Alfredo Bielma Villanueva

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Una de las causas de la corrupción en nuestro país encuentra su fuente en las complicidades existentes entre los grupos del poder político que en los cambios de gobierno dejaban pasar las corruptelas de sus antecesores y si acaso solo en relatorías retóricas hacían pasajera alusión pero nunca actuaban con denuncias formalmente presentadas ante la autoridad correspondiente. Hubo casos de uno que otro funcionario enjuiciado y encarcelado más por venganza política que por señales de corrupción, pero nada más. En Veracruz, un caso paradigmático lo atestiguamos cuando Duarte de Ochoa dejó pasar las corruptelas del gobierno antecesor, quizás porque fue protagonista central en el área de las finanzas públicas. En un gesto de agradecimiento o por coautoría Duarte no procedió a presentar denuncia alguna en contra del gobierno predecesor y asumió sus culpas, que junto a las propias insufladas por un extremo ejercicio patrimonialista del poder llevó a la exageración y por ello lo paga con cárcel y no pocos de quienes lo acompañaron en ese atraco aun mantienen procesos pendientes. No “barrer para atrás” tiene sus riesgos, mínimo el de ser cómplice.

En un Estado de Derecho todo proceso debe ajustarse y seguir el curso de la normatividad vigente para evitar que se atribuyan culpas solo para ejercitar venganzas políticas. En el caso de la adjudicación de contratos a empresas fantasmas detectada por las auditorías del órgano fiscalizador no se observan atisbos de carácter político pues es resultado de una revisión de técnica contable de riguroso origen normativo, el ORFIS es el brazo auditor del Congreso local al que rinde cuentas a través de la Comisión de Vigilancia y a esta corresponde actuar en consecuencia respecto del informe de las Cuentas Públicas. No se duda que haya interferencias políticas de algunos legisladores, de hecho, las ha habido y hubo en la legislatura anterior de lo cual nos enteramos por el diferendo que se hizo público con el ORFIS, precisamente. También es factible que por alguna razón un legislador solicite revisión de cuentas en algún municipio, a veces con razón, otras sin ella, pero no es la regla por supuesto. Ahora llama la atención el barullo noticioso acerca de la convocatoria de la Comisión de Vigilancia del Congreso local para que los presuntos involucrados en la adjudicación de contratos a empresas fantasmas comparezcan ante esa Comisión. ¿Para qué? sería el cuestionamiento público, porque esa instancia legislativa no tiene autoridad ministerial, y le corresponde al Orfis presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad del ramo judicial. Obviamente, debe suponerse que eso lo saben los legisladores, luego entonces, si el Orfis ya informó a la Comisión de Vigilancia del resultado de sus pesquisas de auditoría ¿para qué el cuento de esas comparecencias ante el legislativo y no ante el ministerio público? Como escenario para el entretenimiento pasaría, pero para teatro el “Blanquita” y ya desapareció.  

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