En verdad ¿qué estamos pagando los veracruzanos?
La desfachatez, la tozudez, lo sinvergüenza es poco para calificar a la clase política veracruzana, esa que llegó con Fidel Herrera Beltrán, esa que apareció de la noche a la mañana, con una mano atrás y otra adelante, pues no tenían absolutamente nada, más que la vista, se sabe ahora, en las arcas de la entidad.
Conocer como un pariente político del ahora prófugo de la justicia Javier Duarte, es detenido con pasaportes falsos y siete mil dólares en el Aeropuerto de Tapachula en Chiapas, exhibe el grado de corrupción de esa nueva clase política que desprecia, que ve a sus gobernados como apestados, aun cuando prometió velar por ellos.
Los valores y la conciencia les sirven a estos personajes, para pasarse por el arco del triunfo a todas y todos, pues no tienen conciencia, no tienen en muchos de los casos un poco de madre.
Mientras en el Veracruz donde solo robaban frutsis y pingüinos a la población se la está llevando la chingada, ante la negativa del gobierno a entregar el pago de las prestaciones que por ley han ganado tras devengar sus salarios o emolumentos, consecuencia del saqueo sin precedente del cual cada día se va conociendo más, otros aprovechan el momento para terminar de humillar y sobajar a los veracruzanos, con sus acciones, escondiéndose, ocultándose, para evadir la responsabilidad humana de al menos decirles la verdad.
En el colmó de esta tragicomedia los millones de veracruzanos el ahora prófugo, sigue gozando de la complicidad y el respaldo de algunas autoridades que le permitieron solicitar y obtener un amparo en contra de la ejecución de una orden para aprehenderlo que fue girada a petición de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda, por operaciones con recursos de procedencia ilícita e ilícitos fiscales, entre otros.
Aun cuando nadie lo pueda creer, se asegura que se trata del primer amparo que busca Javier Duarte luego de que solicitó licencia para separarse de la gubernatura del estado, y mientras se dice anda a salto de mata.
Según información divulgada por el portal Animal Político, datos del Poder Judicial de la Federación, indican que la demanda de amparo fue promovida por la defensa de Duarte el pasado 16 de noviembre ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México.
Según el medio que destapó el escándalo de las empresas fantasmas el caso quedó radicado bajo el número de expediente 1031/2016.
Por increíble que parezca el Consejo de la Judicatura reservó en la página los expedientes a petición del quejoso, como si a esta clase de sujeto debieran respetarle sus derechos, cuando atentó contra todo su pueblo, pero bajo esa testarudez, el señor no quiso que se supiera que interpuso la demanda en contra de al menos doce autoridades distintas que pudieran ejecutar la orden de captura.
Entre esas autoridades se encuentra la Policía Internacional (Interpol), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Ministerial de Veracruz y la Agencia de Investigación Criminal.
En la demanda, Duarte señala que dicha orden es derivada de investigaciones realizadas en su contra por la PGR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
El Juzgado Sexto de Distrito aceptó a trámite la demanda de Duarte y le concedió una suspensión provisional pero solo para efectos de que si es detenido se respeten sus derechos y quede a disposición del juez que lo requiere. El juez no ha concedido recurso alguno que frene la orden de captura.
Hasta ahora solo dos personas de esas nueve han sido detenidas y se trata de dos hermanas que aparecen como accionista de una de las compañías involucradas.
Para terminar de lastimar a la sociedad veracruzana el Servicio de Administración Tributaria por su parte ha presentado más de 30 denuncias en la PGR por la operación de una red de compañías fantasma reveladas por Animal Político, las cuales recibieron cientos de millones de pesos en contratos de al menos cuatro dependencias. El SAT confirmó que estas empresas simularon las operaciones que facturaron en complicidad con la administración de Duarte.
Utilizaron 18 empresas fantasma y a 12 dependencias del gobierno de Veracruz, para construir el entramado que les permitió desviar 502 millones de pesos sólo en 2014. La fachada: gastos de “promoción y publicidad” del gobierno de Javier Duarte.
La operación fue sencilla y crearon un patrón: pagaban facturas, en total 348, que emitían las compañías ¬-ninguna de ellas con algún contrato con el gobierno del estado-, sin registro y sin comprobar los supuestos servicios prestados. El expediente muestra cómo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró deshilvanar las operaciones y confirmó que las 18 empresas funcionan como fachada y causaron un daño al erario en 2014, en específico en la gestión de Alberto Silva Ramos al frente de la Coordinación de Comunicación Social de la entidad.
De ese modo el famoso “Cisne” que hoy no llega ni a “Totol sin Plumas” convertido en el fiel confidente de Duarte, suspiró por llegar a la silla de Palacio de Gobierno, no lográndolo por fortuna.
Este legislador relacionado por parentela con un grupo criminal que provocó el caos de Veracruz, renunció en octubre pasado a su cargo en el área de Comunicación, en donde aprovecho la oportunidad para firmar en 2014 contratos, por 502 millones 571 mil 434 pesos, que supuestamente se ocuparon para los conceptos de promoción y publicidad, 75 millones quedaron pendientes de cobro ese año, mismos que Alberto Silva intentó recaudar a su regreso a la Coordinación de Comunicación en abril de 2016, pero no lo logró porque ya habían comenzado a ser públicas las operaciones ilícitas de su exjefe y amigo, Javier Duarte.
Pero a este ex alcalde de Tuxpan, experto en meterle la mano al cajón durante su paso por la secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, también hizo de las suyas, ahí sin empacho publicó 45 licitaciones que fueron todas adjudicadas a la red de 18 empresas, en 2013, firmados todos los contratos en su mayoría por el director jurídico de la dependencia, Juan Carlos Rodríguez, y su jefe administrativo, Humberto Benítez Pérez, ambos colaboradores cercanos desde sus tiempos en el municipio que mal gobernó en 2010.
Anzara S.A. de C.V. es el nombre de una de las empresas que coincidieron en la obtención de contratos durante la administración de Silva en Sedesol en el 2013 y en la Coordinación de Comunicación. En ese entonces la compañía vendió al gobierno veracruzano blocks y arena.
Para 2014, la misma Anzara ofreció nuevamente sus servicios al gobierno, pero cuando Silva Ramos era coordinador de Comunicación, la empresa consiguió contratos por más de 33 millones de pesos, sólo que ya no vendía material de construcción, sino era especialista en servicios de difusión.
Esa misma operación se repitió con la mayoría de las 18 compañías que conforman la red. La Secretaría de Seguridad Pública fue la dependencia que pagó más por servicios no recibidos, pues en el año fiscal de 2014 facturó en 39 ocasiones a 15 diferentes empresas de esta red por un monto de 54 millones 423 mil 278 pesos.
Según el portal electrónico Ejecentral en esas facturas aparece un pago por 139 mil 200 pesos a Gabriel García Esquivel, reportero, locutor y columnista de La Crónica de Tierra Blanca, Veracruz y quien ha solicitado la protección de Reporteros Sin Fronteras, la Fundación para la Libertad de Expresión y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por un conflicto con la ex diputada local Elena Zamorano Aguirre.
De acuerdo a la investigación el reportero facturó 556 mil 800 pesos al gobierno estatal en un año.
Así mismo los datos recabados confirman que la segunda dependencia con más operaciones aparentemente ilegales es la Secretaria de Gobierno, que emitió 35 facturas pagadas a 13 empresas por 41 millones 78 mil 690 pesos y 139 mil pesos a Gabriel García Esquivel. La Secretaria de Turismo y Cultura facturó en 34 ocasiones a favor de 14 diferentes empresas por un monto total de 51 millones 238 mil 966 pesos; y con el mismo número de cuentas se colocó la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, con desembolsos a 16 empresas por la cantidad total de 48 millones 474 mil 661 pesos.
La Secretaría de Desarrollo Social no se quedó atrás; pagó 32 facturas a 15 de esas empresas fantasma por 50 millones 78 mil 969 pesos. La Procuraduría General de Justicia del estado sumó 26 importes pagados a 11 empresas por un monto de 36 millones 401 mil 200; la Secretaría de Protección Civil hizo 31 pagos a 13 empresas por 46 millones 265 mil 400 pesos; Secretaría de Medio Ambiente con 25 cuentas pagadas a 12 empresas por 39 millones 612 mil 422 pesos, y la Secretaría de Educación que pagó 34 facturas a 14 empresas por un monto de 47 millones 739 mil 322 pesos, y en estas cuentas aparece otro pago a García Esquivel, por 139 mil 200 pesos.
En la serie de dependencias contratistas también está la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesca con 26 facturas pagadas a 13 empresas, por un monto de 38 millones 745 mil 604 pesos; la Secretaria de Salud con 30 pagos a 15 empresas por un monto de 47 millones 836 mil 222 pesos, y vuelve a figurar un pago más a nombre de Gabriel García por 139 mil 200 pesos. La Secretaría de Comunicaciones del Estado realizó pagos por de 676 mil 700 pesos a dos empresas. En todos los casos los pagos efectuados en 2014 fueron bajo el concepto de “publicidad”.
Las 18 empresas más beneficiadas por el gobierno de Javier Duarte fueron: Saervizios Oktagonales con 75 millones 479 mil 200 pesos; Publicidad Akkira con 69 millones 828 mil 268 pesos y Merca Carrey con 65 millones 176 mil 920 pesos. También Marvercarr con 39 millones 949 mil 80 pesos; Desarrolladores Mercalim con 39 millones 525 mil 300; Centro de Recursos de Negocios Cerene con 33 millones 449 mil 147 pesos; Anzara con 33 millones 406 mil 985 pesos, y Carrirey con 19 millones 140 mil pesos.
Después de una revisión en los reportes fiscales y documentos oficiales de cada una de las 18 empresas, el SAT concluyó que todas habían sido constituidas como fachada para desviar recursos públicos con operaciones aparentemente legales.
Con esto confirmamos que para expertos en triquiñuelas Duarte y sus cómplices son y serán referente mundial. Ahora la pregunta ¿y la justicia cuándo?

Al tiempo.
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