Dentro de las exigencias ciudadanas, la más sentida es el combate a la corrupción. Los mexicanos se saben (nos sabemos) gobernados por corruptos, pero también nos sabemos corruptos y corruptores. Para que México avance se debe atacar frontalmente la corrupción y la impunidad que tanto la estimula. Para ello surgió entre otras propuestas, la iniciativa 3 de 3, que implicaría que los funcionarios informaran mediante tres declaraciones de sus ingresos, su patrimonio y sus relaciones o intereses, con el fin de poder verificar una vez que terminen su función pública, si incrementaron su peculio gracias a su puesto, o si salen tan limpios como entraron.

En principio creo que vale la pena aplaudir la iniciativa, aunque en nuestro país acabará siendo inoperante. El mejor ejemplo lo tuvimos después de la guerra cristera, los miembros del clero no podían poseer bienes, sin embargo fueron heredados y poseían bienes inmuebles, muebles y dinero y joyas, a pesar de la prohibición de la ley, todo ello gracias a los benditos prestanombres, y a la vista gorda de las autoridades.

Partiendo de la conseja popular que cada vez que se le exigen pruebas de la corrupción y enriquecimiento de sus gobernantes, exige la siguiente contestación: ¨Son ladrones, no son tontos¨. Debemos entender que esas mismas prácticas de simulación utilizadas con posterioridad a la guerra cristera, serán las mismas que de hoy en adelante aplicará la clase política. A pesar de ello se agradece que México comience su lento e inexorable avance del combate a la corrupción, combate cuyo triunfo no verá ningún mexicano vivo hoy, pero que esperamos que en unas diez generaciones comience a dar frutos. (Escrito con sarcasmo para que no lapiden al humilde escribidor).

Como todo en México, los partidos políticos están jugando sus cartas, diciendo verdades a medias y mentiras completas, con el fin de atraer al electorado con miras al 2018. De entrada se señala que el PRI no permitió que la ley pasara con la obligatoriedad de publicitar los bienes de los funcionarios públicos, y con ello se pretende señalar que favorecen la corrupción (algo de lo que nadie duda, pero no por la modificación a la ley). En lo personal esta modificación la considero correcta, ya que en un país tan peligroso, dominado por cárteles criminales, anunciar urbi et orbi el patrimonio de los funcionarios públicos, los pondría en la mira de esos grupos criminales. Obligando a mentir para proteger a las familias, y con ello cometer un delito a quien aspire a ocupar un cargo público.

Me llamó mucho la atención el hecho de que al inicio de la sesión en el senado, estaban presentes 61 senadores de los grupos de oposición y sólo 59 del PRI y sus partidos satélites, es decir, la propuesta pudo salir tal como venía originalmente. Sin embargo, cuatro senadores del PAN: Adriana Dávila Fernández, José María Martínez Martínez, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Héctor Larios Córdoba se salieron del pleno para no asistir a la votación. Lo mismo hicieron cuatro senadores del PRD: Luz María Beristaín Navarrete, Fidel Demedecis, Benjamín Robles Montoya y Alejandra Roldán Benítez. Mientras que seis senadores del PT, que hoy actúan bajo la tutela de Morena aunque siguen con las siglas del PT decidieron abstenerse: Manuel Bartlett Díaz (el de la caída del sistema cuando Cuauhtémoc vs Salinas en el 88), Marco A Blásquez Salinas, Héctor Adrián Menchaca Medrano, Carlos Manuel Merino Campos, Martha Palafox Gutiérrez y Layda Sansores San Román.

Gracias a su ausencia no pasó completa la ¨enchilada¨ de la ley 3 de 3. Sin embargo los primeros en vociferar fueron ellos mismos porque no fue aprobada como venía. Simple juego político para engañar al elector. Parece que en realidad ningún partido quería públicas las declaraciones de los funcionarios, así que optaron por acordar que el PRI sería el que cargaría con el costo político, y ellos simplemente evitarían tener la mayoría suficiente para derrotar al propio PRI.

Ante el acoso de organismos empresariales ligados a la derecha, se propuso (con lo cual creo todos estaremos de acuerdo), que quienes realicen operaciones con la federación, estados y municipios, deberán publicar también sus tres declaraciones, ya sean personas físicas o empresas. Aquí habrá otro juego interesante, pues muchas personas se escudarán en las figuras de las sociedades anónimas, y con ello, sólo se sabrán los datos de la sociedad prestadora de servicios o vendedora de bienes, pero no se sabrá nada de los propietarios y administradores, que son quienes en realidad harán los negocios lícitos y también los ilícitos.

Un grupo de amigos quería manifestarse enérgicamente para exigir más uñas y dientes a las leyes anticorrupción. La sugerencia fue que se tomaran las cosas con calma, que analicen el paquete completo y luego decidan lo que hay que corregir, exigir, o modificar, evitando en todo momento convertirse en tontos útiles a algunos intereses ajenos a los de México.

La propuesta 3 de 3 como hemos visto es buena pero se le puede dar la vuelta. Lo que sería de mucha mayor utilidad en el combate a la corrupción es la exigencia de una transparencia real en todos los actos financieros en los que intervenga un ente público o dinero público. En tiempos del internet, sería tan fácil tener la contabilidad al día y a ojos de sus verdaderos dueños que son los ciudadanos. Así cualquiera sabría que contratos ha celebrado su ayuntamiento, estado o federación, paraestatal, etc., que beneficios obtendrán y a que costos. El día de hoy, el gran negocio sigue siendo la obra pública, pues se realiza con calidades inferiores a las establecidas en los contratos, a sabiendas que la calidad de la obra es más difícil de determinar, y a precios superiores a los de mercado, que son los que aprueban los distintos congresos, y a los que se apegan todas las constructoras.

Si una vez terminado el paquete anticorrupción vemos que no hay transparencia en la vida práctica, sabremos también que una vez más, la clase política hizo que todo cambiara para que todo siga igual. Y que también una vez más, nos dieron atole con el dedo. Gato por liebre y lo que usted guste.

A nadie debe de extrañar el rechazo a esta iniciativa por parte de AMLO, pues su bandera es la lucha contra la corrupción, a pesar de que cuando gobernó la ciudad de México hubo actos documentados y filmados de corrupción por parte de sus colaboradores. Siendo ésta su bandera, cualquier avance en materia de corrupción lo afecta en su campaña presidencial, y recordemos que como buen político, antepone sus propios intereses a los intereses de la nación.

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