Quiero amable lector evocar con un usted un clásico de la cinematografía nacional, para poner en contexto el tema que abordaremos, es el melodrama estrenado en 1948 “Nosotros los pobres” protagonizado por Pedro Infante en el personaje de Pepe “El Toro” junto a Blanca Estela Pavón quien caracteriza a Celia la “Chorreada”, la novia de un carpintero, quien cría a su sobrina personificada por Evita Muñoz en el personaje de “Chachita”, el argumento cinematográfico es de Ismael Rodríguez y Pedro de Urdimalas quienes llevan a la pantalla grande un melodrama radial que llevó por título “Una tumba para llorar” escrito por Urdimalas que fue de donde adaptaron la historia.
Es quizá la actuación de Jorge Arriaga García, actor michoacano la que paso a la historia del cine nacional al interpretar el personaje de Ledo “el tuerto” quien durante una riña en la prisión con Pedro Infante, acuña la frase que titula esta entrega, “¡Pepe el Toro es inocente!” gritaba Arriaga convirtiendo a la misma en una escena inmortal.
Y he querido emplearla porque tras los señalamientos vertidos por el portal digital Animal Político bajo el título “Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones de pesos; entrega el dinero a empresas fantasma” en donde se explica cómo un grupo cercano de funcionarios al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, entregaron contratos a una red de empresas fantasma para la compra de productos que debían destinarse a población vulnerable, pero que nunca llegaron a su destino. Esta investigación fue posible gracias al apoyo de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” y en la que se explica con lujo de detalle como realizaron dichas operaciones sin mayor miramiento ni tapujo.
Al listado de funcionarios que señala Animal Político se suman Edgar Spinoso, actual diputado federal y entonces ex oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública de Veracruz (SEV), Vicente Benítez, actual candidato de Nueva Alianza a la diputación local por San Andrés Tuxtla, Tarek Abdalá Saad, quien fue director de Finanzas y Administración de DIF y posteriormente tesorero de la SEFIPLAN y actual diputado federal; Noemí Guzmán Lagunes; Alberto Silva Ramos; todos quienes operaron y manejaron apoyos a través de empresas fantasmas que provocarían la contratación de al menos 73 contratos por un monto de 645 millones de pesos entre 2012 y 2013.
En esos años, funcionarios de la administración duartista habrían firmado estos contratos para la adquisición y distribución de bienes que, en el papel, serían destinados a personas en situación de pobreza, damnificados por desastres naturales, niños y ancianos. Pero que no hay constancia de que fueran entregados.
Aun cuando el mismo gobierno del estado ha salido al paso con un escueto comunicado calificando toda esta investigación como falsa, los cuestionamientos están ahí.
¿Dónde está el recurso destinado a cientos de obras y acciones?, ¿Dónde están específicamente las obras?, ¿Dónde los beneficiados?, ¿Cuáles son los municipios donde se aplicó el recurso?
Las respuestas evidentemente tardarán en llegar, como tardó en llegar todo en este gobierno, claro, con la excepción de la llegada de recursos para estos funcionarios, sus familias y sus cómplices, que hoy en pleno proceso electoral operan sin temor, ni tapujos para garantizarse un devenir tranquilo y sin presiones judiciales, porque ¿para qué sirve el ejercicio pleno del pinche poder? Si no es para enriquecerse bajo esta nueva filosofía.
A pesar de que las autoridades afirmen lo contrario, el rasero social ya los barrio, sabe que solo con embutes y con trampas volverán a ganar una elección, y sino solo observe las acciones que en plena “veda electoral” han emprendido, tazando incluso el valor del voto en hasta 10 mil pesos, en su afán por mantenerse en el poder.
¿Hasta cuándo permitirá el pueblo de Veracruz esta afrenta? O tendremos que seguir pregonando la máxima de Ledo “Pepe el Toro es inocente”… ¿y Javier Duarte?
Al tiempo.

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