No en balde tanto los aún consejeros del IFE, como una cantidad considerable de analistas y académicos, han puesto sobre la mesa los riesgos que entraña la reforma electoral recién promulgada.
La creación del Instituto Nacional Electoral y sus nuevas atribuciones es un cambio de fondo, una transformación que impacta las reglas de la competencia democrática. Un punto toral se describe en la fracción V del artículo 41 constitucional: “La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales”, con ello el INE queda obligado a preparar, organizar, conducir y desarrollar todos los procesos electorales del país.
La descripción para su integración y funcionamiento se localiza en el apartado A de la misma fracción.
Una de las funciones inmediatas del INE es designar y remover a los integrantes de los órganos públicos locales, que ahora se compondrán por seis consejeros y un presidente. Éste fue un punto controvertido, pues se centralizan las elecciones y se merma la autonomía de los estados. Finalmente se quedaron los órganos electorales locales, sin embargo se les retiró la independencia, ello implica que tienen dependencia directa del Consejo General del INE, aunque para ello se tendrán que establecer las condiciones en la ley secundaria.
La parte más delicada se constriñe a las elecciones locales: llevar a cabo los procedimientos electorales con reglas uniformes para todo el país con una legislación única, y otra parte es la integración y conformación de los poderes de cada entidad que corresponde a la legislación local.
Además, a los órganos locales se les restringen facultades que ahora toma el INE, como la capacitación electoral, la fiscalización, la geografía electoral, la redistritación, la ubicación de casillas, la designación de funcionarios electorales, lo concerniente a las encuestas y resultados preliminares y algunas otras, cuya complejidad es notoria.
Quien esto escribe piensa que además de eliminarse “por completo” cualquier tendencia hacia la burocratización, el INE tendrá que estar integrado por consejeros de una trayectoria académica “impecable” y libre de “filias, fobias o relación” con algún partido político.
Recuerdo un verso de Pablo Neruda: “Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.
Y es que esta reforma ya no es la misma, México ya no es el mismo, su sociedad ya no es la misma, muchas de sus instituciones ya no son las mismas, nuestras necesidades como nación ya no son las mismas.
Ante este panorama, considero que la reforma político-electoral “sí es un poco complicada”, pero tendrá que darse poco a poco también la presencia de la ciudadanía, ya que vienen las candidaturas independientes, ya vienen otros espacios que probablemente alguna gente los ha estado esperando, algunos creen que la reelección puede ser buena. Vamos a ver si así es.
Esperamos que esta reforma garantice, como sustenta Sartori, un sistema democrático eficiente.
Cambiando de tema y para no dejar nada en el tintero, debido a que se han registrado algunos hechos violentos, muy lamentables unos y preocupantes otros, pueblo y gobierno de Veracruz están atentos y conscientes, y las autoridades encabezadas por el gobernador Javier Duarte de Ochoa están redoblando esfuerzos en todo el territorio veracruzano, hasta combatir el último reducto de violencia que se ha registrado.
En las reuniones de trabajo de Duarte de Ochoa y sus colaboradores, así ha quedado asentado y según se puso de manifiesto en algunos medios de comunicación, donde se ratifica que cerrar filas en torno al mandatario estatal es lo indicado.
Al respecto, el responsable de la política interna en la entidad, Erick Lagos Hernández, afirmó que “nada se ha hecho fuera de la ley” ya que el gobierno del estado cuenta con la calidad moral necesaria para esclarecer cualquier hecho delictivo, y aseguró que la administración que encabeza Javier Duarte se ha caracterizado por hablar de frente.
Bueno, como lo hemos comentado en anteriores espacios, la de salud es la reforma que viene.
Para nadie es un secreto que la salud es uno de los temas de mayor preocupación para los mexicanos y que estamos muy lejos de contar con un sistema de atención eficiente y suficiente.
La bomba de tiempo que tiene al borde de la quiebra al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, es sólo uno de los problemas enormes que enfrentan los sistemas públicos.
Habrá que sumar la falta de recursos, infraestructura, medicamentos, equipamiento, densos y poderosos sindicatos que sangran el erario y una paupérrima cultura de la humanidad necesaria para atender a los enfermos y sus familias.
Se han explorado varias opciones para brindar una mayor y mejor atención con los recursos materiales y humanos actuales. Hace años hubo voces que proponían un esquema de subrogación de los servicios de salud. Es decir, que el derechohabiente pudiera elegir el médico u hospital privado para atenderse, en lugar de las instituciones públicas, que muchas veces son insuficientes e ineficientes.
Así, el gobierno pagaría el monto de la atención de acuerdo con los costos de las instituciones públicas.
Por ejemplo, si en el IMSS o en el ISSSTE una operación por apendicitis cuesta 10 mil pesos, eso mismo pagaría el gobierno. Un acuerdo así se antoja difícil entre las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, en la reforma de salud que presentará el presidente Enrique Peña Nieto sería posible. Se establecerían tarifas homologadas entre instituciones del sector salud, y una canasta básica de atención médica y hospitalaria que estaría incluida en la reforma.