“La mejor arma de una dictadura es el secreto... la mejor arma de una democracia debe ser la apertura”.
Niel Bohr


La Procuraduría General de la República ha colocado ya en su página de internet una “versión pública” de la averiguación del caso Iguala. No es que las autoridades mexicanas súbitamente hayan aceptado la transparencia. Los juicios en México siguen siendo mantenidos en una dañina oscuridad. En esta ocasión la información se hace pública porque el caso ha sido considerado como una violación grave a los derechos humanos.
Un viejo precepto jurídico nos dice que las averiguaciones deben ser privadas y los juicios públicos. Una averiguación obliga a investigar posibles conductas ilícitas de personas que pueden resultar inocentes. Éticamente es incorrecto divulgar acusaciones mientras no haya pruebas. Una vez que las averiguaciones pasar a formar parte de un juicio, sí deben volverse públicas porque la sociedad tiene derecho a saber si las pruebas son fidedignas. En México, sin embargo, las averiguaciones se vuelven públicas a fuerza de filtraciones mientras que los juicios son secretos porque las autoridades se niegan a abrirlos.
En otros países los juicios son siempre públicos. En México se niega el acceso a los expedientes a todos menos a las partes. Muchos jueces sostienen que este secreto es importante porque de otra manera los juicios serían influidos por la opinión pública. Pero presión pública hay en todos los juicios importantes. Cuando se prohíbe el acceso a los expedientes, la presión simplemente se ejerce con menor conocimiento de causa.
La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información establece hoy una excepción al secreto. En su artículo 5 señala: “No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad”. Por eso el Instituto Nacional de Acceso a la Información ordenó a la PGR que diera a conocer una “versión pública” de la averiguación de los hechos de Iguala. Esta información está siendo usada para los juicios de un centenar de personas a quienes se ha acusado de complicidad en el secuestro y presunta ejecución de los normalistas de Ayotzinapa.
El expediente es enorme. Consta de más de 54 mil fojas en 85 tomos y 13 anexos. La elaboración de la versión pública requirió del trabajo de siete meses de 100 servidores públicos. No es un proceso fácil ni barato.
Al ordenar la publicación del expediente el INAI reconoce que la divulgación de los detalles de un caso ayuda en vez de afectar el objetivo de conseguir justicia. Éste debería ser el criterio que se aplicara en otros tipos de casos. El que los juicios sean públicos en Estados Unidos, Canadá o Francia es una garantía de limpieza. La oscuridad de nuestros juicios no ha hecho más que facilitar la corrupción. Cuando jueces y secretarios de juzgados tienen la certeza de que sus actuaciones no serán objeto de escrutinio público sufren una mayor tentación de manipular la justicia.
El secreto no sólo genera corrupción sino también desconfianza. Ahí está el caso del llamado quinto autobús del caso Iguala. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes afirmó que la PGR no había considerado lo ocurrido con ese quinto autobús secuestrado por los normalistas de Ayotzinapa el cual pudo haber sido empleado para tráfico de drogas. Resulta que esa vertiente sí se investigó, lo cual “no se hizo público -según el subsecretario Roberto Campa-porque podría llevar a criminalizar a los jóvenes” (La Razón, 12.10.15).
El que los juicios sean públicos no es garantía de justicia, pero la experiencia nos dice que es más fácil obtener justicia cuando los procesos son abiertos. Si esto es cierto en casos de violaciones graves de derechos humanos, también lo es en todos los demás.

Reto de la CNTE

Ayer la CNTE lanzó su gran reto al Estado mexicano. No logró la derogación de la reforma educativa, pero sí afectó a cientos de miles de ciudadanos en distintos puntos del país.

Twitter: @SergioSarmiento



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