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Marijose Gamboa y la justicia
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2014-07-15 - 01:28
* Ofrece Yunes 500 mp por una vida
* El exquisito y atento Téllez Marié

Más que una tragedia que enluta un hogar, la muerte por atropellamiento del tatuador José Luis Burela, que debe encontrar la aplicación justa de la ley, ha puesto en evidencia la lucha de poderes y la politización de un asunto jurídico que jamás debe inclinarse hacia otro lado.
De nueva cuenta la Procuraduría de Justicia de Veracruz tiene en sus manos una de esas tantas pruebas de fuego harto delicadas: demostrar con todas las pruebas fehacientes que éste fue un lamentable accidente, en donde hay una responsable y un fallecido al que se le tiene que hacer justicia.
Así de simple y llano: justicia.
Pero, mire usted, no ha sido así.
Resulta que el pasado sábado, la directora del Instituto de la Mujer y vocera del ayuntamiento de Boca del Río y columnista de Notiver, Marijose Gamboa, atropelló y mató al egresado de la Facultad de Comunicación y reconocido tatuador “Pepe” Burela, en el bulevar Miguel Alemán, casi frente a la unidad habitacional El Morro.
Todo esto ha traído una convulsión de datos, de dimes y diretes, de presiones y alegatos mediáticos, que ponen lamentablemente en primer plano a la victimaria y relegan hasta el último lugar a la víctima.
En efecto, María Josefina Gamboa Torales, una chica de 39 años de edad que juega al juez y parte, por ser funcionaria y columnista al mismo tiempo, es hoy un trompo en la uña del procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras.
Y si usted me apura tantito, también en la uña del dedo de quien fue su pareja sentimental, el subprocurador de Justicia en el puerto de Veracruz, Leopoldo Muñiz Descalzo, o “Polín”, como se le conoce ampliamente.
El problema es que cuando la política interviene en la justicia, ésta se torna en un auténtico talk show, en un vodevil cuyo resultado es más que vergonzoso, infame y grotesco.
Tan es así que ni tardo ni perozoso, Miguel Ángel Yunes Linares, desde Twitter, comenzó a querer desvirtuar el asunto asegurando que era un atentado contra “una periodista crítica”.
Y así soltó todo el veneno que pudo, pero en su soberbia se le olvidó que hay un fallecido y una familia y amigos que están sufriendo por la pérdida de uno de sus seres queridos.
Tampoco se acordó de que por Twitter no se resuelven los asuntos legales.
Y que es también a través de las redes sociales como se supo que supuestamente el propio Miguel Ángel Yunes habría mandado a ofrecer 500 mil pesos a los deudos de “Pepe” Burela para que facilitaran la liberación de su protegida.
Aunque también la polémica se ha centrado en la indagación en el sentido de saber si Marijose conducía o no alcoholizada y a exceso de velocidad.
Ello, porque el agente primero del Ministerio Público Investigador, Eduardo García San Martín, habría asegurado que la columnista y funcionaria a la vez conducía a exceso de velocidad.
Y que, sobre todo, la propia inculpada admitiera que viajaba “como a 70 kilómetros por hora”, cuando la velocidad límite en esa zona es de 50 kilómetros por hora.
En ese sentido, el artículo 147 del Código Penal para el Estado de Veracruz establece que a los conductores de vehículos particulares que, en estado de ebriedad, bajo el influjo de alguna droga o en forma temeraria conduzca un vehículo, se les aplicará la pena prevista para los delitos culposos, aumentada hasta en una mitad.
Aunque, por otro lado está la versión oficial de la Dirección de Tránsito y Vialidad municipal de Boca del Río, cuyo titular es el yunista Jaime Téllez Marié, quien la madrugada del sábado 12 llegó personalmente para apoyar a la directora del Instituto Municipal de la Mujer.
Entonces aquí cabe una pregunta: ¿y por qué en este caso un director de Tránsito es tan exquisito que va personalmente a atender un asunto que debería ser común y corriente, y no lo hace en otros casos similares?
Por ello es que ha despertado sospechas que el examen de alcoholimetría practicado por esa dependencia municipal a Gamboa Torales diera negativo.
El asunto es tan grave y de grandes dimensiones, que lo único que se debe hacer es lo que exigen familiares: justicia, nada más.

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