La palabra la hizo célebre Santiago Creel Miranda en los tiempos en que otras palabras similares lo hicieron, es decir en el sexenio de Vicente Fox Quesada, en que el vocabulario nacional se amplió.
Se quedó para siempre en el uso común, toda vez que en México las cosas se hacen siempre, desde los gobiernos, para dejar un halo de misterio, de componendas y dudas.
Por eso, cada vez que reacciona tarde (casi siempre) ante un suceso, surge la desconfianza por parte de la población que se cuestiona el porqué tardan tanto en poner a funcionar las leyes.
Una y otra vez ocurre que desde las instancias gubernamentales no se aprecia lo que el pueblo denuncia y cuando toman cartas en el asunto ya es demasiado tarde.
Será que el gobierno federal sabe lo difícil que es comprobar los desvíos de recursos, el enriquecimiento ilícito y hasta el lavado de dinero, ya que los que hicieron la ley, también saben las trampas para eludir las responsabilidades.
Por eso cada vez que un candidato a gobernador se asume como el fiscal que aplicará la ley en contra de los saqueadores de los recursos públicos, los ciudadanos deben estar conscientes de lo difícil que será hacerlo.
En la actualidad hay tres exgobernadores que se encuentran prófugos, dos de ellos de extracción priista y uno más panista.
De los tres (y otros más) siempre se sospechó de la comisión de los ilícitos de los que hoy son acusados, pero ninguna autoridad se atrevió siquiera a investigarlos.
Los casos de Javier Duarte de Ochoa y Guillermo Padrés Elías son recientes, el de Tomás Yarrington Ruvalcaba se remonta a unos años atrás.
El trío de exgobernadores (Duarte de Ochoa tiene licencia) son buscados en casi 200 países en los que se dio la alerta por parte de Interpol, aunque prevalece la duda sobre si serán localizados y cuando lo sean cuánto tiempo estarán prisión.
Y es que en México existen una serie de abogados famosos en este tipo de litigios entre el poder y los caídos en desgracia, donde, casi siempre, salen victoriosos los grandes despachos de litigantes.
Varios de ellos se frotan las manos ante las enormes ganancias que les da convertirse en defensores de políticos acusados de desvío de recursos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos de ese tipo.
Los dos gobernadores que se dieron a la fuga recientemente se encuentra ilocalizables, por el momento, aunque, eso sí, se presentarán amparados en caso de ser detenidos
El curioso caso de estos dos personajes, el priista Duarte de Ochoa y el panista Padrés Elías, son muy similares, ya que con anticipación se les señaló sobre lo que estaba ocurriendo en sus administraciones y nadie hizo caso.
Continuos eran los casos de violencia sucedidos en Veracruz, marcados por los asesinatos de casi 20 periodistas y la aparición de cadáveres en forma masiva, la desaparición de jóvenes, los secuestros y los enfrentamientos entre miembros y no de la delincuencia organizada.
Se supo de los malos manejos de varios de los funcionarios del gabinete estatal, de la escandalosa fortuna del secretario de Seguridad Pública, del decomiso de 25 millones de pesos que en efectivo trasladaron fuera del estado funcionarios de la administración estatal.
Los excesos se percibían por todos lados y como sucedió en Tabasco en el sexenio pasado se dejó de pagar a proveedores, a los mismos que se les pedía una comisión sobre el monto de los adeudos a cubrir.
El contante cambio de funcionarios y la rotación de los mismos hacía ver algo extraño en el proceder del gobierno duartista y aunque fue señalado en ocasiones varias, nadie respondía a esas señales.
Incluso cuando se filtraron conversaciones de funcionarios estatales mostrando signos de corrupción y de ilícitos, solamente fueron relevados para situarlos en posiciones de gobierno federal.
Una y otra vez se cuestionó a los varios prestanombres del gobernador, con nombres y señas de las propiedades, los mismos que hoy, años después son vinculados a esos hechos.
Así eran lo asuntos en Veracruz, donde el gobernador era dueño y señor de todo y respondía con altanería y prepotencia a los señalamientos que se le hacían.
Incluso cuando el gobierno federal fue alertado del quebranto de las finanzas estatales, del desvío de recursos, de la acumulación de propiedades del gobernador y su familia y hasta de su posible fuga, nadie reaccionó a tiempo.
Hoy Javier Duarte de Ochoa, al igual que Guillermo Padrés Elías, su símil, son prófugos de la justicia mexicana.
En el caso del exgobernador de Sonora, las denuncias fueron asimismo realizadas en su momento.
Inició con sus líos con la comunidad Yaqui, por cuestiones del agua e incluso duraron semanas los cortes en carreteras por ese asunto. Siguió con la construcción ilegal de una presa dentro de una de sus propiedades.
Más adelante se querelló con una empleada doméstica, acusada falsamente, por lo que fue dejada en libertad.
Vinieron los señalamientos de varias propiedades dentro del país y fuera de él, de parte suya y de varios de sus familiares y más delante de la crianza de caballos pura sangre, el otorgamiento de contratos privilegiados a familiares y amigos, durante su administración estatal.
En conjunto, tanto Duarte de Ochoa como Padrés Elías fueron señalados por actos de corrupción y hoy se encuentran prófugos, sin que se conozca si salieron o no del país.
Ahora son tres exgobernadores prófugos y tres más que se encuentran en la cárcel, aunque dos de ellos dentro de reclusorios nacionales y otro más en el extranjero.

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