Veracruz está infestado de escándalos, la suciedad, la inmundicia brotan por todos lados, en el final de la considerada peor administración de la historia del estado, señalamientos de enriquecimiento inexplicable aparecen con tan solo al cuestionar a los empleados estatales en donde la estela del hedor producto de la mierda que dejaron los malos funcionarios comienza a regurgitar de las cloacas del mismo poder.
El más reciente escándalo lo vuelve a descubrir el portal electrónico Animal Político, gracias a una investigación del reportero Arturo Ángel, quien con solo pronunciarlo les quita el sueño a los integrantes del fracasado duartismo.
Y es que según la investigación periodística el ORFIS habría detectado –que casualidad- después de la primera investigación del portal electrónico que el Órgano Fiscalizador Superior (ORFIS) del Estado de Veracruz identificó 55 nuevo contratos que el gobierno de Javier Duarte concedió a una red de empresas fantasma, y que se suman a los 73 que reveló una investigación publicada en mayo pasado.
La investigación periodística detalla que al menos son 131 los contratos en los que tres dependencias y al menos una entidad del gobierno estatal otorgaron a este grupo de compañías que no existen y de las cuales el propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) habría identificado y suspendido por no la inexistencia en domicilio fiscal, así como por la comprobación que los supuestos accionistas no son considerados como empresarios.
Según dichos contratos el fraude a las arcas veracruzanas ascendería a los casi 950 millones de pesos los cuales habrían sido tomados de al menos las secretarías de Protección Civil, Desarrollo Social, Educación y del Sistema de Desarrollo infantil (DIF), entre los años 2012 y 2014.
Al menos el mismo SAT ha mencionado que esto formará parte de una segunda fase, tras detectar un mayor número de empresas involucradas, confirmando su inexistencia y con ello, la muestra de que en Veracruz el gobierno que fenece ejecutó un plan preconcebido para violentar toda norma, reglamento y ley en su afán de saquear el recurso de los veracruzanos.
Es así como de las cloacas repletas de estiércol, brota el olor fétido.
Para no ir más lejos, surge otro escándalo, uno que involucra directamente a la que quizá sea considerada como la principal represora, censuradora, y quizá responsable directa del descredito institucional que acumuló la presente administración, dejando literalmente en ruinas, con la ayuda de quien le sucedió, el olvidado “totol sin plumas” quienes se encargaron de destruir la comunicación institucional de Veracruz para convertirse en los Aleksándrov de Stalin, o en Joseph Goebbels de Hitler provocando la destrucción de la imagen institucional del Gobierno Estatal.
Cegada por la ambición, por cobrar venganza de quienes en otro momento le mandaron, por ser sus jefes, provocó que María Georgina Domínguez Colío o María Gina Domínguez Colío, pasara de ser la compañera reportera, a la vice gobernadora de Veracruz, so pena de no someterse a sus designios, pues de no hacerlo, con la mano en la cintura, destruía empresas periodísticas, en su afán psicopático por vengarse de aquellos que osaran contradecirla.
La vida de Domínguez Colío dio un salto cuántico, un cambio que fue imposible ocultar, escándalos por robos en su casa –de donde se acusa le habrían sustraído 50 millones de pesos en efectivo-, la cual, nadie se explica cómo obtuvo allá por el rumbo de Briones, esa zona en donde viven los verdaderamente potentados de los que se quiso vengar a como diera lugar.
Quizá cuando se sentía ya segura de disfrutar de las mieles de sus acciones, alguien quien lleva muchos más años en el ejercicio periodístico dijo, ¿a dónde vas?, y no como venganza personal, sino como un reclamo de justicia ante la infinidad de tropelías, humillaciones, vejaciones, y demás acciones que las mieles del efímero poder acumulado le hicieron disfrutar.
Así Virginia Durán Campollo, se atrevió hacerlo, valiente como es, la dama, buscó junto a su abogado Tomás Mundo Arriasa la forma y la manera de demostrar, que detrás del oropel, simplemente se escondió una presunta y vulgar delincuente.
Y porque le comento esto, porque simplemente, el penalista afirma que tras estudiar la teoría del caso, los elementos de probable responsabilidad acumularían los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada al operar con recursos de procedencia ilícita, usurpación de funciones, fraude y abuso de confianza mismos que serán presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el próximo miércoles.
El abogado explicó que solicitará a la Contraloría del Estado que le informe el estado patrimonial de María Georgina al momento de ser designada funcionaria, al mismo tiempo que pedirá a la Fiscalía que investigue con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sus cuentas bancarias, a la Dirección General de Catastro, los bienes inmuebles, a la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo de Notarías, para que informe los bienes inmuebles que están a nombre de la imputada, etcétera.
Explicó que en caso de que su patrimonio inicial no sea consistente con el actual, que aparentemente incluye negocios, radiodifusoras y edificios, se estaría ante un caso de enriquecimiento ilícito, operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Entrevistado por este reportero, el propio ex director de Tránsito afirmó que “son los bienes muebles e inmuebles con que ella es propietaria legal y/o con los que ella se conduce como propietaria, entonces tenemos conocimiento que hay algunas radiodifusoras que no son de ella, aparecen otras personas; se van a girar los oficios, se harán las compulsas en el Registro Público de la Propiedad, veremos cuándo se compraron, cómo se adquirieron, quién es el dueño y seguramente aparecerán prestanombres y ahí aparecerán las operaciones con recursos de procedencia ilícita”, destacó.
Si esto es así, se estará en el supuesto de la comisión de delitos cometidos con base en el artículo 2, 2 Bis, segundo y tercer párrafos, que dicta que la penalidad va de 20 a 40 años, por lo que no alcanza el beneficio de la fianza. “Si todo esto resulta así, es parte de la investigación, estaremos en presencia de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Refirió que se trata de una averiguación completa, por lo que cree que la Fiscalía debe, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, recibir la denuncia e integrarla y declinar su competencia en favor de la PGR.
Esperemos que así como la periodista Virginia Durán tuvo el valor de exigir justicia, otros comunicadores, empresarios del ramo que fueron rehenes o presas de esta mala funcionaria denuncien y actúen, pues nunca más en Veracruz se deberá apagar la voz por asumirse en la “Madame censuradora” del malogrado duartismo.

Al tiempo.

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