Josep Lluís Alay es un profesor de historia de la Universidad de Barcelona que trabaja como jefe de la oficina del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que fue depuesto ilegalmente por el gobierno español en 2017 tras un autoorganizado referéndum de autodeterminación de Cataluña. Con ello se pretendía forzar a España a negociar y dar una salida democrática al deseo del pueblo catalán de ejercer la soberanía con un referéndum para determinar el porcentaje de catalanes que deseaban la independencia. España se ha negado a negociar nada y está utilizando fraudulentamente el sistema judicial para intentar destruir un movimiento político totalmente legítimo.
Como ejemplo emblemático de la recurrente persecución de los activistas independentistas catalanes, Alay es objeto de disparatadas acusaciones: Por ejemplo, la policía española habría descubierto la preparación de una invasión de 10.000 soldados rusos, apoyada por el Kremlin, para conseguir la independencia de Cataluña. La prueba incriminatoria era un documento recuperado por la policía que resultó ser una traducción de una novela de espionaje rusa encargada a Alay (muy políglota) por una editorial catalana.
También fue detenido en Alemania, a petición de España, por acompañar a Puigdemont en un viaje de vuelta desde Finlandia, sin que se presentaran cargos concretos contra él.
Aún más, se acusa a Alay de haber viajado a Nueva Caledonia invitado por los independentistas canacos como observador internacional de uno de los referéndums de autodeterminación celebrados en el archipiélago. Se le acusa de haber gastado el coste del billete de avión. Esta participación daba credibilidad al proceso de referéndum en Nueva Caledonia organizado por las autoridades francesas, por tanto estas deberían considerar al Sr. Alay como su invitado. Es por el honor de Francia que Alay no debería ser molestado por esto.
Otra acusación de malversación se refiere a un peaje de autopista de 11 euros pagado por Alay y cobrado al gobierno catalán para visitar a los presos políticos catalanes.
¡Por estos dos últimos viajes, el fiscal español pide 3 años de cárcel y 17 de inhabilitación! Esto recuerda a la acusación contra Puigdemont de malversación de fondos públicos para el referéndum, cuando el Ministro de Economía español, el Sr. Montoro, admitió que estaba seguro de que no se había producido ninguna malversación que pudiera atribuirse a Puigdemont.
Resulta irónico que los dirigentes catalanes sean procesados por malversación de fondos públicos en un país en el que es de dominio público que el rey y los miembros de la familia real han malversado fondos públicos, exigido sobornos por contratos petrolíferos,... Si la corrupción fuera realmente la preocupación del juez, debería empezar por el Partido Popular y la familia real. La realidad es que el sistema judicial español ha abandonado la imparcialidad y se ha puesto al servicio de la unidad de la patria amenazada por el independentismo catalán.
Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont / Redes.