El gobernador de cualquier estado de la república es la máxima autoridad; su voz es la del pueblo; la que representa los intereses políticos, sociales y económicos de la entidad que gobierna.
Es el garante de la legalidad y la seguridad pública.
Pero, ¿qué sucede cuando los sectores productivos, la gente pensante, la ciudadanía misma deja de creer en su mandatario? ¿Qué pasa cuando sus dichos no resultan creíbles “la mula no era arisca” y sus afirmaciones son puestas en tela de juicio?
La mañana de este lunes el ciudadano gobernador Javier Duarte salió a reiterar ante la opinión pública que la deuda pública rebasa los 40 mil millones de pesos “no tengo el dato exacto en estos momentos” y rechaza lo dicho por el senador José Francisco Yunes Zorrilla quien sostiene que el adeudo pública supera los 80 mil millones de pesos.
De paso le manda un contundente mensaje de “agradecimiento”, pero le recuerda que la reestructuración de la deuda es una responsabilidad del gobierno.
“En el caso particular de la reestructuración de nuestros pasivos, estamos analizándolo, es un tema que es facultad del gobierno del estado, el señor senador (Yunes Zorrilla) está haciendo una gran gestión (de reestructuración de la deuda), y la agradecemos, pero es responsabilidad nuestra, y la estamos haciendo con toda la seriedad y la importancia que esto conlleva, para mantener las finanzas públicas sanas”.
Algo así como “No te metas en lo que no te importa”.
En los últimos días la prensa afín a Duarte ha pretendido confundir a la opinión pública insistiendo en una conciliación y estrechamiento de las relaciones entre el gobernador y Pepe, situación que dista de ello. “No hemos fumado la pipa de la paz”, deslizó a sus allegados.
Precisó además que su gestión en favor de la restructuración de las finanzas la realiza a petición de la secretaría de Hacienda y Crédito Público y no motu propio.
Y sobre el tema de la deuda recalca:
“Son 44 mil 740.8 millones los registrados con el sistema financiero, pero deuda, hay que decirlo con todas sus letras, es toda aquella obligación que compromete recursos futuros; ahí solo estamos considerando lo que se pidió prestado”.
“Hay que sumarle todo lo que son estos instrumentos de PPS, de APS, hay que sumarle las presiones que por ley obliga el IPE, hay que tener en cuenta los adeudos con el IMSS y hay que tener en cuenta también los pasivos contingentes con contratistas y prestadores de servicios y proveedores. No hay una cifra clara pero desde luego que es mucho más de 44 mil 470.8 millones de pesos”.
Para Duarte, sin embargo, “no había que confundir deuda pública con la operación diaria del gobierno. Cuando hablan de otras cifras, todo mundo puede tener la cifra que quiera tener en la cabeza, pero los datos son duros, son lo que son y no admiten mayor polémica”.
La polémica, sin embargo, una vez hecha su declaración de prensa del mandatario empezó a rebotar en todos los ámbitos financieros.
El portal informativo “Al Calor Político” da cuenta de las fuertes afirmaciones del economista Hilario Barcelata, una de las voces más respetadas en el ámbito financiero.
“No señor gobernador, la deuda pública de Veracruz no es de 44,470.8 millones de pesos (mdp) Esa es sólo una parte. Su deuda es por lo menos de 72,933.3 mdp, sin considerar: pasivos laborales, pasivos de pensiones, laudos laborales, cuentas de orden, préstamos quirografarios, garantías de pago oportuno y los pagos por contratos para la prestación de servicios, que si bien la ley no considera deuda, si son montos que obligatoriamente debe pagar el gobierno año con año por la prestación de ciertos servicios, lo que los convierte en un pasivo en la práctica presupuestal”.
El especialista no se detiene al refutar los dichos del mandatario.
“No señor gobernador, durante su gestión no sólo se han solicitado créditos para la “reestructuración” de la deuda existente, también se han contratado créditos para otros fines”.
“Su gobierno ha concertado 23 créditos por un monto de 39,798 mdp, de los cuales 19 se obtuvieron con la banca comercial y tres fueron emisiones de certificados bursátiles. De estos 23 créditos, sólo tres de ellos, por un monto total de 9,600 mdp se contrataron para reestructuración de la deuda, los restantes 19 créditos, por un monto de 30,198, se contrataron para “inversión pública, según la información que brinda la SHCP”.
Con cifras y datos duros alude la ilegalidad de la deuda, el estancamiento económico, la generación de pobreza y el:
“No señor gobernador, la deuda no ha servido para lograr mejores servicios públicos o formar capital humano. Ha sido irresponsable endeudarse y no lograrlo”.
“Según Coneval en 2014: 3 millones 199 mil personas (40% de la población total) no tuvo acceso a los servicios básicos de agua, drenaje, electricidad y chimenea (cuando usan leña o carbón para cocinar). Lo cual representa un incremento de 6% comparado con 2012, es decir un aumento de 119 mil personas”.
“Un millón 129 personas no cuenta servicio de agua potable; un millón 208 mil personas carece de drenaje en la vivienda; 5 millones 469 mil de personas carecen de seguridad social, y 2 millones 221 mil personas sufren rezago educativo, lo cual representa un incremento de 11.4% comparado con 2012, esto es un aumento de 228 mil personas”.
Duele, no el saber que está equivocado el señor gobernador, eso lo supimos hace varios años, lo que duele es saber el estado de indefensión en que nos encontramos.
Ya el solo hecho de reconocer los más de 40 mil millones de deuda de entrada es grave debido a que es deuda que se ha traducido en el enriquecimiento de unos cuantos a cambio del engaño de obras que solo existen en el papel y los proyectos.
Son pues dos versiones de una realidad.
Por un lado airado el gobernador sostiene que la restructuración de la deuda compete al gobierno y por el otro no tendrá más remedio que aceptar la gestión del senador Pepe Yunes, que trae el tema por encargo.
Y esto no es politizar nada. No es una cuestión personal. Son simplemente números y realidades.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
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