No es la primera vez que Javier Duarte pone en trance a un dócil y acrítico Congreso local, pero lo que ha ocurrido en torno al reglamento de la nueva ley estatal de tránsito y seguridad vial (así, en minúsculas) parece superar toda barrera de meridiana torpeza política; tanto así, que uno podría sospechar que el escándalo mediático suscitado desde el 16 de junio en que fue publicado, tendría que explicarse como un inteligente distractor de la opinión pública.
La pregunta siguiente sería: ¿qué ha buscado ocultar? A no ser que se hubiera querido orientar a la opinión pública hacia un tema que cala en lo más profundo del bolsillo y, con ello, sacar de la agenda la abierta movilización de los aspirantes a la gubernatura, lo que se observa en la propuesta impositiva realizada teniendo a “Un mundo feliz” de Aldous Huxley como libro de cabecera, es que se lanzaron señuelos dictatoriales para, después, ‘corregir’ sobre las rodillas los aspectos más polémicos, dejando intactos los objetivos recaudatorios.
¿Qué corrigió la mal llamada fe de erratas? Aquellos artículos con los que los diseñadores de la ley y su reglamento pretendían criminalizar la protesta pública y convertirnos a todos los veracruzanos en rehenes de las policías estatales y municipales, aún si profesáramos la fe peatonal. También, llenarle el buche a las compañías aseguradoras y evitar que los cruceros urbanos mostraran, personificado en vendedores, limpiaparabrisas, menesterosos y artistas callejeros, el fracaso de las políticas económicas del país y del estado.
Me explico: en la Fe de Erratas publicada en la Gaceta Oficial de fecha 26 de junio, se corrigen y atenúan los artículos más polémicos, aquellos que afectaban, prohibían o limitaban garantías constitucionales como libertad de tránsito, libertad de manifestación y derecho al trabajo. De no haberlo hecho, se habría puesto en entredicho, mediante controversias constitucionales, todo el texto del reglamento.
Gracias a ello, con frases como “en la medida en que le sea posible”, se omitió la prohibición de pedir limosna o trabajar en los cruceros (“salvo que se ponga en riesgo la vida de quien lo ofrece o terceros”), la obligación de solicitar autorización para manifestarse en la vía pública con seis horas de anticipación, la indicación de caminar como borregos siempre en la acera derecha e, incluso, para el caso de los automovilistas, tener vigente una póliza de seguro por daños a terceros.
Además, algo que bien puede aplicarse en Corea del Sur, pero no por supuesto en nuestro país, es el precepto corregido de criminalizar a quienes salen a tomarse unas copas y caminan zigzagueando por las aceras de los centros urbanos y los caminos rurales.
Aquí cabe perfectamente lo dicho por la diputada panista Ana Cristina Ledezma López, quien calificó este reglamento como una “estupidez legislativa” que coloca de nueva cuenta a la Cámara local como una vergüenza nacional, porque miles de veracruzanos no tienen vehículo para ir a las cantinas, por lo que lo hacen a pie o en taxi o en camión, y quienes tienen auto son sancionados si lo conducen bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué el inteligente legislador buscó sancionar a los ebrios peatonales, sea que caminen con su borrachera a cuestas o busquen regresar a casa en un medio de transporte público?
¿MÁS DINERO A LA LICUADORA?
En cambio, no sufrieron una mínima modificación las exorbitantes multas que han generado la mayor preocupación entre quienes son propietarios o usan vehículos automotores.
Luego de la polémica por el impuesto al hospedaje, que este mismo mes puso en pie de guerra a las asociaciones de hoteleros del estado, esta nueva arremetida fiscal busca llenar los huecos dejados por años de desaseada administración de los recursos públicos.
Tradicionalmente, las multas de Tránsito y al transporte público han sido la tabla de salvación en momentos en que, por angas o por mangas, escasea el efectivo en la Tesorería estatal.
De pronto, como organización delictiva, de las oficinas de Tránsito salen con un ánimo voraz los agentes viales a cometer cualquier tipo de latrocinios en contra de los automovilistas y transportistas, para recaudar recursos frescos no considerados en la lista de impuestos, derechos y demás.
El problema más grave es que los principales afectados serán los veracruzanos de menores ingresos, los agricultores que tienen una camioneta vieja para llevar sus productos al mercado, el que comercia por las colonias o comunidades, el trabajador que maneja un auto viejo para llegar a su centro laboral, la ama de casa que transporta a sus hijos a la escuela y para ir al mercado.
Son tan altas (y tan pretensiosas) las sanciones por tener un vehículo viejo, que muchos paisanos no tendrán con qué pagarlas.
Veamos los problemas que van a enfrentar quienes tengan vehículos con más de una década de uso: en malas condiciones mecánicas (1,024 pesos), sin llanta de refacción (1,024 pesos), falta de silenciador de escape o mofles que no sean de fábrica (5,530 pesos), emisión de humo negro, azul o ruido en exceso (6,828 pesos), no saber cuándo no tocar el claxon (682 pesos), tener parabrisas roto o astillado (2,799 pesos), limpiaparabrisas disfuncional o inexistente (1,024 pesos), falta de retrovisores (1,024 pesos), llantas en mal estado (1,024 pesos), no traer extintor (682 pesos), no llevar herramienta (819 pesos), no tener señalización de emergencia (4,096 pesos).
Además, si alguien queda varado por falta de combustible (1,024 pesos), conducir ¡con luces apagadas después de las 18:00 horas!, cuando hay luz incluso cuando ya son las 20:00 horas (2,799 pesos), si prende sus luces pero los faros son distintos de los de fábrica (2,048 pesos), abandonar un vehículo con fallas mecánicas, lo que se hace normalmente cuando vas solo y debes ir a buscar a un mecánico (2,048 pesos). Como dirían en mi pueblo, las puras ganas de chingar.
Muchos campesinos y comerciantes preferirán dejar su vehículo en manos de los facinerosos vestidos de verde PVEM, pues el monto de las multas resultará mucho más alto que el precio de sus unidades.
Es al menos anecdótico que tras la victoria del PRI y su aliado en los pasados comicios, gracias al voto del hambre de miles de veracruzanos que cambiaron su sufragio por algunos centavos, ahora el gobierno priista vaya principalmente contra ellos, porque quienes tienen recursos para tener un vehículo nuevo, salvo que los agarren borrachos, hablando por celular, manejando temerariamente, provocando un choque o llevando sus estéreos con volumen nivel antro, poco tendrán que ver con el nuevo reglamento.
ADEMÁS DE DISCRIMINADORES, CHILLONES
Es una lástima que los altos miembros de la Arquidiócesis de Xalapa, en lugar de reconocer su pifia, como la de considerar una plaga a las madres solteras, como dijo Hipólito Reyes Larios en su homilía del domingo 21 de junio, ahora acusen complot de los medios de comunicación y señalen que los comunicadores (los medios son personas morales, señor Suazo) pecamos de calumnia, difamación y desinformación.
El cura (porque padres somos los que tenemos hijos) José Manuel Suazo Reyes, director del área de Comunicación, atribuye a un medio informativo de añadir al discurso el vocablo ‘plaga’. Lo cierto es que no fue un medio sino varios los que tuvieron reporteros durante la homilía y reprodujeron su dicho. El propio arzobispo ha aclarado que no dijo plaga, que dijo epidemia, como si hubiera habido una enfermedad que se hubiera propagado en el país.
Deberían disculparse y quedarse callados.

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