Veracruz está viviendo un periodo marcado por la judicialización de la política, aunque el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, se queje de que sus detractores estén politizando asuntos de índole judicial.
Los casos abiertos contra políticos en activo, todos ellos enemigos del régimen, se han dado en racimo. El hormiguero político provocado por los expedientes abiertos en la Fiscalía ya empieza a generar un grave impacto en la endeble estabilidad de un estado en que el inminente proceso preelectoral para definir candidaturas al gobierno estatal está poniendo a todos de punta.
A la rápida respuesta para investigar un posible enriquecimiento ilícito del alcalde boqueño Miguel Ángel Yunes Márquez, cuyo acoso comenzó con la semana y siguió con su comparecencia ante el agente ministerial Guillermo Altamirano Bencomo el martes (derivado de la denuncia presentada por diputados locales del PRI que distan de ser blancas palomas), se ha sumado de inmediato el inicio del juicio de procedencia para desaforar al diputado local Renato Tronco Gómez, señalado como autor intelectual del homicidio en junio de 2006 de Alfredo Pérez Juárez, regidor de Las Choapas durante su mandato como alcalde.
Las reacciones del alcalde panista, cuya persecución judicial obedecería al deseo de provocar una descalificación de su padre en su intento por pelear la candidatura blanquiazul a la gubernatura en 2016, y del folclórico diputado local por Coatzacoalcos II, quien se ha apuntado para contender como candidato independiente al mismo puesto, han mantenido a la entidad en el mapa político nacional.
El primero ya ha dicho que peleará ante la justicia federal un amparo que impida su detención, porque las condiciones están puestas para que el Congreso local dé curso a su desafuero, mientras que Renato Tronco ha reaccionado de manera inmediata con el bloqueo de carreteras en el sur, particularmente la que une a Veracruz con Chiapas.
Si a ello unimos otros asuntos que han puesto en el torbellino político al gobierno de Javier Duarte de Ochoa, como la inminente aprobación del incremento en 50 por ciento al impuesto a la nómina, que este jueves sería aprobado para pasar del 2 al 3 por ciento, y la confrontación abierta con el senador Héctor Yunes Landa (quien este miércoles se ha sumado al rechazo al incremento fiscal), en los próximos días tendremos que ver la capacidad jurídica y política del gobierno estatal para ganar en tantos frentes de batalla como los que ha abierto.

El oportunismo político de las denuncias

No quiero decir con esto que los casos de solicitud de desafuero contra un alcalde panista y un diputado local ‘independiente’ carezcan de razón jurídica.
Es posible que, en efecto, los famosos Yunes del estero deban explicar el origen lícito de sus fortunas, a la vista de las cuantiosas inversiones hechas en sus bienes inmuebles, o que Renato Tronco deba responder ante la justicia por la acusación de autoría intelectual del asesinato de quien fuera regidor en su mandato municipal en 2006.
Lo extraño es que ambos procesos se hayan abierto en los meses previos a la selección de candidatos a la minigubernatura y al proceso que podría abrir la puerta a la alternancia política en una entidad que no la ha conocido en ocho décadas.
De 2006 a la fecha, Renato Tronco Gómez ha impuesto su ansiado cacicazgo en Las Choapas y otros municipios sureños, no solo con el consentimiento sino incluso con la complacencia y el respaldo político y financiero de los gobiernos estatales priistas, marcadamente el del exgobernador Fidel Herrera Beltrán quien logró atraerlo a sus filas y es señalado de apadrinar los fervores electorales del peculiar dirigente social.
El 5 de junio de 2006, en pleno inicio del gobierno fidelista, fue asesinado Alfredo Pérez Juárez; los dos asesinos materiales, que purgan una condena de prisión de 25 años, habrían señalado en sus declaraciones ministeriales al entonces alcalde choapense Renato Tronco Gómez como el autor intelectual.
En pleno idilio político con Fidel, el ahora aspirante a la candidatura independiente por la gubernatura no fue tocado ni con el pétalo de la sospecha y, hasta donde sabemos, no se le siguió investigación ministerial alguna por su posible involucramiento en ese hecho sangriento.
En los largos nueve años que median con el hecho criminal, Tronco Gómez ha sido alcalde por segunda ocasión y diputado local por el PVEM, partido del que se desafilió en la Cámara de Diputados para actuar por la libre; ha buscado su ‘doble’ para que le ayude en su trabajo político y disfrutar del don de la ubicuidad, ha repartido dinero y dones por varios rumbos del estado, particularmente en zonas rurales y serranas, y ya se ha lanzado a la búsqueda de ser candidato independiente el próximo año, respaldado por Tronco Marca Líder y Grupo Suma Choapense.
¿Por qué nueve años después, a raíz de la renacida denuncia de la viuda del regidor, la Fiscalía veracruzana ha retomado el caso y ha solicitado al Congreso local se le inicie juicio de procedencia para lograr su desafuero y llevarlo a juicio? ¿No era su posible candidatura independiente una fórmula fidelista para reducir votos a los candidatos de izquierda en 2016, como se señala que la de Gerardo Buganza es un ardid para restarle votos al panismo?
La airada reacción de Tronco Gómez ha despertado un sinnúmero de suspicacias. Este miércoles, unos 100 de sus simpatizantes bloquearon parcialmente la carretera federal Las Choapas-Ocozocuautla en apariencia por el incumplimiento del gobierno estatal de promesas de obras y apoyos, afectando gravemente a miles de automovilistas y transportistas. El móvil del grave bloqueo que ayer cortaba la circulación entre el centro y el sureste del país, no cabe duda, ha sido en respuesta al anuncio de la Fiscalía de que ha iniciado el proceso para desaforar a su dirigente.
Tronco Gómez, con ello, en lugar de amilanarse, halló un efectivo mecanismo para hacerse propaganda con vistas a su proyecto de participar en el proceso sucesorio.

Fidel Herrera, ¿el mejoral para el PRI de Veracruz?

En medio de tanto barullo político y judicial, este miércoles ha trascendido que el exgobernador Fidel Herrera habría sido llamado por el dirigente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones, para que opere como delegado del CEN en el mismísimo estado que dejó hundido en su mayor desgracia financiera.
En un despacho informativo firmado por un tal Víctor Hugo Arteaga, además de dar por hecho el nombramiento de Beltrones, se atribuye al cuenqueño el triunfo priista en los comicios federales del año pasado en Oaxaca, al haber logrado cerca de 300 mil de votos, con lo que venció al PRD y se adjudicó nueve de las 17 diputaciones federales.
Calificada como una vacilada, como un calambre tanto a priistas que le habrían despojado de la fidelidad jurada (incluido el gobernador Javier Duarte de Ochoa) como a los panistas, a quienes les pondrían enfrente al mayor enemigo de Miguel Ángel Yunes Linares, la versión generó inquietud en varios y una sonora carcajada en los que hace tiempo cavan la tumba para enterrar al cadáver político del de Nopaltepec. Pero, ¿de verdad está muerto políticamente? Que Dios nos agarre confesados.

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