El accidente petrolero en la planta Clorados III, de la empresa Mexichem, que produce vinilo en el complejo petroquímico Pajaritos, al sur de Veracruz, en el que van 28 muertos y siguen algunos heridos graves, es el primero de gran magnitud que ocurre en la apertura de la reforma energética nacional.
Aún se desconocen las causas del siniestro que hizo volar la planta.
Tampoco es el primero en el complejo Pajaritos; uno de semejante magnitud se tiene registrado en la misma unidad clorados III y que voló incluso un edificio completo de oficinas administrativas con saldo de seis personas muertas, hace ya un cuarto de siglo.
Ha habido otros incidentes de fuerte impacto y riesgo en esa zona de complejos petroquímicos, tanto en Pajaritos –y su terminal marítima- el Morelos, Cangrejera en Coatzacoalcos y en el de Cosoleacaque, e incluso en la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán.
La industria petrolera es de muy alto riesgo como está más que documentado. Cualquier falla en los múltiples equipos, ductos, generadores, trenes, enfriadores, pueden ocasionar percances que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y empleados y destruir instalaciones.
Hay que recordar que se manejan altas temperaturas en la intrincada red y cualquier falla física, química, eléctrica, humana, puede ser un detonante como se aprecia en el reciente percance de Clorados III.
Aun van a tardar en definirse los motivos de esta explosión, son peritajes extenuantes aunque con las tecnologías modernas hay un registro de cada uno de los procesos de producción. Eso sirve indudablemente para evitar en la medida de lo posible, errores que cuestan tanto en todos los órdenes.
Lo cierto es que son protocolos de seguridad cada vez más rigurosos con experiencias no sólo nacionales sino del mundo entero.
Hay que reconocer, eso sí y contra lo que muchos puedan considerar en contrario, dados los bajos índices de credibilidad que se manejan, que en estos complejos petroquímicos y en las refinerías del sur de Veracruz y de todos el país, los especialistas, técnicos y trabajadores están muy avezados en la seguridad y la tecnología ha disminuido muchos riesgos mayores porque allí ahora sí que diario se juegan la vida.
Toca a esa empresa privada que adquirió esa unidad del complejo de Pemex en Pajaritos, revisar muy a fondo cómo están operando los procesos y controles de producción y responder a las familias de las víctimas y a los que seguirán laborando allí.
Pemex ha registrado fuertes accidentes industriales, se recuerda el derrame en la sonda de Campeche, el descontrol del pozo Ixtoc, que llevó casi un semestre controlar; la fuga de gasolina en Guadalajara; la explosión de las esferas de combustible y gas en San Juanico, en Ecatepec; la explosión de la planta gasera de Pemex en Cactus, Chiapas, éste, de acu7erdo con los expertos de Pemex, el más grave en la historia industrial.
Las repercusiones económicas y sociales son enormes, corresponde a las instancias políticas dar un seguimiento puntual a los cambios en los sectores industriales en todos los ámbitos, uno de ellos sin duda el de la seguridad y la protección civil.
Atraque 1: Ahora que se habla de industrias, en muchas partes del país las leyes en materia de seguridad, protección y contaminación son lamentablemente letras que no se cumplen como debiera, prevalecen intereses entre autoridades y empresas, aquellos hacen como que revisan y los otros hacen como que cumplen. Hasta condicionan: empleo o apego a las leyes.
Atraque 2: Los resultados de la investigación de Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, presentado ayer ante los medios de comunicación, sacaron chispas en el gobierno. Hay que estudiar hasta el fondo las conclusiones, dejaron en claro que no vinieron a sorprender a nadie sino a entregar un informe técnico, científico y de recomendaciones sobre una estructura judicial muy endeble, con fallas en los procesos de integración de averiguaciones y muchas inconsistencias en los derechos humanos. A ver cómo responden los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.