Cuando el 15 de diciembre de 2009, Juan Manuel Portal Martínez tomará protesta en el pleno de la Cámara de Diputados en sustitución de Arturo González de Aragón, para sustituirle a partir del primer minuto del 1 de enero de 2010 al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), jamás se imaginó a lo que se iba a enfrentar respecto a la evolución de la corrupción en las entidades federativas, mucho menos sospecho que su desempeño sería la primera causa de una larga lista de observaciones en contra de la administración estatal que hoy encabeza Javier Duarte.
La calidad profesional de Portal Martínez, no está en duda, -a pesar de que en Veracruz, los integrantes de la camarilla de Alí-Babá lo quisieron desacreditar-.
Por ello, cuando en el pasado 19 de febrero del presente año cuestionado por el periodista Carlos Loret de Mola cual sería el destino del titular del Ejecutivo Estatal, el auditor General no dudo en señalar que posiblemente “pague con cárcel las denuncias penales que existen debido al desvío de recursos públicos generados durante varios años de su administración.”
Y es que los informes que contiene la Cuenta Pública 2015 respecto al manejo del Gasto Federalizado hacen suponer que ¡Portal se quedó corto!
Pero permítame ponerle en contexto para entonces estar en condición de explicarle porque, el Gasto Federalizado se integra por dos componentes: Las participaciones federales o Gasto Federalizado no Programable, conocido como Ramo 28, cuya aplicación no está condicionada, por lo que es de libre administración hacendaria.
Y las transferencias condicionadas o Gasto Federalizado Programable, que conocemos como aportaciones federales o Ramo 33, y a través de Fondos o Programas están destinadas a gastos específicos, señalados en la Ley de Coordinación Fiscal y otras disposiciones como reglas de operación o lineamientos particulares.
Estos recursos que el Gobierno Federal transfiere a las Entidades Federativas, y por su conducto a los Municipios o Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, tienen como propósito abatir la pobreza, impulsar el desarrollo regional, atender necesidades en materia de educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, y en general a brindar servicios o ejecutar obras públicas de beneficio colectivo.
Al significar éstos la principal fuente de ingresos de los Gobiernos Estatales y Municipales, su revisión es de la mayor importancia, por ello, los recursos transferidos son revisados de forma directa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y por ésta de manera coordinada con las Entidades de Fiscalización Superior Locales, en el caso de Veracruz por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), todo con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior de los Recursos Federales transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y en general a cualquier Entidad, persona física o moral, pública o privada, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).
Para ello, se fiscaliza con la realización de auditorías directas, que son aquellas que efectúa con personal propio la ASF, a los recursos federales ejercidos por los Entes Fiscalizables del Estado y las Auditorías Coordinadas están contenidas en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la ASF, y se realizan de manera conjunta con las Entidades de Fiscalización Superior Locales.
Ahora bien, pero ¿Por qué se quedó corto Portal?
Resulta que de acuerdo a lo señalado por la ASF en la tabla 7 del Informe General de la Cuenta Pública 2014, las principales observaciones determinadas en las auditorías al Gasto Federalizado son las siguientes: Recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); Falta de documentación comprobatoria del gasto; Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada; Fondo o Programa; Retenciones no enteradas a terceros institucionales; Recursos no entregados, e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores; Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; Pagos improcedentes o en exceso.
Según información contenida en la Cuenta Pública 2015 realizada por el ORFIS es importante señalar que en el año 2014, cerca del 90% de los ingresos de que dispuso el Estado de Veracruz le fueron transferidos por la Federación, y el 57% estaban etiquetados para un fin específico, sin embargo ante las presiones financieras y la escasa capacidad recaudatoria, la Secretaría de Finanzas y Planeación aplicó parte de estos recursos federales al pago de sueldos, prestaciones de seguridad social y pensiones, que debieron ser cubiertos con recursos propios o de libre administración.
El desvío de fondos federales del fin al que estaban destinados, ha originado un impacto severo en las condiciones de vida de los veracruzanos, pues no se han alcanzado los niveles de bienestar en materia de salud, educación, desarrollo social, seguridad e infraestructura, entre otras necesidades ciudadanas, y en consecuencia ha generado observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Este tema fue abordado por la ASF de manera completa y detallada en el Informe General de la Cuenta Pública 2014, situación que se puede suponer se presentará nuevamente en la revisión de la Cuenta Pública 2015 del Gobierno del Estado, ya que de acuerdo a declaraciones del Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el ejercicio 2016 persiste la utilización de los recursos federales para cubrir gasto corriente.
El propio reporte del ORFIS señala que el desvío de recursos y la consecuente falta de radicación a los Organismos, Dependencias y Entidades ejecutoras, así como su aplicación a fines y objetivos distintos a los que están destinados, tendrá un efecto negativo, pues de acuerdo al Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado (IDGGF) por entidad federativa de la Cuenta Pública 2014, formulado por la ASF, el Estado de Veracruz se ubica en el último lugar.
De acuerdo a lo señalado por la ASF al Informe General de la Cuenta Pública 2014, Veracruz presenta Observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011-2013, monto observado 2014, importe de procedimientos resarcitorios y monto de denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros por $35 mil 421.7 millones de pesos.
Con base en esto, y de acuerdo a los Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, además de lo indicado por la ASF en los Oficios No. DGIS/1394/2016 al DGIS/1424/2016 de fecha 11 de julio de 2016, emitidos por el Director General de Informes y Seguimiento, en los cuales se informa el estado de trámite de las acciones emitidas por la ASF, con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, con cifras de corte al 30 de junio de 2016, y en las denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros, el monto total observado asciende a 38 mil 605.75 mil millones de pesos (mdp).
De acuerdo a los reportes emitidos por la ASF, para solventar tal cantidad de recursos se debe entregar documentación comprobatoria, justificaciones, aclaraciones, o reintegrar a la cuenta del Fondo y a la TESOFE, de la siguiente manera: $17,086.43 mdp presentando documentación comprobatoria, justificaciones y aclaraciones a la ASF para solventar las inconsistencias determinadas; $8,583.25 mdp., reintegrando a las cuentas de los Fondos, y una vez reintegrados, deben ser comprometidos y ejercidos en los objetivos de los mismos; $8,165.86 mdp deben ser reintegrados a la TESOFE para su solventación correspondiente; y por otra parte, $4,770.21 mdp corresponden a las denuncias penales.
De esta manera concluimos que en la estimación del posible quebranto al gasto federalizado del gobierno estatal en 2015, ¡Juan Manuel Portal, se quedó corto!

Al tiempo.

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