Xalapa, Ver.



El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que se ofrece una recompensa de cinco millones de pesos por informes que lleven a la captura del ex fiscal del estado en el duartismo, Luis Ángel Bravo Contreras, por su presunta responsabilidad en los casos de desaparición forzada que se realizaron durante la pasada administración en Veracruz al entorpecer la acción de la justicia y apoyar a que los responsables eludieran la acción de la justicia.


En rueda de prensa al término de la reunión 70 del Grupo de Coordinación Veracruz, informó que el viernes pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la orden de aprehensión en contra del ex funcionario estatal.


Indicó que la FGE cuenta con pruebas contundentes que acreditan que Bravo Conteras ordenó a personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de trece cuerpos, mismos que fueron localizados en la Barranca de la Aurora, municipio de Emiliano Zapata.


Añadió que este lugar es señalado por testigos como el sitio en donde se arrojaban a las víctimas de desaparición forzada, delitos cometidos presuntamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.


Cabe destacar que el 19 de enero de 2016 fueron localizados en ese sitio restos de al menos 19 personas, sin embargo la instrucción fue únicamente reportar seis cuerpos.


De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado a la localidad de Santana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado, se trata de David Lara Cruz, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que ya había sido identificado positivamente, y quien desapareció el 12 de enero de 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación, cuando salía de las evaluaciones de control y confianza de esa dependencia.


Del resto de doce cuerpos no reportados, se desconoce su identidad y ubicación, pues según testimonios los restos fueron entregados a la SSP estatal, dependencia al mando de ya vinculado a proceso por su probable participación en desapariciones forzadas, Arturo “N”, por instrucciones directas de Bravo Contreras, entrega realizada personalmente a una persona vinculada a proceso de nombre Rosario “N”.


Por este caso se procedió contra el ex director de Servicios Periciales, la ex fiscal de Investigaciones Ministeriales y una ex delegada de la Policía Ministerial, “por lo que en estricta observancia del artículo 106, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que en los casos de personas sustraídas de la acción de la justicia, se admitirá la publicación de datos que permitan la identificación del imputado para ejecutar la orden de aprehensión”.


Por este artículo el Gobierno del Estado, a través de la SSP, hace pública la información y ofrece cinco millones de pesos a quien ofrezca información del paradero del ex funcionario.

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