No sorprendió la suspensión de los derechos partidista de Javier Duarte de Ochoa, lo que causó asombro fue hasta cuando se decidieron los priistas hacerlo y el porqué solamente se le aplicó a él.
Es cierto que del gobernador de Veracruz hay creciente sospechas de corrupción y se han presentado pruebas del endeudamiento de las finanzas públicas, de favorecer a amigos y familiares con contratos, pero todavía no es cosa juzgada.
El que sí se encuentra en prisión desde hace algún tiempo, pero, hasta donde se sabe, goza de sus derechos de militantes es el michoacano, Jesús Reyna García, quien gobernó como interino esa entidad antes los desatinos y enfermedades de Fausto Vallejo Figueroa.
Para algunos el PRI se precipitó para esa decisión, pero los más consideran que el partido reaccionó demasiado tarde, ya que fueron vencidos en los comicios del pasado cinco de junio.
El resultado del proceso electoral fue anticipado a los priistas que no creyeron la lectura de los distintos sondeos que anticipaban la debacle.
Confiaban en revertir el voto contrario al partido tricolor, mediante la postulación de un candidato alejado de la élite del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
El elegido fue Héctor Yunes Landa, quien desde tiempo atrás mantenía un enfrentamiento frontal con el gobernador Duarte de Ochoa, quien en el pasado le había arrebatado la nominación al gobierno del estado.
Yunes Landa estaba considerado un adecuado antídoto, toda vez que se encuentra vinculado cercanamente al que se anotaba como candidato de la alianza PAN-PRD, el hoy gobernador electo Miguel Ángel Tunes Linares.
Durante la contienda los primos hermanos Yunes que mantenían una cercana relación rompieron lanzas y se acusaron de todo, lo que fortaleció más Miguel Ángel a quien se le acusó de todo (corrupto, pederasta y hasta protector de la delincuencia) pero el efecto fue al revés, ya que no se presentaron pruebas de ninguno de esos casos.
Lo que si se pudo confirmar fue que la administración de Javier Duarte de Ochoa fue una mala gestión y que la ciudadanía ejercería un voto de castigo en contra del PRI, sin importar el nombre de su candidato.
Antes de ello, Javier Duarte había jugado una carta marcada, reducir la gestión del siguiente gobernador a dos años, para realizar comicios concurrentes en 2018, al tiempo que se eligiera Presidente de la República y Congreso de la Unión, entrara la votación del nuevo gobernador.
El escenario se presentaba favorable para los priistas, ya que en esos tiempos no aparecía la crisis de credibilidad sobre el gobierno federal, ni ocurría la debacle del pasado cinco de junio, en que además de perder Veracruz, el Revolucionario Institucional sucumbió en otros seis estados del país.
Ahora la inercia anticipa la posibilidad que la ola arrastre al PRI en 2018 en esa entidad, ubicada como la tercera en población del país.
El gobernador de Veracruz fue advertido en muchas ocasiones sobre la amenaza que se cernía sobre su humanidad, ya que Miguel Ángel Yunes mantiene vigente su intención de actuar en contra de su persona y los miembros de su gabinete que han sido señalados como responsables del desfalco ocurrido en Veracruz.
Sin embargo, la pregunta que se hacen los militantes de base del PRI es si siempre su partido actuará a toro pasado y como revancha en contra de los gobernadores que perdieron la elección en sus respectivos estados.
Y es que en 1988, la medida fue tomada por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari en contra de tres gobernadores que perdieron en sus respetivos estados la elección presidencial.
Eran los tiempos de partido único, por lo que se consideró una afrenta que el candidato del PRI perdiera en Baja California, Estado de México y Michoacán.
De inmediato fueron relevados los mandatarios electos en las urnas y acomodados en cargos de segundo nivel y hasta tercero como fue el caso de Xicoténcatl Leyva Mortera. Mario Ramón Beteta y Luis Martínez Villicaña.
Sin embargo, no hubo una vergüenza mayor para ellos que el ser relevado de esos cargos, para remitirlos a otros de menor jerarquía.
Con todo y ello, mantuvieron su militancia, aunque después de eso no volvieron a ocupar cargos públicos y se retiraron a la vida privada.
En el caso de Duarte de Ochoa es el primer paso, la suspensión de derechos como militantes y se advierte la posibilidad de expulsión en el caso de que la PGR encuentre elementos para proceder en contra del todavía gobernador.
Con todo y ello, los militantes y cuadros dirigentes claman todavía por más sangre y esperan se proceda en contra de otros gobernantes catalogados como depredadores de sus respectivos estados.
El primero de ellos es Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, quien enfrenta diversas denuncias presentadas por el gobierno que lo sucedió, el de Jaime Rodríguez Calderón.
Con todo y ello, el PRI no ha decidido si actúa en contra de él y procede la misma medida ejercida en contra de Javier Duarte de Ochoa.
Es cierto que Medina de la Cruz ya salvó varias de las acusaciones en su contra y solamente se mantiene la de ejercicio indebido de la función pública, pero su situación judicial se presentó antes que la de Javier Duarte de Ochoa.
También se encuentran pendientes la de otros gobernadores priistas que recién terminaron sus mandatos o están por hacerlo como Roberto Borge Angulo, Quintana Roo; César Duarte Jáquez, Chihuahua y Egidio Torre Cantú.

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