No es el mismo caso de Michoacán, donde fue designado el ex procurador mexiquense Alfredo Castillo Cervantes como comisionado plenipotenciario del gobierno federal, pero en Tabasco la administración del presidente Enrique Peña Nieto también ha tenido que entrarle al quite porque el régimen del gobernador perredista Arturo Núñez Jiménez quedó rebasado en el combate al secuestro.
La entidad vecina registra un repunte histórico de ese delito que obligó a las autoridades tabasqueñas a ceder el mando a una célula comandada por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) que están bajo el mando de Renato Sales Heredia, coordinador nacional antisecuestros. Se trata de un grupo de entre 6 y 12 elementos que realizan trabajo de gabinete y cuentan con el apoyo de dos compañías del Ejército o la Marina, es decir, hasta 66 elementos para efectuar operaciones de localización, intercepción y captura de bandas de secuestradores.
Las unidades antisecuestro están equipadas con bancos de voz, huellas digitales, manejo de crisis, rastreo celular y otras tecnologías para ubicar a células, a través de comunicaciones.
El gobierno de Tabasco reconoce 36 plagios en lo que va del año, aunque en ellos no se cuenta la llamada “cifra negra” que no es denunciada –como ha sido el caso del rapto de la hermana del ex gobernador Andrés Granier Melo– y que alcanza un 80 por ciento según cifras de organismos no gubernamentales. De acuerdo con sus cálculos, en esa entidad se habrían registrado unos 180 secuestros en lo que va del año.
En el municipio del centro (Villahermosa) es donde más se incrementaron los casos en los últimos 10 días. En esa zona, según la Procuraduría General de Justicia del estado, hasta el pasado martes seguían secuestradas seis personas.
La administración perredista del gobernador Núñez enfrenta la peor crisis de seguridad en medio del paro de labores de policías preventivos que exigen mejoras salariales y la destitución de sus mandos.
En Veracruz, la incidencia de este delito de alto impacto aparentemente ha descendido según las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), aunque la entidad volvió a ser noticia hace un par de semanas por la trágica muerte del portero de la filial Sub-17de los Tiburones Rojos, Alan Quevedo, el cual fue ejecutado junto con su cuñado en Medellín cuando negociaba con los plagiarios la liberación de su hermano Gerson, quien hasta la fecha sigue sin aparecer a pesar de que la familia pagó el rescate.
En Perote se reportó la desaparición de Víctor Hugo Alarcón, de 17 años de edad, quien se presume fue “levantado” por desconocidos el pasado miércoles 19 de este mes. Y en el municipio de Coatzintla, en el norte del estado, se acaba de denunciar el secuestro de Daniel Hernández Cuervo, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Las Huastecas. El universitario, de 20 años de edad, fue plagiado al salir de su domicilio en la colonia Barrio de Xico. Los plagiarios pidieron 2 millones de pesos por su libertad.
En su conferencia de prensa semanal, realizada el lunes 17 en el puerto de Veracruz, el gobernador Javier Duarte aclaró que nunca ha dicho que en la entidad “no pasa nada, porque sí pasan cosas en el estado”, sin embargo precisó “que ya no son la constante como era al inicio de mi administración”, y que estos logros han sido “a consecuencia de operativos nuestros, de combate a los delincuentes”.
En esa ocasión, el mandatario estatal dijo que Veracruz es líder nacional en cuanto a detención y desarticulación de bandas dedicadas al secuestro. “Hemos detenido en promedio a una banda de secuestradores por semana, esto habla del compromiso de las instituciones del orden, un flagelo que no vamos a permitir que se desarrolle en nuestro estado, por eso lo vamos a combatir con toda la determinación y la ley en la mano”.
Y es que, durante la ronda de preguntas con representantes de los medios de comunicación, el gobernante priista dejó en claro que este asunto sí le genera un costo político a su administración, pero refirió que desde el primer día de su gobierno tomó la decisión de enfrentar con toda la fuerza a la delincuencia, lo que sabía que le propiciaría consecuencias, pero que “lo peor que podíamos hacer es no hacer nada”.
La administración de Duarte de Ochoa no puede bajar la guardia, pues según las estadísticas del SNSP, basadas en los reportes mensuales de cada una de las procuradurías locales, el número total de denuncias por secuestro en el primer bimestre de este año fue de 278. Y los siete estados donde se concentra el 75 por ciento de las víctimas del país son Tamaulipascon 62 casos, seguido de Michoacán con 45, el Estado de México con 37, Morelos con 34, Tabasco con 27, Veracruz con 24 y Guerrero con 19.