresa concesionaria, con la complicación de que ningún banco daría un peso más de financiamiento al proyecto.
Aunado a ello un presunto daño patrimonial detectado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por poco más de 500 millones de pesos tan solo de 2012, que se pudiera sumar al monto de 2013, que elevaría a un más el saqueo, pesaba como lastre.
Y para terminar de hundir el túnel que aun sigue fuera del río, los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2009 por un daño patrimonial de 119 millones de pesos sería el último de los remaches del proyecto que nació muerto, sería aclarado afirmando que dicho monto le habría sido ya reducido al concesionario del pago de una estimación.
Pero se necesitaron unos minutos para que los datos y las cifras le complicaran el seño, al originario de Coatzacoalcos, cuando el diputado local Julen Rementería, a nombre de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, le presentará un audio con la serie de contradicciones vertidas en su versión que tan solo un año antes abría esgrimido el anterior titular del área, Gerardo Buganza.
Cifras por dos mil millones de pesos supuestamente pagadas por el gobierno estatal serían la principal variación en las cifras, cuestionado en hasta tres ocasiones respecto al nombre de la empresa responsable del supuesto daño patrimonial terminarían de descuadrar la escena.
Los legisladores advertían, ¿alguien nos ha mentido? ¿A quién le creemos a Gerardo o a Tomás?, referían sin que pudieran resolver la duda.
La realidad es que aun cuando en el trasfondo se encuentra el garantizarle la inversión al hombre más rico de México, la realidad es que el incremento de la concesión a 45 años es una locura, quizá usted y yo seguramente no estaremos más en este mundo para cuando nuestros hijos puedan ver que esto se terminó de pagar.
Ridículas resultaron las comparaciones respecto a si otros mega proyectos costaron más o se salieron del presupuesto, la realidad es que se desarrollaron en un tiempo menor al que este lleva, y que ya por si solo ofende a los veracruzanos.
En los hechos Gerardo Buganza en su momento se ufanó de resolver el tema, en la realidad, no resolvió nada; esperemos nada más que Tomás si pueda, y este encontronazo de versiones no sea la estrategia para anular a dos claros aspirantes a suceder al gobernador Javier Duarte en el 2016.
Mientras los veracruzanos siguen afirmando que esta obra se debería llamar “El Túnel de la ignominia”.
Al tiempo.

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