Luis Ramírez Baqueiro

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“Son de más valor la honradez y el talento que la riqueza”. – John Dryden.

La decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de crear por decreto el Organismo Público Descentralizado “Sistema de Gestión Integral de Limpieza del Estado de Veracruz” (LIMPIAVER) no es un movimiento menor ni meramente administrativo. Es, en el fondo, una respuesta política y estructural a un problema que durante años fue sinónimo de despilfarro, corrupción y deshumanización laboral dentro del propio aparato estatal.

La limpieza de hospitales y edificios públicos fue, por décadas, un negocio opaco. Empresas privadas —muchas de ellas improvisadas, otras claramente beneficiadas por relaciones políticas— se convirtieron en intermediarias costosas que cargaban al erario precios inflados mientras precarizaban al personal.

El famoso “diezmo” no era una leyenda urbana: era una práctica sistemática que drenaba recursos públicos y normalizaba la corrupción en contratos que, paradójicamente, tenían como fin garantizar higiene y salud.

La llegada de LIMPIAVER rompe con ese esquema. No solo porque centraliza y ordena un servicio esencial, sino porque reconoce algo que durante años fue ignorado: sin limpieza, no hay servicios de salud dignos.

La asepsia hospitalaria no es un accesorio, es parte del tratamiento. Que el nuevo organismo esté sectorizado a la Secretaría de Salud no es un detalle menor, es un mensaje político claro sobre prioridades.

El decreto también desnuda una realidad incómoda: el empresariado veracruzano, pese a tener contratos y recursos, fue incapaz —o poco dispuesto— a resolver el problema durante más de un año.

Las protestas del personal de limpieza, especialmente en hospitales del Gobierno del Estado, evidenciaron una indiferencia alarmante frente al pago de salarios, prestaciones y condiciones mínimas de trabajo. Mientras los contratos seguían fluyendo, quienes sostenían la operación diaria de los centros de salud sobrevivían entre adeudos y promesas incumplidas.

En contraste, la respuesta del Ejecutivo fue rápida y directa. Crear un organismo con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica implica asumir el control de un área crítica que no puede seguir dependiendo de intereses privados.

LIMPIAVER nace, al menos en el papel, con principios claros: austeridad, transparencia, ética y rendición de cuentas. La pregunta clave será si esos principios se traducen en prácticas reales y no en un nuevo membrete burocrático.

El reto no es menor. Instalar una Junta de Gobierno en 30 días y emitir un Estatuto Orgánico en 90 días exige voluntad política sostenida y perfiles técnicos adecuados. Pero el planteamiento de fondo es correcto: convertir la limpieza institucional en un servicio público interno, no en una caja chica para contratistas.

LIMPIAVER puede convertirse en un precedente relevante para Veracruz. Si logra erradicar el diezmo, dignificar al personal y reducir costos sin sacrificar calidad, será una prueba de que el Estado sí puede corregir vicios históricos cuando decide hacerlo. De lo contrario, será solo otra oportunidad desperdiciada. En política pública, como en los hospitales, la limpieza —literal y figurada— siempre revela quién gobierna con responsabilidad y quién solo administra inercias.

Es así como Rocío Nahle aparte de pulcritud, impone, orden, orden y más orden en una administración pública estatal que por años fue ejemplo nacional de corrupción y desorden.

Al tiempo.

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“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx

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