La relación de poderes en Veracruz se está volviendo ríspida, de confrontación, de desentendimiento y chantaje, lo que puede generar problemas graves cuando las cosas ya no tengan vuelta atrás.
Nadie dijo que el primer gobierno de la alternancia la tendría fácil. Los partidos que lo postularon (PAN y PRD, juntos) no tienen mayoría calificada en el Congreso, lo que obliga a negociar con las otras representaciones, una de ellas, la de Morena, tempranamente está confrontada con el propio gobernador, mientras que las otras, más débiles pero subsidiarias, como la que encabeza el PRI y la de los independientes, empiezan a hacer valer su insignificancia navegando de un lado al otro con tal de plantarle cara a Miguel Ángel Yunes Linares.
Para colmo, el líder de la Junta de Coordinación Política, el panista Sergio Hernández Hernández, ha mostrado su inexperiencia a la hora de negociar con las distintas fracciones parlamentarias e, incluso, con los propios diputados de su corriente, lo que ha impedido llevar a buen término los debates en torno a iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal.
Quien reflexionara sobre el tema y solo viera los últimos encontronazos entre el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y los grupos legislativos, podría decir que es positivo que ambos poderes busquen una actuación autónoma, sin los vergonzosos sometimientos del legislativo que se observaron en los últimos estertores del gobierno del criminal Javier Duarte de Ochoa.
Y es que, como nunca, incluso los diputados del partido en el poder han presentado iniciativas que han obtenido la aprobación mayoritaria, poniendo en jaque la visión del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares: la más reciente, la iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito presentada por la panista Marijose Gambia Torales para incorporar la figura de mototaxis, aprobada por mayoría pero rechazada abiertamente por el gobernador, quien se negó a publicarla y decretarla, y quien anticipó que la vetaría.
La diputada panista ha sido blanco de ataques en varios comentarios periodísticos, que la han puesto como una política desleal con quien le facilitó el ingreso a la Cámara. Pero Marijose ha sido siempre contestataria y no tiene nada de malo que los diputados busquen desprenderse de jetaturas cuando consideren que tienen la razón.
Es cierto que ha sido desmedida y que, en aras de defender su posición, ha faltado a la lealtad partidista al acusar a Miguel Ángel Yunes Linares de estar “protegiendo a las mafias de transportistas”, cuando lo que ha reiterado el gobernador es que su principal y primer objetivo en este punto es ordenar el transporte público en la entidad, asunto en el que metería mucho ruido la incorporación legal de los mototaxis.
El problema es que en las últimas sesiones, Yunes Linares ha sacado poco provecho de la Legislatura. Su propuesta para actualizar, conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el número de regidores en al menos 95 de los 212 ayuntamientos, sufrió dos descalabros seguidos.
El primero ocurrió el 17 de enero, cuando las fracciones parlamentarias de Morena y PRI se salieron del recinto para reventar la sesión; el 21 de enero, cuando volvió a presentarse la propuesta, el líder parlamentario no creó las condiciones para que tuviera el apoyo de la mayoría.
Así, una propuesta que habría disminuido 236 regidores a las comunas veracruzanas, permitiendo un ahorro de cerca de 140 millones de pesos anuales, recibió el voto negativo de 29 diputados mientras que seis se abstuvieron y solo 9 diputados votaron a favor. De nueva cuenta, el gobernador se confrontó con los diputados al anunciar que promovería un recurso de inconformidad.
Este distanciamiento, que puede ser observada positivamente en una sociedad democrática con una efectiva división de poderes, en realidad constituye un juego de fuerza en que no solo están inmiscuidos el gobernador y los diputados de oposición, sino también los diputados de los partidos que acudieron juntos a los comicios del 5 de junio para llevar al poder al actual mandatario.


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