Alfredo Bielma Villanueva

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Es axiomática la noción acerca de que todo centro universitario es fiel reflejo del contexto social en donde actúa, en sus recintos conviven y se interrelacionan estudiantes provenientes de diferentes estratos sociales sin mediar jerarquía ni distinción, excepto la del conocimiento y talentos personales, tal condición le otorga su esencia genuinamente democrática. Pero como todo ente social una Universidad no está exenta de recibir el impacto del entorno social, y por su elevada importancia tampoco de la posible injerencia de intereses políticos. Esto último ha sido experiencia ya histórica en nuestro país, pues en algunas etapas de nuestra evolución política la UNAM llegó a ser un apetitoso segmento muy valioso para colocarlo junto a intereses de índole partidista. El intento más reciente lo pudimos observar desde inicios del gobierno Lópezobradorista, afortunadamente la reciedumbre institucional de la UNAM lo impidió. No así la Universidad Veracruzana, porque hacen ya cuatro años la Junta de Gobierno sucumbió al votar por Martín Aguilar Sánchez atendiendo una recomendación política difícil de ser ignorada. La comunidad universitaria ignoraba acerca de los merecimientos del ahora titular universitario para desempeñar ese prestigiado cargo, también bastante codiciado. No es magro el apetito que impulsa el ser Rector de la UV, el prestigio de su desempeño debe ser la causa que impulsa al todavía Rector animarse a repetir en el cargo “para consolidar” su programa y “aumentar la matricula”, de allí su solicitud para prorrogar su actual mandato por cuatro años más, legítima aspiración personal, lamentablemente, pese a haber excedido el limite de edad para ese desempeño la Junta de Gobierno manipula con subterfugios legales esa posibilidad, también innecesaria e irresponsablemente porque pone en crisis a la Universidad Veracruzana según se advierte en los crecientes reclamos de la comunidad universitaria.

Pero ¿porqué la Junta de Gobierno actúa así? Sin descartarlo, bordaríamos en la especulación si supusiéramos injerencia externa al interés universitario, nada improbable tampoco porque, como lo asentamos al principio, la Universidad no está exenta de riesgos de infiltración política, y en tiempos de “cambios” estructurales en el proyecto de nación esa posibilidad es latente, se potencializa. Pese a las protestas el Rector asegura que respetará el resultado de una consulta mañosamente implementada para vestir su pretendida reelección. No es asunto menor este caso, pero ahora corresponde a la comunidad universitaria resolverlo en uno u otro sentido, si existe “mano negra” deber es denunciarlo públicamente, si la Junta no está actuando en sintonía con el interés universitario debe ser exhibida, sin demerito del respeto entre los elementos en pugna, porque en una disputa universitaria debe imponerse la razón y el orden, cuando éste exista.

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