Circula en las redes sociales un video de la ceremonia del Grito de Independencia que el pasado jueves 15 de septiembre encabezó el presidente municipal de Palenque, Chiapas, Carlos Morelos Rodríguez, en el que previo a los tradicionales “¡vivas!” a los héroes nacionales “que nos dieron Patria”, se le escucha una encendida arenga para “despertar el patriotismo adormitado” en contra del “sistema de gobierno corrupto”, de los “traidores” y “vendepatrias” a los que el munícipe chiapaneco imputa desde “las desapariciones forzadas” hasta “las reformas privatizadoras, las injusticias, los abusos y violaciones a los derechos de los indígenas”, por lo que exclama: “¡fuera Osorio Chong !, ¡fuera Manuel Velasco!, ¡fuera Peña Nieto!”.
Lo curioso es que el alcalde de este Pueblo Mágico no es militante de Morena, ni del PAN ni del PRD, sino que en julio de 2015 ganó con 14 mil 084 votos –casi 4 mil 500 sufragios arriba de su más cercano competidor– la elección municipal como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el aliado del PRI que en 2012 llevó a Peña Nieto a la Presidencia de la República y a Velasco Coello a la gubernatura de Chiapas.
El grito del edil de Palenque es un claro síntoma del hartazgo generalizado que existe en la mayoría de los mexicanos por tanta corrupción, impunidad, cinismo e ineptitud del grupo en el poder, al que ya se lo habían hecho sentir en las elecciones locales de junio pasado, en las que el PRI perdió 7 de las 12 gubernaturas en disputa, entre ellas las de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, donde no se había dado la alternancia en 87 años.
A ello parece obedecer el proceso de expulsión que le ha iniciado el CEN del PRI al gobernador Javier Duarte. La gran interrogante es si la suspensión de los derechos del veracruzano como militante será suficiente para “lavarle la cara” y lograr la regeneración del partido tricolor que lo reposicione ante los votantes en las elecciones de 2017 en el Estado de México –el terruño de Peña Nieto–, y luego en la sucesión presidencial de 2018.
Inclusive ni el procesamiento penal de Duarte bastaría para quitarle al PRI el estigma de corrupto que tan alto costo electoral le sigue representando, pues “una golondrina no hace verano”. Para que el partido tricolor tuviera posibilidades de retener la Presidencia de la República en 2018 y de ganar el año próximo las elecciones municipales de Veracruz y las gubernaturas del Estado de México, Nayarit y Coahuila, tendrían que expulsar y encarcelar también a todos los demás gobernantes y ex gobernadores denunciados penal y
públicamente no sólo de enriquecimiento ilícito sino por haber endeudado a sus estados y haber sido hasta cómplices de la delincuencia organizada.
¿Van a proceder contra el ex gobernador Fidel Herrera, actual cónsul en Barcelona y ex jefe político de Duarte? ¿Les suspenderán sus derechos a los ex mandatarios priistas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, investigados en Estados Unidos por sus presuntas ligas con cárteles del narcotráfico y por lavado de dinero? ¿Y qué con Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente del CEN del PRI, acusado por lavado de dinero en Texas y detenido en enero de este año en Madrid, España? ¿No acaso el diario San Antonio Express News acaba de reportar que la suegra de Moreira, Herminia Martínez de la Fuente, tuvo que entregar al Servicio de Impuestos del gobierno de Estados Unidos su residencia del condado de Bexar, valuada en 600 mil dólares, casi dos millones de pesos más que la mansión atribuida a la suegra de Duarte en Woodland, Texas?
Este martes, por cierto, líderes y legisladores federales del PAN emplazaron al PRI, al SAT y a la PGR para que procedan contra Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila, quien al igual que Javier Duarte acaba de ser exhibido mediáticamente por hacer pagos millonarios a empresas “fantasma”.
Por su parte, un día después de conmemorarse el segundo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, diputados federales del PRD presentaron una solicitud de juicio político en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y actual secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, acusado de alterar las pruebas de este artero crimen multitudinario que marcará para siempre a la administración del presidente Peña Nieto, representándole un alto costo político no sólo en México sino ante la comunidad internacional.
¿El dirigente nacional priista Enrique Ochoa Reza –a quien la oposición le está exigiendo que regrese la millonaria “liquidación” que indebidamente le pagó hace un mes la Comisión Federal de Electricidad por haber renunciado voluntariamente a su cargo de director general para buscar la presidencia del CEN del PRI– también promoverá la expulsión del ex gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, quien dimitió como titular de la PGR porque no pudo sostener “la verdad histórica” sobre este homicidio múltiple?
¿Y el senador Arturo Zamora Jiménez, secretario de Acción Electoral y miembro de la Comisión de Justicia Partidaria del CEN del PRI, no acaso perdió en 2006 la elección como candidato a gobernador de Jalisco porque fue vinculado con la delincuencia organizada? Si de veras va en serio el combate contra la corrupción, como afirmó ayer el dirigente estatal Amadeo Flores, ¿entonces después de sancionar a Duarte continuará la razzia contra todos los demás gobernantes que dañan la imagen del partido tricolor? ¿Llegarán hasta Peña Nieto, quien sólo tiene 26 por ciento de aprobación popular? A ver quién cierra la puerta.