Veracruz enfrenta un episodio político-gubernamental-administrativo como nunca en su historia, plagado de cientos de inconsistencias e irregularidades, tanto el gobierno estatal como los otros dos poderes (Legislativo y Judicial) que conforman la entidad sufren de un grave y severo descredito en los últimos años, por la injerencia e incidencia constante de quien detenta el poder Ejecutivo.

A lo largo de la presente administración estatal encabezada por el gobernador Javier Duarte, se ha documentado, como desde el ejercicio del poder, se propone, se invita, se designan acciones, nombramientos y cuanto pueda imaginar dentro de los otros dos poderes que ajenos al ejecutivo conforman el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Atribuible al francés Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, la doctrina de separación de tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial—, que fuera sugerida anteriormente por el filósofo inglés John Locke, brindaba la novedosa concepción del Estado, la cual en su momento se convirtió en una meta de las revoluciones posteriores contra el absolutismo monárquico identificado con los tiempos oscuros del medioevo, con el nombre de República.
De este modo, los liberales mexicanos encabezados por Don Benito Juárez hicieron posible que el modelo francés se implementase en nuestro sistema político, desde entonces existe esta separación que en todo el país se da, menos en Veracruz.

Y es que lo suscitado el pasado martes 30 de junio en el Congreso de Veracruz, es la confirmación evidente de que si se está en el ejercicio pleno del poder, la división de poderes, la república y todas las demás concepciones posibles dentro de un modelo democrático, se pueden ir al cesto de la basura.
Tras fijar posicionamiento y solicitar una moción suspensiva los legisladores de oposición pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN), Pardito de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT) expresaron su malestar ante la inminente aprobación – por mayoría- de los legisladores (PRI-PVEM-AVE y el independiente y maiceado Renato Tronco) del nuevo Código Electoral Estatal.

Tras tomar brevemente la tribuna, todos los legisladores de oposición decidieron abandonar el recinto legislativo ante la mirada inquisidora del maestro y presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien daba cuenta de la acción.

El resultado de la votación permitió que con 34 votos a favor y una abstención del priista Ricardo Ahued los veracruzanos vieran como se consumaba flagrantemente, tanto la Constitución del Estado así como el Reglamento interior del Congreso.

La reacción beligerante de los tambores de guerra sonaron al día siguiente, cuando el mismo coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Domingo Bahena Corbalá, acudió con todos sus legisladores a la sede nacional de su partido, para que desde ahí su dirigente Gustavo Madero, tuviera los elementos que buscaba para lanzar lapidarios comentarios en contra del gobierno y congreso estatal.

Gustavo Madero recalcó que el Congreso Local aprobó un proyecto de nuevo Código Electoral del Estado, que habría sido presentado seis días antes el 24 de junio.

En sólo cuatro días hábiles, los diputados del PRI consideraron que la norma de 425 artículos y quince transitorios, estaría suficientemente revisada; no obstante el Grupo Legislativo del PAN, y otros grupos de oposición (PRD y MC); presentaron diversas observaciones al Código que no fueron tomadas en cuenta.
Según sostienen los legisladores panistas el Código Electoral Veracruzano, es contrario al espíritu de la Reforma Político Electoral de febrero de 2014, pues atenta contra la autonomía e independencia del próximo Organismo Público Electoral Local (OPLE), al imponer que el nombramiento y remoción del Secretario Ejecutivo del OPLE, lo hará el Congreso del Estado (Artículo 114).

Por otra parte, en virtud del Noveno Transitorio, tanto los Magistrados, como el personal, los bienes muebles e inmuebles del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, será absorbido por este Poder; sin embargo, el nuevo Tribunal Electoral del Estado, cuyos Magistrados serán nombrados por el Senado de la República, no contarán con recursos etiquetados para cumplir su función, lo que pone en riesgo su independencia y autonomía respecto del Poder Ejecutivo del Estado, ya que estarán atenidos a los pocos o muchos recursos que la Secretaría de Finanzas les comparta.
Además, el Código Electoral contiene serios vicios de inconstitucionalidad al invadir competencias y otorgarle al OPLE facultades que le son propias al INE, como lo son la fiscalización, la regulación de coaliciones, las sanciones en materia de radio y televisión, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas, el servicio profesional electoral, la actualización del padrón electoral y muchas otras.
Sostienen los panistas que en virtud de las inconsistencias referidas, y ante la cerrazón de la mayoría priista de incorporar nuestras observaciones al dictamen; el Grupo Legislativo de Acción Nacional junto con otros diputados (PRD, PT y MC) decidieron tomar la tribuna para impedir un atropello legislativo, el cual no pudimos evitar y abandonamos el Recinto, incluidos el Vicepresidente y Secretaria de la Mesa Directiva.
Sin embargo, en un acto atentatorio al reglamento interior del Congreso y ante un craso error de quienes asesoran a la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia Ortega Arteaga en un afán por resolver el entuerto -calificado por los panista de autoritarismo-, continuó con el orden del día, que en ese momento correspondía tomar la votación en lo general del dictamen del Código Electoral; votación que ella ordenó, abriendo el tablero electrónico y declarando aprobado en lo general el Dictamen por 34 votos; violentando con este acto el artículo 26 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Veracruz, que señala que: comprobar el quórum, realizar el cómputo y registro de la votación y dar a conocer el resultado de éstas, es atribución exclusiva de la Secretaria, que en ese momento no se encontraba en la Mesa.
Por desgracia Montesquieu o Juárez están muertos, pero de estar entre nosotros abrían muerto de nuevo al ver como en Veracruz se legisla, la cerrazón, la falta de capacidad política y mucho más de consenso para permitir que su Congreso resuelva solo sus asuntos, son la evidencia de que el Poder Legislativo se ha subordinado al Titular del Ejecutivo, a quien le aprueban en fast track toda iniciativa que envía a ese poder Legislativo.
La norma electoral aprobada, es una clara muestra de que la mayoría en el Congreso de Veracruz se resiste a aceptar el nuevo esquema nacional, que libera a los órganos electorales locales de la injerencia de los gobernadores de los Estados que cuentan con mayoría en los Congresos.

Al tiempo.

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