Ha pasado más de una semana del fulminante “cese” de Gabriel Deantes Ramos y Édgar Spinoso Carrera, uno ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Sefiplan y el otro ex oficial mayor de la SEV, y hasta ahora se ignora el verdadero motivo por el que ambos funcionarios fueron sacados de muy mala manera del gabinete estatal.
Hasta el momento en los medios de comunicación sólo han corrido presunciones, especulaciones.
Anteayer, interrogado sobre el cese de ambos ex colaboradores durante la conferencia de prensa que ofrece cada lunes, el gobernador Javier Duarte de Ochoa sólo se concretó a responder que “como todo funcionario de la administración pública de cualquier gobierno federal, estatal o municipal, obedecen a tiempos, ritmos y circunstancias”, y que “el ciclo de estos dos funcionarios públicos, (que) eran funcionarios de confianza como está establecido en el catálogo de servidores públicos, terminó”.
Duarte de Ochoa aclaró que “no hay ninguna investigación, lo que hay es un proceso de entrega-recepción y en el caso de que se encuentren algunas anomalías, tendrán que responder ante las instancias correspondientes, simple y llanamente”.
Así, quienes ya se frotaban las manos esperando ver a Deantes y a Spinoso portando el tradicional traje caqui o a rayas –como los que usaba Pedro Infante en su película de presidiario en las Islas Marías– estarían por llevarse tremendo chasco, igual que aquéllos que se han atrevido a especular que sus despidos se habrían debido al presunto subejercicio y desvío de miles de millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación.
¿Se habrían atrevido a tanto? No habrá manera de saberlo porque al menos por parte del gobierno del estado no hay una denuncia y, como ya lo precisó el mismo gobernador Duarte de Ochoa, tampoco hay una investigación, sino un simple proceso de entrega-recepción, del cual, si acaso se llegara a detectar alguna grave anomalía, lo más seguro es que se reserve en la confidencialidad.
El caso de Spinoso y Deantes contrasta con el de Humberto Suárez López, el ex tesorero del gobierno del estado de Michoacán, quien acaba de ser detenido por delitos de peculado y abuso de autoridad, acusado de pagar casi 40 millones de pesos a la empresa “fantasma” Convem de México SA de CV, inexistente en el padrón de proveedores del gobierno michoacano, la cual recibió siete depósitos bancarios entre 2009 y 2010. Los pagos se realizaron a través de la Secretaría de Finanzas del estado que encabezaba Suárez López.
De acuerdo con una investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, en los registros de la Secretaría de Finanzas dicha empresa aparece como un despacho asesor en materia financiera. La dependencia justificó los depósitos al argumentar que era un pago por asesoría en la apertura de créditos bancarios.
Sin embargo, en un oficio con fecha de 5 de febrero de 2013, el Comité de Adquisiciones del estado consigna: “haciendo una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros del Padrón de Proveedores de la administración estatal, no se localizó a la empresa Convem de México SA de CV (...), no consta como proveedor del gobierno del estado”.
El documento fue anexado como prueba dentro del expediente 89/2013-X-1, que integró la Procuraduría General de Justicia en el estado a partir de una denuncia presentada por la administración priista del gobernador Fausto Vallejo.
La indagatoria arrojó que tampoco se encontraron registros de Adulfo Valdez Ruiz, presunto accionista fundador de la firma de asesores.
Pero en Veracruz aguantamos eso y más, como la deuda oficial de más de 40 mil millones de pesos que dejó el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán o el “cochinero” que llegó a encontrar en la ex Secretaría de Comunicaciones del estado Gerardo Buganza Salmerón, aunque el actual titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), es el único que hasta ahora lleva a cabo un proceso de rescisión de 245 contratos de obra a diversas empresas constructoras por incumplimiento de tiempos y especificaciones, que en total suman 2 mil 479 millones 305 mil 540 pesos.
Ya en su comparecencia ante el Congreso del estado, en noviembre de 2013, Buganza había informado a los diputados locales que en los tres meses que llevaba al frente de la SIOP los procesos de rescisión de contratos sumaban 128 y había 86 procesos de terminación anticipada, y que además se habían interpuesto ante la Procuraduría General de la República denuncias en contra de 58 constructoras por presunto fraude, ya que a pesar de los anticipos que recibieron no terminaron las obras o ni siquiera las iniciaron.