El Congreso de las Unión se convirtió en juez y parte, ya que ellos hacen las leyes y benefician a alguno de los suyos como cabezas de los espacios aprobados.
Sucedió de nuevo, hace un par de días, con el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade, como Procurador General de Justicia y, seguramente, lo harán de nueva cuenta, cuando llegue el momento de seleccionar al nuevo Fiscal que sustituirá al Procurador.
El favorito es el mismo Cervantes Andrade, quien era, hasta hace unos días, su par, por lo que no tuvo problemas para su aprobación, como tampoco lo tuvo, anteriormente, Arely Gómez González, también senadora con licencia.
Para muchos no resulta ético el que los mismos senadores que aprobaron dichas reformas asuman los cargos como, dicen, hará la propia Arely como Fiscal Anticorrupción y Cervantes como Fiscal general.
Pero otros señalan que los dos personajes en cuestión serán los que mejor conocen los casos, ya que participaron en la confección y aprobación de la ley, aunque no Arely en la segunda, por ocupar la posición de titular de la PGR.
Es cierto que el Senado de la República y la Cámara de Diputados son, desde hace décadas, la fábrica de gobernadores, ya que de ahí saltan de una cámara a otra o los otros cargos de elección popular, incluidas las presidencias municipales.
Claro que con la aprobación del sistema de reelección en algunas posiciones de elección popular, los principales beneficiados serán ellos, como ya lo vienen siendo.
Sin embargo, los congresistas mexicanos no han tomado en cuenta algunas consideraciones, las que parecen no importarles en algunos casos.
Por eso, resulta extraño que en México los decires y menciones que se hacen sobre personajes públicos no sean tomados en cuenta por ninguna autoridad y queden solamente registrados en el anecdotario.
Se apuesta al olvido y a la escasa memoria pública que se dice tenemos los mexicanos y de esa manera los señalados de algún ilícito son premiados con cargos públicos de importancia o, en su defecto, se fugan cuando la autoridad deciden actuar en consecuencia.
Dos ejemplos de ello son los ex gobernadores de Sonora y Veracruz, Guillermo Padrés Elías y Javier Duarte de Ochoa (con licencia) de quienes durante su ejercicio de gobierno se dieron a conocer las anomalías que hoy son catalogadas como delitos y que sirvieron para abrir una averiguación y decretar su detención.
Lo anterior es ejemplo de la desatención de las autoridades para proceder o, cuando menos, investigar todo tipo de asuntos relacionados con ilícitos.
Raúl Cervantes Andrade, senador con licencia y designado Procurador General de la República cuenta con un pasado oscuro, donde una de sus parejas lo acusó de violencia intrafamiliar y de intento de estrangulamiento.
La historia no pasaría de ser un pasaje oscuro en el caso de una pareja, pero toma tintes distintos cuando uno de los protagonistas es el nuevo titular de la PGR, misma que cambiará en breve tiempo a ser Fiscalía, cargo en que se supone continuará Cervantes Andrade por nueve años más.
Angélica Fuentes, su segunda esposa lo acusó públicamente de esos abusos en el curso de una entrevista a una revista (Vanity Fair), aunque se desconoce dónde quedó la averiguación levantada en aquel entonces.
El nuevo Procurador de la República ha sido señalado en ocasiones diversas como un político prepotente y soberbio y tendrá que lidiar con muchos de los asuntos importantes de esta administración, algunos de ellos se han quedado pendientes desde el primer Procurador del sexenio (Jesús Murillo Karam), mientras que otros, incluida la detención de los ex gobernadores prófugos.
Otro de los asuntos en los que no parecen poner atención las autoridades es el de presidente del tribunal Superior de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, de quien se destapó todo su pasado a raíz de su intervención para la liberación de dos detenidos, mediante una llamada telefónica.
Con cuatro años como presidente del TSJ, Vega Pámanes es exhibido ahora con algunas joyas del pasado.
La nula investigación sobre denuncias diversas sobre algunos personajes políticos hace que queden impunes algunos ilícitos que, tal vez, sean considerados menores.
En el caso de los gobernadores en funciones, los senadores tienen la posibilidad de declarar desaparecidos los poderes en caso de comprobarse abusos o ilícitos, mientras que los diputados pueden enjuiciarlos políticamente, cosa que no se hace en ninguno de los dos lados, desde hace muchos años..
Por eso, los ex gobernadores Humberto Moreira, Coahuila; Mario Marín, Puebla; Rodrigo Medina, Nuevo León; Fausto Vallejo, Michoacán; César Duarte, Chihuahua; Roberto Borge, Quintana Roo; Egidio Torre Cantú, Tamaulipas y otros más como los gobernadores Jorge Aristóteles Sandoval, Jalisco y Roberto Sandoval, Nayarit, jamás han sido molestado ni siquiera con una insinuación de juicio político.

CONSEJO POLÍTICO DEL PRI

Llegó a su fin el período de tres años de Joaquín Hendricks Díaz, como secretario Técnico del Consejo Político Nacional del PRI, por lo que se emitirá la convocatoria para elegir a los nuevos integrantes del CPN del partido.
Será la sesión de despedida del ex gobernador de Quintana Roo, quien emprenderá nuevas rutas, por lo que al emitir la convocatoria, el PRI tendrá 30 días para citar y elegir a su nuevo secretario Técnico del CNP.
Hendricks Díaz hizo un destacado papel en esos tres años de turbulencia priista con tres presidentes nacionales del partido, César Camacho Quiroz, hoy coordinador de los diputados del tricolor en San Lázaro; Manlio Fabio Beltrones, hoy en la banca y el emergente Enrique Ochoa Reza.

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