Por varios meses la Universidad Veracruzana ha demandado al gobierno estatal el pago de subsidios atrasados y un incremento al presupuesto. Y el gobierno ha hecho como que le habla la Virgen.
Los roces entre Javier Duarte y la rectora Sara Ladrón de Guevara no son cachondos ni mucho menos, sino broncas estilo conyugal donde se han sacado los trapos al sol delante de los vecinos.
Todo comenzó en septiembre del año anterior cuando doña Sara dio a conocer que los fondos federales del 2008 al 2015 retenidos por el gobierno estatal a la UV habían aumentado de 867 mdp a 2 mil 58 millones de pesos.
Javier Duarte contestó que la Universidad Veracruzana es una institución autónoma que tiene sus propios recursos, y que la lana que le suelta la administración estatal (cuando hay) es nomás de buena onda y de manera “solidaria y generosa”.
La rectora reviró y dijo que hablaba de los recursos federales etiquetados para la UV y no de los recursos estatales que ya daba por perdidos.
Como la bola de nieve iba creciendo ambos tuvieron una reunión de esas que tienen los esposos cuando ya no hay más remedio que el divorcio, y que llaman eufemísticamente de “advenimiento”. De acuerdo con el boletín informativo “fue un encuentro cordial y dejaron claro que no existen diferencias, ni mucho menos un distanciamiento…”. Pero lo cierto es que ya andaban a la greña.
En esa reunión acordaron que las diferencias económicas se verían entre la Dirección de Finanzas de la UV y la Sefiplan quienes se pondrían de acuerdo para determinar los montos y los plazos para su cumplimiento.
Pero esto nunca sucedió a cabalidad y el adeudo siguió crece y crece.
Como la UV insistiera con el pago, Duarte mandó a Flavino Ríos con una atenta misiva para la rectora donde le dice que si el Estado le debe a la UV 2 mil millones de pesos, la UV le debe al Estado 3 mil 433 millones de lo mismo. Entre otras cosas porque no ha pagado los impuestos de cinco años a la fecha.
Pero si Flavino pensó que con eso iba a acalambrar a Sarita, se equivocó. Ésta contestó con dos denuncias penales y un amparo promovidos por la UV, para reclamar la entrega de 2 mil 76 millones de pesos al gobierno duartista, los cuales corresponden a un rezago acumulado que representa casi 50% de su presupuesto para 2015, y violaciones al derecho humano de acceso a la educación, al reducir su presupuesto para este 2016 en casi 7% con respecto al asignado el año anterior.
Y pregúntame, lector, quiénes fueron los acalambrados.
Horas después el titular de Sefiplán, Antonio Gómez Pelegrín y Flavino Ríos, ofrecieron una conferencia de prensa donde el primero manifestó que el gobierno de Duarte podría proceder legalmente para exigir a UV que cubra el recurso del dos por ciento a la Nómina y el pago a pensionados.
Pero más tardó Gómez Pelegrín en soltar su amenaza que los abogados de la UV en contestarle que cada vez que llegan las partidas federales para la Universidad, el gobierno estatal toma de ahí el dinero para pagar a Hacienda. Y si no se han pagado esos impuestos es bronca de Sefiplan y no de la UV.
Como se puede observar, el divorcio es inevitable, pero Javier Duarte tiene dos problemas. Uno, la UV tiene abogados más fregones que los que tiene el gobierno estatal y dos, si es verdad que el gobierno estatal está reteniendo, que ya se gastó o que está jineteando recursos federales etiquetados para la UV, eso es un delito federal que se persigue de oficio.
Por otro lado, Héctor, José y Miguel Ángel Yunes, manifestaron públicamente su apoyo a la UV y exigen que el gobierno pague los millones que debe. En el mismo tenor se pronunció la senadora Erika Ayala y hasta (quién lo dijera) el diputado Adolfo Mota.
Si bien es cierto que Sara Ladrón de Guevara no es muy popular entre la comunidad universitaria, a la hora de defender a su alma mater los estudiantes son muy unidos y muy bravos. No tardarán en salir a las calles a manifestarse apoyados por otras universidades del país, y si esto se sale de control… aguas.

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