Vaya papelón el que tuvieron que hacer este miércoles el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, y el contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, quienes recibieron la instrucción superior de ir a defender lo indefendible en el noticiero radiofónico del periodista capitalino Ciro Gómez Leyva, quien sentó frente a los funcionarios del gobierno de Veracruz al director y al reportero del diario digital Animal Político, Daniel Moreno y Arturo Ángel, para que debatieran sobre la investigación periodística acerca de las 21 empresas presuntamente “fantasmas” que habrían sido beneficiadas entre los años 2012 y 2013 con 73 contratos por un monto de 645 millones de pesos, pero cuyos domicilios fiscales corresponden a otros giros comerciales y en las que los aparentes socios niegan tener participación.

Gómez Pelegrín y García Guzmán echaron mano de sus habilidades retóricas para intentar desmentir el reportaje cuya primera parte fue publicada este martes en ese medio electrónico nacional. El titular de la Sefiplan argumentó, por ejemplo, que todos los contratos se apegaron a los requisitos que exige la Ley de Adquisiciones del estado de Veracruz, a lo que el periodista reviró que se había contratado a “empresas fantasmas”.

“Casi les diría que estamos de acuerdo en todo”, reiteró el director de Animal Político, pero apuntó que “el problema es más complejo porque lo que estamos planteando es que hay empresas con domicilio fiscal falso y que tienen a personas que reconocen no ser socias de la empresa”.

Y es que a pesar de que el responsable de las finanzas y el contralor manifestaron que se trata de una información que data de 2014, que fue descartada por otro reportero –Víctor Hugo Arteaga– por considerar que no tenía fundamento, el director del diario digital insistió en que la información que manejan es verídica, y para respaldarla presentó el testimonio de una presunta socia de la empresa DeMarverCar, la cual negó su participación.

“No cambio ni una coma, lo que estamos probando es que hay socios que han dicho que no son socios; si tienen los padrones bienvenidos, dennos copia; nosotros lo que hemos probado es que los socios son de mentiras, las empresas son de mentiras, los contratos se adjudicaron seis meses después, ¡investiguen!”, les remarcó Daniel Moreno.

Por su parte, García Guzmán manifestó nuevamente que en la información que tiene la dependencia a su cargo, así como la de la Cuenta Pública de ese ejercicio, no destaca irregularidad alguna por lo que fue aprobada por la LXIII Legislatura local. El contralor insistió en que las empresas en cuestión cumplen con todos los requisitos legales para ser incluidas en el padrón de proveedores del gobierno de Veracruz, y que las adjudicaciones en todo momento se hicieron con apego a la ley. “De manera rotunda y categórica puedo decir que no hay ‘empresas fantasmas’, las empresas que contrata el gobierno de Veracruz. Con todo respeto a la labor periodística, no se ve la persona que habla, no cuestiono el trabajo, lo que quiero decir es que nosotros nos apegamos a derecho”, dijo el funcionario en referencia a la grabación que le pusieron con la voz de una supuesta “socia”.

El director de Animal Político insistió en que el problema, además de que no se les brindó la información completa solicitada, es que en varios casos las firmas que aparecen de las empresas en cuestión son falsas. Ello hizo que Gómez Pelegrín repitiera que en ningún momento existieron irregularidades en los procesos, donde además los Notarios Públicos son los que dieron fe y que fue la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que registró fiscalmente a las mismas para que pudieran operar comercialmente.

Además argumentó que en el caso de la información que se solicitó referente a los padrones de beneficiarios por parte de la publicación digital, no pueden hacerla pública para proteger la identidad de las personas, tal como lo ordena la ley respectiva. García Guzmán respaldó a Gómez Pelegrín, su ex subalterno en la Contraloría General del Estado, al sostener nuevamente la legalidad de los procesos de adjudicación de contratos. “No se adjudica ni se contrata un servicio si no está debidamente requisitado; hay un Subcomité de Adquisiciones que no sólo está conformado por funcionarios públicos sino también por representantes de las cámaras empresariales que estuvieron de acuerdo”, apuntó.

Sin embargo, el director de Animal Político les recordó que la discusión no estriba en los procesos legales de adjudicación, sino que éstos se otorgaron a empresas que no existen y retó a los funcionarios a revisar esta situación, pues les refirió que “estamos hablando de un estado que tiene 35 denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación”, lo que García Guzmán atajó de inmediato al puntualizar que “ninguna ha procedido”.

Aunque no lograron ponerse de acuerdo, el titular de la Sefiplan prometió que “si tenemos que revisar, lo haremos con mucho gusto, pero de entrada no puedo aceptar que se haya manipulado o hecho de manera ilegal las cosas”, pues reafirmó que en todo momento han actuado como lo marca la ley. Refrendó su postura “de respeto a ustedes, pero reitero que trabajamos con respeto a la norma”, remachó Gómez Pelegrín, quien estaría por ser “premiado” con una Notaría Pública al final del sexenio, mientras que a García Guzmán le ha ido muy bien en esta administración, incluidos sus hijos: uno, Ricardo García Escalante, el mayor, es alcalde saliente de Pánuco, y el otro, Rodrigo, fue funcionario de la SEV, del ICATVER y el año pasado fue nombrado director de Inversión Pública en la Sefiplan; ahora es candidato de la alianza priista a la diputación por el primer distrito electoral local.