“Todo hombre es la semilla del déspota; no bien le cae un átomo de poder, ya que parece que tiene al lado al águila de Júpiter y que es suya la totalidad de las orbes”, José Martí


No sólo fue Veracruz.
El propio gobierno de la república ha sido señalado y condenado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por violentar los derechos éticos y jurídicos en contra de sus connacionales por parte de instituciones que presumen respeto al género y rechazo a la discriminación, como es el caso del Poder Judicial veracruzano.
Veracruz es objeto de censura por abuso sexual y laboral sobre 10 servidoras públicas por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial, por lo que la CIDH determinó la toma de una nota e inmediata reparación por los daños psicológicos y laborales causados.
La cabeza de playa de todo este entramado discriminatorio y de acoso sexual y laboral es la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, titular de la Sala Regional Unitaria Zona Centro-Xalapa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien el 31 de julio de 2010, luego de una negociación política del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán con Guillermo Herrera, ex esposo de Gladys, fue nombrada por el Congreso del estado para dicha magistratura.
Lo que seguiría sería el terror contra empleados de experiencia –sobre todo mujeres– de parte de tan distinguida dama ostentosa de su piel blanca y finos rasgos, según denuncias ministeriales y periodísticas.
Acoso y terrorismo laboral, además de magistrados psicópatas, son algunas de las situaciones que han tenido que soportar los trabajadores del Poder Judicial del estado para poder mantener a sus familias.
Ya de tiempo atrás a los empleados de base se les había arrinconado en un esquema laboral por contrato que cada tres meses tienen que renovar, con lo cual no sólo los aterrorizan, sino que los mantienen en frágil situación laboral.
El chofer de la magistrada Gladys confesó que lo han tenido horas en la lluvia y en el sol, sin poder moverse o ir al baño hasta que no se lo ordenaran.
Otro caso de terrorismo laboral de Gladys fue el despido, porque se le dio la gana, de una abogada con una vida de carrera judicial, no sin antes sobajarla, insultarla y ser objeto de burlas, lo cual constituyó para la CIDH una violación a sus más elementales derechos humanos.
Y es que de acuerdo con la trabajadora Griselda Herrera López, abogada con más de 18 años de carrera judicial en el Tribunal Superior de Justicia, su despido se produce en medio de la violencia, el acoso, la discriminación y las amenazas por parte de la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, al igual que el secretario de acuerdos y otra proyectista.
Relata Griselda que su función era la de secretaria de estudio y cuenta elaborando proyectos de sentencia para dicha magistrada, comisionada de la Sala Superior para apoyarla en el trabajo; sin embargo, es una persona que “brilla” por su prepotencia y destaca por sus nulos conocimientos del área del derecho administrativo y fiscal.
Griselda sostuvo que por ser madre soltera tuvo que aguantar una serie de insultos y de vejaciones que jamás había recibido a lo largo de su carrera judicial, pues la magistrada le repetía constantemente frases como: "eres un fracaso como mujer", "la Lic. Alhelí y tú son mi vergüenza", "no quiero llevar en mi conciencia el que te quedes sin trabajo porque sé que tus hijas comen de esto", "el abogado (x) es mejor que tú, tal vez porque sea hombre".
Griselda acudió a todas las instancias jurídicas de Veracruz, pero parecía que había complicidad ya que nunca prosperaba su demanda. Ello incluso la llevó a migrar a España, en donde en diversos foros expuso los escenarios de violencia de Gladys, quien cada día le repetía: “Tú no eres de mi gente", “eres una morena indígena", “me habían dicho que eras brillante, pero veo que es mentira", "no soy yo quien quiere tu plaza".
Relató también que fue vulgarmente acosada igual que lo fueron antes el secretario de acuerdos Alfredo Ortega Zárate, con 16 años de servicio, y Alhelí Antonio Feria, con 12 años de servicio judicial.
Detalló que el 13 de enero de 2011 le entregaron un oficio que dejaba sin efecto su nombramiento, por lo que acudió con la magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Irma Dinorah Guevara Trujillo, quien también la discriminó y dio la espalda.
“Me dijo: sé que no hay nada en contra tuya, sólo que eres gente de la magistrada Emma Rodríguez Cañada, leo tus proyectos de sentencia y sé que son los mejores porque analizas a fondo del asunto, pero la magistrada (Gladys) está empeñada en despedirte...".
Por ello le pidió que mandara personal para que se resguardara la información de las sentencias que proyectó, pero el secretario de acuerdos Pablo Pardo Castañeda, al darse cuenta del contenido del oficio que le habían dado, lo quiso romper y empezó a amenazarla con que voluntariamente presentara su renuncia, ya que se estaba enfrentando a gente muy poderosa.
“Como me negué a firmar se fue a ver a la magistrada, quien no desaprovechó la ocasión para humillarme una vez más diciéndome: ‘¿que no entiende lo que estoy ordenando?, que se vaya y que entregue los expedientes’, ‘¿cómo que se niega a firmar el acta de entrega?’, ‘¡firme, hágalo!’".
Añadió que el mismo secretario la urgió porque ya se tenía que ir a comer y le insistió en que dejara los borradores de las sentencias de los expedientes que se iban a ir al "sexto, sí, al sexto pero de la basura, jajaja".
Por toda esta situación la abogada promovió un amparo que sigue en revisión, hasta que se encontró a un joven doctor en derecho internacional, un tierrablanquense de nombre Ricardo Morales Carrasco, quien le propone llevar el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sorpresivamente hace unos días falló a su favor.
A su querella se sumaron nueve abogadas más que sufrieron además acoso sexual, mismas que fueron relevadas porque de la era Fidel Herrera para acá, se ha impuesto la ilegal premisa de que cada vez que hay rotación en los mandos superiores del Poder Judicial, “éstos llegan con su propia gente” y hay que dejar la base laboral, misma que se puede “negociar si aflojan”.
Así, tras el fallo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las acosadas deberán ser reinstaladas, restituidas en sus salarios y sentar jurisprudencia para que en lo sucesivo el Poder Judicial considere la experiencia de sus trabajadores y sus hojas de servicio antes de imponer recomendados.
“Fin a las imposiciones laborales”, dijo a este reportero el doctor en derecho internacional que ganó el caso, Ricardo Morales Carrasco.
“A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le queda clara la denuncia que Griselda Herrera López expuso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cómo fue agredida por la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y el silencio y complicidad del magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Veracruz, Gilberto Ignacio Bello Nájera”.
La CIDH sentenció inadmisible que se insulte a la base trabajadora, se le acose laboral, psicológica o sexualmente y se rechacen verdades absolutas como la de la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, de que “sólo tienen cabida mujeres sin compromiso para el mejor desempeño de su trabajo”.
Veracruz pues, desde el Poder Judicial estatal, tendrá que dejar –en medio de la condena internacional– el medievo y aceptar que hace mucho dejó de existir el derecho de pernada, la compra de esclavos y la gente recomendada como tantos que llegaron ese infausto 2004 con el sueño de un Fidelato en busca de un relevo generacional que sólo trajo una profunda división y desgracia entre la familia veracruzana.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo

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Gladys de Lourdes Pérez Maldonado
Bella, pero ignorante…