Larga fue la lista de oradores de la Alianza PRI-AVE-PVEM-PANAL que subieron a tribuna en el Congreso Local de Veracruz para defender la propuesta reestructuración de la deuda de Veracruz, que al final se aprobó con 35 votos a favor, nueve en contra y una abstención, la oposición prácticamente fue avasallada con la aplanadora tricolor que una vez más, sacó adelante el proyecto del Ejecutivo.

El show de peroratas y protagonismos incluyó un ábaco que llevó el diputado José Ramón Gutiérrez de Velasco que también le sirvió al diputado Julen Rementería para exponer sus razones en contra del decreto por considerar que el documento aprobado no es transparente ni garantiza la aplicación de los recursos para los fines que, en términos generales establece el decreto y el pago del 90 por ciento de la deuda pública actual.

Desde la silla más alta, la presidenta del Poder Legislativo, Octavia Ortega Arteaga, se limitó a la aplicación del reglamento legislativo para batear al hilo a todos los panistas con una simple pregunta económica al pleno para rechazar las propuestas de discusión o regresar a comisiones algunos artículos del mencionado decreto.

Pero del desfile de oradores de todos los partidos a favor y en pro de la propuesta, se redujo a la votación en la que la aplanadora hizo lo suyo para dar paso a lo que la diputada Mónica Robles del Partido Verde explicó de un manera clara, sin protagonismos y con la responsabilidad que incluyó la incómoda propuesta de crear una comisión especial legislativa de seguimiento al decreto aprobado para buscar la transparencia y rendición de cuantas, pero además, la exigencia al Ejecutivo para que se castigue a quienes han hecho mal uso de los recursos públicos.

Coherente, Robles Barajas, asumió la compleja decisión al avalar la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, llevar a cabo la reestructuración de la deuda pública para amainar la crisis actual de liquidez que vive Veracruz y sus dolorosas consecuencias.

En tribuna la diputada por Coatzacoalcos, enlistó lo que todos saben sobre la situación financiera de Veracruz; deudas con los empresarios, ayuntamientos, pensionados, la gente campo, estudiantes becarios, la madre que no recibe el medicamento que sanará a su hijo, la máxima casa de estudios y hasta los músicos que amenizan las fiestas patronales de todo Veracruz.

Hoy en día, casi el 80 por ciento de las participaciones federales, están comprometidas para el pago y servicio de la deuda pública, lo que hace imperativo tomar decisiones para no continuar postergando soluciones que atiendan tan grave problemática.

“Mi respaldo a esta iniciativa responde a que tengo claro que no seré yo, quien obstaculice los anhelos legítimos de las y los veracruzanos de vivir en un estado mejor, con menos desigualdades, más oportunidades de bienestar y de calidad de vida.
Sin que esto signifique en ningún momento, la abdicación a mi derecho para exigir que se sancione a los funcionarios responsables del manejo discrecional, sin transparencia y poco efectivo de la hacienda pública que ha sido denunciado por las instancias correspondientes”, expuso la legisladora.

La presente iniciativa contempla la reestructuración de 20 mil millones de deuda pública bancaria cuyo pago y servicio están actualmente garantizados por el 51.5 por ciento de las participaciones federales, con la sustitución de estos créditos por otros con mejores condiciones de mercado en tasas y plazos, y cuyas fuentes de ingreso para su pago serán el FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas) hasta por cinco mil millones de pesos, y el Impuesto Sobre Nómina (ISERTP Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal) hasta por 15 mil millones, se libera el 40 por ciento de las participaciones federales hoy comprometidas.

Es decir, con esta medida se liberará un flujo de seis mil 122 millones anuales para ser ejercido por esta y las futuras administraciones, lo que sin duda, permitirá al Estado realizar inversión en infraestructura, pagar obligaciones contratadas con acreedores, proveedores y contratistas, así como atender los subsidios tanto al IPE como a la Universidad Veracruzana.

Mónica Robles puso en su lugar a quienes interpretaron de manera partidista la propuesta de decreto para resolver la situación financiera de Veracruz.

Se contempla la contratación de un financiamiento por hasta mil 700 millones de pesos cuya fuente de pago será el FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) y cuyo destino será la realización de obra social como electrificación, drenaje, agua potable, vivienda y caminos, en los 203 municipios con Zonas de Atención Prioritaria.
Abriendo así la posibilidad de atender los rezagos estructurales de estas localidades, que nos lastiman a todos.

Es importante señalar que con la implementación de esta reestructuración, el Estado sigue en cumplimiento de las razones financieras contratadas con sus actuales acreedores que imponen un techo máximo de endeudamiento para el mismo.
Por lo tanto, si bien la deuda bancaria del estado no se elimina, tampoco es cierto que se incremente a las cifras extraordinarias que se han manejado mediáticamente, en una actitud por demás irresponsable.

En cuanto a los plazos de endeudamiento es importante señalar que el plazo promedio de vencimiento actual ponderado por el monto de las obligaciones del Estado es de 17 años, y que si se contratan los créditos a los límites establecidos en el presente decreto este promedio de vencimiento se incrementaría a un máximo de 20 años, que si bien significa una extensión en el tiempo de endeudamiento, este no es significativo al contrastarlo con el margen de maniobra financiera que se adquiere al hacerlo.

La cuarta operación establecida en el presente decreto permite al estado contratar un monto de financiamiento equivalente a las amortizaciones que se realicen a la deuda pública actual utilizando los fondos del FAFEF, hasta por los mismos cinco mil millones de pesos a un plazo máximo de 25 años a ser destinado a inversión pública productiva y cuya fuente de pago serán ingresos del Fondo General de Participaciones.
Es de puntualizarse, que como resultado de esta operación, tampoco se genera endeudamiento neto adicional para el Estado ya que el financiamiento adicional no podrá ser mayor que las amortizaciones realizadas.

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