NO SE VERIA mal que Javier Duarte de Ochoa solicitara licencia al Congreso local, para dejar su puesto en los siguientes meses.

Sería saludable para todos que el gobernador se separara voluntariamente como titular del Poder Ejecutivo, con la única finalidad de ponerse a disposición de las autoridades federales que supuestamente lo investigan por delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, malversación de fondos, desvíos de recursos, deuda pendiente, incumplimiento de un deber legal y otras lindezas de su gobierno.

Tendría tiempo, libertad absoluta y con fuero todavía, para dedicarse a trabajar en su defensa y demostrar que, efectivamente, no tiene nada que ocultar.

Pintaría su raya ante el golpeteo mediático y enfrentaría, con decisión, todas las presiones que se vienen ejerciendo desde hace mucho tiempo para que deje el cargo. Lo haría por mutuo propio y con la entereza que corresponde a un hombre que llegó a la gubernatura por decisión, se dice, de más de un millón y medio de votos encontrados en las urnas.

Nadie le tomaría mal a Duarte, que por primera ocasión, tomara el mando y diera el golpe de timón. Generaría el desenlace de un hecho inédito en Veracruz, y se adelantaría a los juicios del Congreso, al de la propia justicia federal, a la de su partido político que lo ha respaldado y al del propio pueblo veracruzano.

Poner en claro, de esa manera, que tiene la suficiente fortaleza para demostrar plenamente que nada es cierto de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha escrito y de todo aquello que le está investigando.

Pedir licencia, no sería doblegarse, ni tampoco síntoma de una debilidad política que lo ha puesto en el extremo de la decadencia. Pedir licencia, sería sano para todos, incluso para sus mismos hombres de confianza que ya no ven la forma de encontrar soluciones de defensa. Pedir licencia, sería como calmar los ánimos, darle un nuevo camino a la justicia, poner sus propios términos, sus propios límites y aceptar su propia realidad.

De todos modos, nadie piensa que pueda acudir al Congreso del Estado, para cuando se concrete la sucesión gubernamental, porque nadie piensa que pueda enfrentarse, aunque sea con la mirada a su más empedernido enemigo, que no es gratuito, que fue comprado por la falta de experiencia política y por la falta de asesores honestos que le hubieran impedido este momento.

Faltó, sin duda, quien lo hubiera dirigido. Quién le hubiera dicho que el poder político de Veracruz ya no era absoluto, como en tiempos en que no había un presidente de la república, priista.

Que imponer a un candidato a modo, no era la mejor solución al cuidado de las espaldas, como lo hiciera, con él, precisamente, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Pero los hubiera no existen. Son tiempos que se fueron y que nunca se pudieron o no quisieron aprovecharse. Y no es para reprochárselo, pues todos, en la vida, de alguna manera, tuvimos oportunidades que no quisimos, no pudimos y no estuvimos preparados para aprovecharlas.

Sin embargo, ahora, los tiempos que no se han ido, todavía, pudieran tomarse en serio y decidir con entereza lo que más convenga. Y lo que más conviene, sin duda, es partir, sin partir, simplemente, dejar el mando en otra persona y retirarse del escenario y en la privacidad ponerse a meditar sobre el mejor camino que tomar y esperar que la justicia divina lo perdone, porque la justicia del hombre, podría terminar con un juicio en su contra y tener como sentencia un buen tiempo recluido y olvidado por aquellos que no le fueron leales y que en lugar de respaldarlo, lo dejaron solo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo.

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LA COMISIÓN DE JUSTICIA partidaria del Partido Revolucionario Institucional, inicia este día sus reuniones para decidir sobre el destino político del gobernador Javier Duarte de Ochoa, así como de otro número indeterminado de políticos veracruzanos, que han sido señalados por haberse enriquecido ilícitamente en el gobierno que culmina en el estado.

Se dice que de estas reuniones, podría salir la decisión de expulsarlos a todos, de manera que no tendrían, a través de este partido, sus derechos vigentes para poder seguir en la vida pública electoral de México.

Este es un hecho, que muchos no le dan la trascendencia que merece, porque se dice que de todos modos, sería muy difícil que estos personajes volvieran a la entidad veracruzana, o en cualquier otro lugar del país, pues ya les basta las suficientes sumas de dinero que supuestamente, se han llevado de las arcas del estado. Decimos, como aclaración, que hablamos de supuesto, hasta en tanto las autoridades judiciales, no los declararen culpables legalmente.

Sin embargo, esta declaración del PRI, se sumaría a las tantas presiones que se vienen ejerciendo para que la justicia federal, haga su trabajo.

Tanto el gobernador, como los demás funcionarios que salieran culpados legalmente, perderían sus derechos partidarios y quedarían como políticos sin partido, incluso, para el gobernador, en los últimos días de su gobierno.

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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.

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