¡Cuando cuentes cuentos, cuenta cuantos cuentos cuentas, porque cuando cuentas cuentos nunca cuentas cuantos cuentos cuentas!


La actual administración poco se ha ocupado y preocupado en ser congruente en el decir y en el hacer.
Pareciera que lo que menos importa es brindar una verdad oficial que se apegue a la congruencia, a lo creíble, mientras sus amanuenses con tal de quedar bien con el príncipe no tienen el menor empacho en arrodillarse y justificar aberraciones gubernamentales con verdades a medias.
La diputada local Marcela Aguilera Landeta, declaró en días pasados que “sin denuncias imposible consolidar estadísticas de desaparecidos en Veracruz...”
Sostuvo además que “hay que creer en la autoridad” y que “no se puede hablar de secuestros cuando no existen y no se sabe quién está secuestrado”.
La amnesia no ayuda a esta señora.
Es una insania intencionada direccionada en su favor para seguir ganando espacios de poder, tal como le enseñó Margarito García Montes, aquel líder obrero campesino acribillado allá por el 2009.
Olvida que en el 2013 diputados locales del PRI, PAN y Partido del Trabajo coincidieron en que iban 400 desaparecidos –todos documentados- en lo que iba del sexenio por el aumento de secuestros, extorsiones y “levantones” en Veracruz –sobre todo en la zona centro-, por la corrupción al interior de los responsables de la procuración de la justicia.
En tanto, el Colectivo por la Paz en Xalapa señala que en denuncia ministerial existen desde 2010 más de 388 personas que no han aparecido “por lo que creemos que el Estado no está haciendo su tarea de manera adecuada”.
Y el tema no queda ahí.
En 2014, el 11 de marzo el gobernador Javier Duarte, aseguró que el secuestro en su entidad es un delito erradicado, afirmación de la que tuvo que retractarse dos semanas después, para reconocer que, “tal como señalan las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año se han registrado 24 casos de privación de la libertad…”
A la par familiares de las víctimas denunciaron que esa cifra oficial está maquillada, ya que en las cuentas del gobierno no van incluidas las 23 mujeres que han sido desaparecidas en Veracruz, y que no son reconocidas como víctimas de secuestro por el único hecho de que sus captores no han pedido ningún rescate.
En total, desde que Duarte asumió la gubernatura –en diciembre de 2010–, la Procuraduría de Justicia de Veracruz, hoy Fiscalía, ha tomado registro de al menos 104 casos de mujeres desaparecidas en la entidad y que se mantienen irresueltos hasta la fecha.
De ellos, 35% corresponden a niñas de 11 a 15 años; 15.5% a adolescentes de 16 y 17 años; 27% son jóvenes de 18 a 24 años; y 7% son mujeres de 25 a 29 años.
En el lente, sin embargo, de Marcela Aguilera no hay certeza, no hay denuncias. Es más, no siquiera son objeto de conteo estadístico.
El 15 de julio de 2013, alrededor de las 19:50 horas, Mayra Eliza se dirigió al gimnasio y, siguiendo la rutina establecida, antes de salir de su casa, en Orizaba, dio aviso a su mamá. La joven abordó la camioneta familiar y tomó rumbo al establecimiento deportivo, pero nunca llegó. Desde entonces, se ignora su destino, a pesar de que las autoridades le juran que la investigación no se ha descuidado.
Dice la familia que “en un principio, cuando tú pones la denuncia, las autoridades siempre te argumentan que se fue por problemas familiares o que se fue con el novio, pero yo tenía una buena relación con ella: mi hija no me hubiera hecho esto… De mi niña –dice la madre- no tenemos ningún rastro, salvo que ella recibía amenazas de un individuo que se jactaba de pertenecer al grupo delictivo de Los Zetas.
Para el Colectivo por la Paz, Xalapa, la desaparición de personas en el estado de Veracruz "se ha convertido en una emergencia humanitaria que las autoridades estatales no quieren reconocer", y por ello demandan, una vez más, que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) atraiga el caso de la fosa clandestina hallada hace unos días en el puerto de Veracruz.
Lucía de los Ángeles Díaz, integrante del colectivo, acusa que la Fiscalía General del Estado "oculta el hallazgo de fosas y realiza investigaciones incompetentes en las búsquedas periciales", y reiteran que es por ello que solicitan que intervenga la PGR.
Así pues, mientras que los más suman denuncian un sensible número de desapariciones forzadas, hay otros como Marcela Aguilera, quien –como la justicia es ciega- no ve nada.
Ojalá y esta incondicional de Luis Ángel Bravo Contreras, nunca tenga que padecer el infierno que vivió la familia de Gabriela Arlene Benítez Ybarra, una estudiante de preparatoria de 17 años que a dos semanas de graduarse, desapareció el 13 de junio de 2011 en Xalapa, Veracruz para tres meses después encontrarse su cuerpo a unas cuadras de su casa.
Las autoridades informaron que el cadáver tenía señales de que la joven sufrió una muerte violenta.
Su caso había llamado la atención de la sociedad veracruzana por la intensa búsqueda que llevó a cabo su madre, Bárbara Ybarra Martínez, quien colocó espectaculares con fotos de su hija en varias ciudades del estado, y por la polémica declaración de la fiscalía estatal de que Gaby Benítez había salido de su casa por motivos de “violencia intrafamiliar”.
Lo último que se supo de Gaby Benítez, el 13 de julio, fue que salió a ejercitarse en un parque aledaño a su casa, al norte de la ciudad de Xalapa.
El 23 de septiembre, Ybarra Martínez reconoció el cuerpo de su hija, por la ropa que llevaba "y por los dientes".
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

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