Desde la época de Fidel Herrera Beltrán se firmó un convenio para que el gasto en medios de comunicación no se cargara directamente al presupuesto de la Coordinación General de Comunicación Social sino que dichas partidas se asignaran a cada una de las dependencias estatales.
Así, por ejemplo, cada mes que facturaba determinado medio de comunicación, en la pauta publicitaria le asignaban una secretaría de despacho o dependencia diferente, a la que la Secretaría de Finanzas le cargaba el pago.
Lo interesante del asunto, es que los titulares de esas secretarías, así como sus directores administrativos nunca sabían cómo estaba el teje y maneje de esos pagos. Es decir, no conocían ni los montos ejercidos y a qué empresas les cubrían esas cantidades. Todo era operado por Comunicación Social y Sefiplan. La primera decidía a qué dependencia se asignaba el gasto, y la segunda sólo pagaba. En otras palabras, las dependencias no ejercían, ni autorizaban, ni documentaban. Sólo les cargaban a su presupuesto lo que Comunicación Social asignaba a su libre arbitrio.
Y ese procedimiento perduró hasta los tiempos actuales, en la era del duartismo.
¿Qué por qué lo hacían así? Pues se supone que para no abultar tanto el gasto en Comunicación Social el gasto de publicidad.
Y tan era así el mecanismo, que cuando la Contraloría General del Estado y el Orfis auditaban esos recursos, los auditores revisaban directamente con Sefiplan y Comunicación Social la justificación de esos fondos.
Todo esto viene a cuento ahora que un portal de noticias que se edita en la Ciudad de México, sacó a relucir el tema de las empresas fantasma que cobraron sumas millonarias en Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz.
El detalle es que el tema fue mal enfocado por el citado medio digital porque pareciera que las empresas fantasma relacionadas con el tema de la comunicación (que no dudamos que las haya habido) fueron contratadas directamente por las dependencias estatales, cuando en realidad fue Sefiplan, con la autorización de Comunicación Social, la que hizo el cargo de esas partidas a las secretarías de despacho. Y los titulares de las mismas, ni por enterados.

PGR va contra Tonicho, Chava Manzur y Pablo Anaya

El ex delegado de Sedesol federal y ex titular de Sedesol estatal, Ranulfo Márquez Hernández; el ex alcalde de Boca del Río y ex Secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur Díaz, así como el ex secretario de Salud, Pablo Anaya Rivera, son los otros ex servidores públicos contra los que la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), falta de cumplimentar las respectivas órdenes de aprehensión por la presunta comisión de delitos electorales federales. De igual forma, se giró órdenes de aprehensión contra César Augusto Perdomo Buen Rostro y Enrique Mariano Molina Ramírez.
Las otras tres órdenes de aprehensión que ya fueron cumplimentadas y que fueron confirmadas corresponden a las del ex alcalde municipal de boca del Río Anselmo Estandía, así como el subdirector de área y la jefa de zona de la delegación de Sedesol en Veracruz, Felipe Sosa Mora y Graciela Tejada Martínez. Estos tres salieron libres bajo fianza este mismo domingo.

Trasciende acción penal contra Audirac y Leonel Bustos

Ha trascendido que se ejercería acción penal contra el ex secretario de Finanzas del Gobierno estatal, Mauricio Audirac Murillo por el presunto delito de abuso de autoridad, así como contra Leonel Bustos por el presunto delito de peculado.
Asimismo, trasciende que el presunto desvío de recursos asciende a 2 mil millones de pesos que la Secretaría de Finanzas habría regresado al Seguro Popular, pero de manera parcial. No obstante, el hecho o acción del supuesto desvío sí se habría concretado.
El Juez de control estaría por fijar fecha y hora de audiencia de imputación.

Despiden a 50 empleados del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla

El alcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, ante los medios de comunicación ha externado que tiene las finanzas sanas en su administración; y que los salarios y aguinaldos están asegurados, garantizados para los empleados sindicalizados y de confianza al servicio del Ayuntamiento; sin embargo, ha trascendido que en esta quincena, la administración municipal de San Andrés despidió a más de 50 trabajadores, a los que se ubica como parte del propio equipo político del alcalde.
Eso no es todo: tan mal anda la administración de ese lugar que quienes fueron despedidos tendrán que esperar hasta el 15 de diciembre para cobrar su quincena… y no recibirán ni aguinaldo ni finiquito.



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