Apenas en la segunda comparecencia de los funcionarios públicos estatales obligados a rendir cuentas ante los representantes populares, éstos ya muestran hastío de un esquema que se convierte en un laberinto que no lleva a ningún lado en materia de transparencia de la administración pública.
Los titulares de Finanzas y Planeación y, de Salud fueron los primeros en cumplir con sentarse en la silla de los acusados del Congreso Local, donde los diputados que deben favores los agradecen públicamente y los que no han sido atendidos atacan, pero más allá del show ese esquema es obsoleto e incumple con el objetivo de rendición de cuentas y transparencia que en el papel se busca de acuerdo a la ley.
Antonio Gómez Pelegrín aprovechó para acuñar la frase, “Veracruz es una cobija con la que se tapa una cosa y se destapa otra” en respuesta a los cuestionamientos de los legisladores que no han recibido de sus favores en los últimos meses. El show es siempre el mismo y de nada sirve acorralar a un secretario si todo queda ahí, no hay consecuencias legales que justifiquen la utilidad de las comparecencias en la llamada Glosa del Informe que la ley obliga al Poder Ejecutivo.
Ayer, el titular de la Secretaría de Salud, Fernando Benítez Obeso salió por piernas del Congreso, cuando el doctor Francisco Javier Méndez increpó el secretario por la destitución que le realizó del cargo que ostentaba como director del Hospital General de Huatusco sin justificación alguna.
Aunque el formato no contempla ni siquiera entablar conversación entre el compareciente y los diputados, es común que los secretarios lleven sus porras pagadas para apabullar cualquier intento de exhibición de parte de los legisladores, pero en el caso del titular de la Salud fue distinto porque quien lo exhibió fue el médico Méndez quien además evidenció que es Luisa Ángela Soto Maldonado quien decide muchas de las políticas laborales de la dependencia.
Aún faltan 13 funcionarios de acudir a la silla de las acusados, el siguiente es Arturo Bermúdez Zurita el próximo viernes y se espera que el recinto legislativo sea tomado por la Fuerza Civil desde temprana hora para controlar el acceso y poner fuera de cualquier tipo de riesgo a la figura del secretario mientras expone los logros de la dependencia, aunque éstos se encuentren alejados de la realidad que vive la mayoría de los veracruzanos al grado casi, de perder la capacidad de asombro por la manifestación de la delincuencia.
Así, desfilaran todos los titulares de las dependencias que manejan los recursos de los veracruzanos hasta terminar con el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado el viernes 4 de diciembre. Gasto de tiempo y dinero para un show a puerta cerrada que en nada beneficia a los veracruzanos.
Hasta ahora los integrantes de la LXIII Legislatura deberán conformarse con sacar de sus casillas a los funcionarios públicos en el mejor de los casos, mientras no propongan la modernización de las comparecencias, puesto que está en sus manos.
LOS ASESORES
Los reveses que recibe el Ejecutivo tienen que ver con los malos asesores y funcionarios que cobija en su administración, por ejemplo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que invalida 39 artículos del Código Electoral tiene que ver con los cerebros que diseñaron y propusieron esa legislación y que nadie los mencionan, los golpes los apechuga el gobernador.
Lo mismo sucede con el amparo al desafuero del ex alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, quien incluso podría regresar a la alcaldía y exhibir la falta de profesionalismo y ética de los servidores públicos que lo acusaron de asesino intelectual, no significa que sea inocente, el amparo significa que no se hicieron bien las cosas desde la procuración de la justicia en Veracruz.
Un caso que por ahora sí parece de éxito, es la noticia de que el Juzgado Primero de Primera Instancia giró orden de aprehensión contra el exdiputado local –desaforado por la actual legislatura-, Renato Tronco Gómez, por el homicidio del regidor del ayuntamiento de Las Choapas, Alfredo Juárez Pérez en el 2006, cuando Tronco era alcalde.
En este caso ya había avances, y de hecho sólo se revivió la causa penal 264/2006 por el delito de homicidio calificado, por lo que el riesgo de que lo echen abajo es menor a los casos que el actual Fiscal ha iniciado, por lo pronto, el aspirante a la candidatura independiente para el gobierno de dos años anda a salta de mata.