El asunto de Ayotzinapa, sin lugar a dudas, será el parteaguas que marcará una época en el Mexico de hoy. La política, la administración pública y la sociedad, podrían ser diferentes a partir de la línea divisoria entre el México de los rezagos y el país de la evolución. La transición tendrá sus costos políticos, sociales y hasta económicos, mientras las cosas se reacomodan.
Por el momento, el panorama está convulso, nebuloso. A partir de los lamentables hechos en Ayotzinapa, la sociedad se está moviendo en todas direcciones. Las tétricas sorpresas no paran ni se ciñen nada más a Guerreo. Las funestas noticias suben y bajan, van y vienen, provocando verdadera catarsis social, y, por supuesto, sobran los que del río revuelto están acarreando agua para su molino. La arenga pública está presentando pliegues y curvas. Por ejemplo, de los Abarca ya nadie se acuerda a pesar que ante el escrutinio público fueron la parte filosa del cuchillo. Sin embargo, hay algo que aún flota en el ambiente ensombrecido de Iguala, Guerrero: ninguna autoridad ha dicho algo en relación a quienes dieron la orden a los estudiantes de aquella Normal, para que se trasladaran a Iguala (según unos) o a la ciudad de México y luego al norte del país (según otros). Tampoco se ha precisado sobre el verdadero móvil del desplazamiento de los jóvenes a Iguala o a otro lugar, considerando que algunos de sus compañeros estaban apoderándose de otros autobuses para, presuntamente, realizar un viaje de mayor distancia. Esta hipótesis motivaría a pensar que el destino final no era ni siquiera Iguala, tampoco Chilpancingo, la capital, sino otro lugar que, por las exigencias de combustible, pareciera que estaría a una mucho mayor distancia.
Y siguen las interrogantes: Que un destacamento militar cerca, que quienes iban al frente de los normalistas no eran compañeros suyos, etcétera.
Se ha criticado la reacción tardía del gobierno federal. La izquierda señala –con índice flamígero–, al presidente de la república. La sociedad ha compartido esa idea, los extremistas han sabido vender esa imagen. Lo que ha sido evidente es que algunos colaboradores del presidente Peña Nieto han asumido una cómoda postura marginal y contemplatoria. No se ha visto que alguien esté aplicando una de las principales fórmulas de la praxis política: Actuar a tiempo y con eficacia. Se han visto lentos.
Sin embargo, hay varios aspectos que deben analizarse con la frialdad de la razón. El personaje principal de esta historia es el ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, pero como si se hubiese esfumado. Ya nadie se acuerda de él. Lo mismo ocurre con el matrimonio de los Abarca, que a pesar de que todo indica que ellos fueron los autores de las peores atrocidades jamás vistas en México, sus protectores los sacaron de los escenarios públicos y tampoco nadie se acuerda de ellos. Sus protectores supieron manipular el preciso discurso para que la gente volteara hacia otro lado, fuera de Guerrero. Lo peor de todo es que la perorata está acompañada de hechos violentos con los que ni siquiera los familiares de los jóvenes desaparecidos están de acuerdo. Cualquiera sabe que esto lleva a los peores escenarios.
Tratar de desestabilizar al país no le conviene a nadie, excepto a quienes le apuestan al caos total. No debemos olvidar que compartimos frontera (3,000 kilómetros) con el país más poderoso del mundo, y que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de defender sus intereses, así fuera solicitando a la ONU la intervención de los cascos azules, con el disfraz de ayuda y apoyo, pero que vendría a ser la parte menos deseada por todos los mexicanos con espíritu nacionalista y patriótico. El control de daños ahora ya es alto. Las manifestaciones están tomando un curso diferente al que inexorablemente conduce el dolor humano y los deseos por detener de tajo, el daño que se está haciendo a las familias mexicanas que sufren y padecen la desaparición de sus miembros.
Escudriñando en este asunto, hay una cuestión que no debe pasar desapercibida y que vendría a ser la parte sustantiva de lo que está ocurriendo con el tejido social, y que sumada a la irresponsabilidad de algunas autoridades, sería el detonante más letal que pueda sufrir cualquier país en el mundo.
Desde hace una generación, las familias han entrado en un creciente deterioro. La disolución familiar es tema recurrente en estos tiempos. El concepto del matrimonio está a punto de desaparecer. El divorcio es la moda de las parejas. El número de madres solteras es cada vez más alto, y la educación de los hijos es delegada a los maestros de las escuelas donde estudian los que estudian. Los valores están técnicamente extraviados. Los hijos crecen con la irresponsabilidad de los padres a cuestas. Y si la política se alimenta de lo social, pues a la vista están las consecuencias.
El derecho de manifestarse por motivos sensibles para la gente es válido y debe ser respetado por las autoridades en general. El problema es que ya existe, por norma, la intromisión, en todo tipo de manifestaciones, intereses externos a través de extremistas que intentan llevar las cosas pisoteando los derechos de terceros (que suman millones). Son precisamente aquéllos que instigan a la toma de carreteras, de casetas de peaje, con el beneficio directo del cobro por extorsión a los automovilistas, y que representan cantidades millonarias que van a los bolsillos de quienes se autoerigen como los ejecutores de la justicia. Por igual, se han visto afectados los aeropuertos con la obligada cancelación de infinidad de vuelos; la banalización de sedes partidistas y de oficinas de congresos, palacios municipales y cualquier otras instituciones que tengan que ver con los poderes.
La solidaridad para con el dolor de las familias de los desaparecidos es incuestionable y está de manifiesto en los ciudadanos. Pero aprovechar las circunstancias para derrumbar un gobierno por vías antidemocráticas, es otra cosa.
La izquierda, campantemente deslindó su responsabilidad del ex gobernador de Guerrero y del ex alcalde de Iguala, ambos perredistas, y le pasó la factura (completita) al gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto.
Los habitantes de las principales ciudades de la república se sienten rehenes de los que, enmascarados, se mueven sin control por doquier, desvirtuando el verdadero espíritu de las expresiones de impotencia por lo ya comentado líneas arriba.
Por eso urgen acuerdos de profundidad entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. Es necesario que las principales autoridades establezcan acuerdos de fondo, trascendentes y convincentes. Aún estamos a tiempo.