Javier Roldán Dávila
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Esperemos que sleepy despierte y que YSQ supere el síndrome del Jamaicón  

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos (con voto dividido), de avalar la ley SB4, promulgada por el gobierno de Texas, afectará, de manera grave, la relación de México con el vecino país, en el tema de los trabajadores migratorios.

En efecto, el ordenamiento firmado por el gobernador texano, Greg Abbott, el pasado diciembre, que permite a las autoridades policiales del estado (potestad que corresponde únicamente al gobierno central), detener a las personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera, aumentará la hostilidad en las relaciones bilaterales.

Lo anterior, en virtud de que dicha ley convierte “la entrada o reentrada ilegal en Texas en un delito estatal, con penas desde 180 días de cárcel a 20 años de prisión. En virtud de ella, los jueces de primera instancia de Texas deberán ordenar a los migrantes que regresen a México, con penas de hasta 20 años para quienes se nieguen”.

Así pues, las circunstancias indican que, los migrantes serán retornados a las ciudades fronterizas de nuestro país, cuestión que, ayer mismo, la Cancillería repudió al señalar: “México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”.

El tema de fondo radica en que, los desencuentros entre Abbott y el presidente López Obrador, pasarán de la retórica electoral a un tema de relaciones de poder: ¿cómo obligarán a México a recibir a los deportados? y ¿cuál es la opción de los potenciales expulsados si no pueden retornar y sobre ellos pende la amenaza de ir a prisión?

Lo cierto, es que, ni Biden ni AMLO, podrán patear ‘el bote’. Veremos qué pasa.