El próximo 7 de junio del año venidero, nuestro país volverá a vivir un proceso electoral que sin duda alguna marcará el destino político y social en el que nos encontramos.
Después de la puesta en marcha de las reformas estructurales por parte del jefe del Ejecutivo federal ante el Poder Legislativo, nos encontramos con un proceso que se avecina y que será determinante para el presidente Enrique Peña Nieto.
Podemos decir que las elecciones a diputados federales que se aproximan serán determinantes para la gobernabilidad y entendimiento de nuestro país, esto es, porque al mandatario en turno le corresponderá cerrar la segunda parte de su administración con una nueva Cámara baja, un Poder Legislativo que si se logra conformar por diputados afines al presidente priista, verá cómo todas sus propuestas avanzarán de manera rápida y sin mayores contratiempos, de lo contrario, en la Cámara baja, el titular de la máxima magistratura de la nación, se encontrará con un importante freno que seguramente no lo dejará caminar al ritmo que su agenda tenga planeado.
Junto con la renovación de 500 diputados federales, 300 electos por el voto directo y 200 por la vía de la representación proporcional –a menos que se elimine a los 100 plurinominales que propone el PRI–, también están en juego 17 congresos locales que significan la estabilidad política de los mandatarios estatales y nueve importantes gubernaturas en las entidades federativas.
De todos estos procesos electorales, el árbitro por primera vez será el Instituto Nacional Electoral (INE, por sus siglas), el cual tendrá injerencia directa en los procesos estatales como resultado de la nueva ley electoral.
Sin lugar a dudas los comicios de 2015 son sumamente importantes, ya no digamos por el Congreso federal renovado en la Cámara baja y que representa el control político del presidente emanado del tricolor; aunque esto es importante, lo realmente valioso será la construcción de acuerdos que se respeten por parte de todas y cada una de las fuerzas políticas que juegan a la democracia, estos institutos políticos mejor conocidos como partidos, que deberán postular a hombres y mujeres de probada capacidad intelectual, solvencia moral y liderazgo político dentro de la sociedad a la que buscan representar. PRI, PAN y PRD, pero también los partidos medianos y los de reciente registro ante el INE, deberán blindar sus métodos de selección de candidatos con la finalidad de que éstos no incurran en tropelías que lastimen más a la sociedad.
Todos los partidos deberán vigilar la trayectoria de sus abanderados; a quienes hayan ostentado cargos públicos dentro del gobierno o de alguna instancia de poder y recursos públicos, comprobar que no hayan caído en enriquecimiento ilícito ni en tráfico de influencias; a quienes por primera vez se postulan, que tengan la capacidad para dar resultados al frente del cargo que buscan obtener y, sobre todo, luchar porque el dinero del narcotráfico y del crimen organizado no se infiltre dentro de los partidos en las personas que buscan ostentar un cargo de representación popular.
La conciencia ciudadana deberá agudizar sus sentidos buscando las mejores plataformas políticas, las más acertadas propuestas y sobre todo a los más capaces representantes. Esta elección indudablemente también es responsabilidad de los ciudadanos que elegirán con su voto a sus representantes. Lamentablemente no todos son bien intencionados, para prueba políticos como René Bejarano, alias “El señor de las ligas”; Ángel Aguirre, gobernador con licencia del estado más incendiado como lo es Guerrero; Leonel Godoy, quien tomó protesta como diputado federal llegando al recinto en la cajuela de un vehículo con ayuda de Alejandro Encinas, o el más sonado José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, presuntos responsables de la desaparición y asesinato de 43 normalistas en Ayotzinapa.
Por cierto, todos ellos de extracción perredista y coludidos ampliamente con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

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