Hace más de cuatro meses, el 6 de julio pasado, el ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz, el C.P. Mauricio Audirac Murillo, le solicitó por escrito a su sucesor en la Contraloría General del Estado (CGE), Ricardo García Guzmán –con copia dirigida al gobernador Javier Duarte de Ochoa–, le hiciera saber mediante los procedimientos que establece la ley, las presuntas acciones u omisiones que se le imputan durante su desempeño como contralor en el periodo comprendido del 10 de octubre de 2013 al 21 de julio de 2014, a efecto de que pudiera encontrarse en aptitud de emprender una adecuada defensa legal de su prestigio personal y profesional.

“Después de 15 días transcurridos desde la fecha de sus afirmaciones, no he sido notificado sobre ningún procedimiento iniciado por la dependencia que usted encabeza. Lo anterior no sólo causa una enorme extrañeza, sino que conlleva un estado de incertidumbre que me lesiona a nivel personal y de mi entorno familiar y de negocios, dado que, como usted puede entenderlo, sus aseveraciones han provocado desasosiego en los clientes que acuden al despacho que me honro en encabezar desde hace más de 20 años”, le exponía en su misiva dirigida al ex alcalde y ex diputado local por Pánuco.

Audirac, quien a finales del sexenio pasado y al inicio de éste se desempeñó también como titular del Órgano de Fiscalización Superior del estado (ORFIS), emplazó a García Guzmán a que “en caso de que sus expresiones en contra de mi persona hubieran sido indebidas e infundadas, le pido retractarse públicamente de ellas, a fin de resarcirme del descrédito que sus manifestaciones me causaron en los ámbitos familiar, personal y de negocios”.

La reacción de Audirac fue por la conferencia de prensa a la que dos semanas antes había convocado el contralor para dar a conocer la lista de los funcionarios y ex funcionarios que estaban sujetos a investigación por haber incurrido presuntamente en “omisión” en la entrega de información que solventaba la aplicación de recursos públicos federales, lo cual había generado observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno del estado de Veracruz en los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010.

Y es que días antes, el 22 de junio, también ante los medios de comunicación, el gobernador Duarte de Ochoa había salido a atajar las versiones periodísticas de que la Procuraduría General de la República estaba por ejecutar órdenes de aprehensión en contra de una veintena de sus colaboradores por presuntos desvíos de más de 5 mil millones de pesos de diversos fondos federales denunciados por la ASF. “Ahora es tiempo de informar, de poner las cosas en su correcto contexto, en su justa realidad. Hacerlo para que los veracruzanos y de manera particular, aquellos actores políticos que en su momento y actuando de buena fe y actuando erradamente, conozcan con detalle de este tema. No más verdades a medias ni mentiras disfrazadas de manto legaloide”, dijo el mandatario priista, quien lamentó que la imagen del gobierno del estado se haya visto lesionada ante las instancias fiscalizadoras federales y ante la opinión pública derivado de la falta de atención, omisiones, negligencia e irresponsabilidad en que pudieron incurrir servidores públicos.
“Hoy deben responder quienes no entregaron la información que acreditaba la correcta aplicación de los recursos federales en el momento que debieron haberlo hecho. Deben responder quienes han fallado a Veracruz. Lo harán de conformidad con los postulados de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que rige el ámbito de su actuación aquí en Veracruz. Se han iniciado procedimientos disciplinarios administrativos”, anunció, lo que horas después salió a confirmar el contralor violando presuntamente la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Veracruz, las cuales establecen que cualquier dato de una investigación que no ha causado estado no puede ser dado a conocer. Esta hipótesis, incluso, fue confirmada por el todavía consejero presidente del IVAI, José Luis Bueno Bello, quien por ese entonces dijo que los afectados en sus datos personales podían proceder en contra de García Guzmán.
Pero este lunes 23, el panuquense, quien compareció ante el Congreso local con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno, informó que Mauricio Audirac fue inhabilitado por 10 años para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público estatal, aplicándosele, además, una sanción económica por 29 millones 383 mil 981 pesos. Y puntualizó que la sanción administrativa contra el ex titular de la Sefiplan y de la CGE está fundamentada en los artículos 46 y 53, fracciones 2 y 6, y el artículo 56 fracción 5 y 6 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, mismos que marcan que fue omiso en su función como Contralor General del Estado.

Sin embargo, el ex tesorero y ex subsecretario de Egresos, Carlos Aguirre Morales, quien según versiones periodísticas se hizo inexplicablemente multimillonario en las últimas dos administraciones, sólo fue inhabilitado por 3 años. Jesús Guillermo Villegas, quien ha sido señalado públicamente como miembro de la mafia administrativa que opera en la Secretaría de Salud, fue inhabilitado por un año. Y otros nomás recibieron una simple “amonestación pública”, como el ex procurador fiscal Juan Manuel Corral Verdugo; el ex contralor interno de la SEV, Margarito Reyes Ortiz; la ex directora de Control, Evaluación y Auditoría de la CGE, Rosalba Aguilar Alonso; la ex directora de Auditoría General de la CGE, Mariely Méndez Castillo, y Eduardo Cárdenas, un protegido de Aguirre Morales.

¿Acaso la saña contra Audirac tendrá que ver con esa versión palaciega de que también habría sido “omiso” en entregar a los enlaces de la ASF otra información más “completa” y “efectiva”?