Ayer en la sesión del Organismo Público Local Electoral (OPLE) estalló el escándalo tanto de parte de los consejeros electorales como de los representantes de los partidos políticos toda vez que se percataron que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), no tomó en cuenta su acuerdo de consejo general para integrarlo a la Iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y tomó de referencia el presupuesto del OPLE. Del 2016, sin considerar el nuevo mapa electoral que después de la elección de diputados locales, obliga a modificar de manera sustancial el esquema de operación financiera del ente que por ley organiza las elecciones en el estado de Veracruz. Y que para el proceso 2016-2017 presupuestó mil 500 millones de pesos.

De esa manera, el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado firma el documento enviado al Congreso de Veracruz con el mismo presupuesto del 2016, mil nueve millones de pesos y por si fuera poco distribuido de la misma manera en el caso de las prerrogativas que por los resultados electorales se deben modificar, más aún porque los partidos Alternativa Veracruzana, Cardenista, Del Trabajo, Encuentro Social, Humanista y Movimiento Social no alcanzaron el 3 por ciento de la votación y no tienen derecho a prerrogativas para participar en las elecciones municipales del 2017.

Y de nada sirve que en el 2014, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral, y que el Congreso del Estado de Veracruz, aprobó́ el Decreto número 536 por el cual reformó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 9 de enero de 2015, que aprobó́ el Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 1 de julio del mismo año, en dichas reformas se dota de autonomía al OPLE, autonomía que fue ignorada.

De manera incluso, violatoria a la ley, el gobernador Flavino Ríos asigna prepuesto a los partidos que perdieron el registro estatal en la pasada elección, mientras que la obligación que le establece la ley de pagar las ministraciones al OPLE en los primeros cinco días de cada mes fue ignorada por la Sefiplan desde marzo del 2016 de manera parcial y de manera total desde hace tres meses, situación que tienen sumido en la quiebra financiera al organizador de las elecciones y también a los partidos políticos que están maniatados para la operación de sus estructuras en el ya iniciado proceso electoral local.

Y es que en la propuesta alcanzada en acuerdo del Consejo General del OPLE, se específica de manera muy clara que en el caso de los partidos políticos: Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, del Trabajo, Encuentro Social, Alternativa Veracruzana y Cardenista, no obtuvieron el 3% elección de Diputados por el principio de mayoría relativa.

Del padrón electoral de 5.5 millones de votantes veracruzanos, la pasada elección participaron dos millones 930 mil 382 ciudadanos de los cuales el PAN obtuvo el 26.6 por ciento; el PRI 22.5; el PRD 6.7; el Partido Verde 5.6; el Partido del Trabajo 2.3; Movimiento Ciudadano 2.1; Partido Nueva Alianza 2.7; Alternativa Veracruzana 2.51; Partido Cardenista 1.3; Morena 22.4; Encuentro Social 1.5; los candidatos Independientes 0.9 y los candidatos no Registrados 0.14 por ciento. La votación anulada sí superó el 3.7 por ciento del total de votos registrados en la renovación del Congreso Local.

Ante esta situación, el OPLE reorganizó las partidas y en su Programa Operativo Anual estableció que para la organización de las elecciones de los 212 municipios de Veracruz se requieren mil 500 millones de pesos, es decir, un aumento del 50 por ciento de lo que utilizó para la elección de los 50 legisladores al Congreso Local.

ADELANTA RÍOS DÍA DE LOS INOCENTES

En la desesperada y crítica situación financiera en la que se encuentra el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado y tras declarar que se siente engañado y utilizado por su antecesor y padrino, Javier Duarte de Ochoa, decidió comprometer a los miles de empleados de todas las dependencias que el día máximo para el pago de todas las deudas es el 1 de diciembre, fecha en la que ya no será el gobernador y nadie la podrá reclamar.

Y es que de los 11 mil millones de pesos que solicitó a la federación solo le entregaron las participaciones federales para los municipios, ni un peso más y los tuvo que entregar directo, no pudo torcer un centavo para otras de los cientos de deudas que lo acosan.

Ya desesperado, acorralado e ingenioso, el gobernador interino se sacó de la manga la puntada de comprometer los pagos para el día 1 de diciembre, cuando deberá entregar la estafeta a Miguel Ángel Yunes Linares.

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