Se diría que ningún gobernador de Veracruz ha afrontado una situación –tan compleja y difícil en todos sentidos– como la que le está tocando vivir a Javier Duarte de Ochoa, que encara una crisis trágica con dos rostros igualmente adversos: el económico y el moral.
Es un hecho que la crisis moral precipitó la económica. Y es un hecho que ambas se agravaron recíprocamente sin que, por desgracia, el régimen haya mostrado un exceso de imaginación para superarlas teniendo en cuenta su interacción que es la causa de una creciente y bien justificada irritación popular.
No se niega que FHB es responsable de lo que nos hizo. Pero sobre él, está la responsabilidad del sistema, que ha dejado al arbitrio de su sucesor que ha ocupado el trono sexenal para que su reinado siguiera con lo mismo. Igual, pues, nos dieron con prudencia Rafael Hernández Ochoa, Murillo Vidal y un osado Gutiérrez Barrios, que gobernaron para Veracruz y un Herrera Beltrán, quien usó y abusó del poder como de una propiedad personal.
Si no hay mecanismos de vigilancia y control que regulen el comportamiento del que gobierna, si su poder es absoluto y no se enfrenta, pues, a ningún dispositivo de fiscalización ni de auditoría el agraciado con la sexenal corona puede hacer cuanto quiera y en la forma que lo quiera. El bueno será bueno porque así lo desee. Y el malo será malo porque nada ni nadie puede estorbar su soberana voluntad para el daño.
El 26 de septiembre del 2012 el mandatario estatal, a través de la LXII Legislatura, ordenó la elección del CP Lorenzo Antonio Portilla Vásquez como auditor superior del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado que fungirá hasta el año 2019. En el 2014, el lunes 20 de julio, Ricardo García Guzmán tomó posesión como Contralor general de la Contraloría general de Veracruz cuya función principal es la de obligar a los servidores públicos a hacer sus declaraciones patrimoniales.
Ambas dependencias tienen como tarea principal investigar y consignar los abundantes y escandalosos ilícitos que se hacen públicos. Ambas, también, deben responder al clamor generalizado de castigar, como debe ser, a funcionarios oficiales.
Pero no vemos, y tampoco sentimos ni a Portilla Vásquez ni a García Guzmán decididos a personificar el anhelo popular de que se castigue y se les haga devolver los bienes mal habidos a quienes se les señala que han cometido delitos de peculado, fraudes y demás delitos en el desempeño de funciones de gobierno o en relación sobornable con personajes de la iniciativa privada.
Ambos funcionarios se la han pasado haciendo que castigan a los infractores; haciendo oídos sordos al clamor del pueblo porque todos han entrado a la rapiña repartiéndose el botín: ORFIS, Comisión de vigilancia de la Legislatura, los Contralores internos y externos de cada ayuntamiento, la SEFIPLAN y hasta la Auditoria Superior de la Federación. Así, de norte a sur del Estado se cayó en el enriquecimiento ilícito, porque además los alcaldes han desviado recursos para financiar las recientes campañas electorales de diputados federales y en otras ocasiones de senadores, gobernadores y presidente de la República. Por eso todo apesta. Se ha actuado en contra de empleados menores pero nunca en contra de figuras grandes, peces más gordos en esa pesca de justicia y saneamiento moral.
¿Qué clase de normas administrativas han presidido las tareas de gobierno que permiten tanta libertad a los funcionarios de primero y segundo nivel para disponer de los fondos puestos bajo su manejo para fines concreta y específicamente fijados en los presupuestos y llevar a su casa o a sus cuentas bancarias lo que han querido?
No es ni siquiera imaginable, en una administración pública, esa facilidad otorgada a los funcionarios para, si así lo desean, vender hasta el edificio de su oficina sin que nadie se lo impida. Lo peor que le puede pasar es que, años después, un contralor o auditor celoso y honesto los descubra y pretenda castigarlo.
Bien sabemos todos que no puede impedirse que en determinado momento un cajero huya con los caudales que se ponen bajo su vigilia. Pero hay ciertas medidas para el caso de los funcionarios que debieran reunir una serie de requisitos legales y administrativos que no hagan del presupuesto y del sacrificio de los contribuyentes botín que haga millonarios a quienes tienen la suerte de ser amigos o cómplices de quienes distribuyen nombramientos como billetes de lotería con los premios garantizados.
No creemos que tanto el auditor general como el contralor del Estado deban estar muy preocupados por localizar y consignar a los autores de peculados, fraudes y toda clase de ilícitos, como de establecer, aún, normas administrativas que dificulten y hagan cada vez más difícil la realización de esos actos de los que estamos enterados, un poco a “toro pasado” y que contribuyan a hacer más honda y ancha la crisis que tantos perjuicios nos está causando a todos los veracruzanos.
Por otra parte la PGR simuló aplicar la justicia en malversadores en Veracruz, declaró a la prensa el diputado de la oposición, Hugo Fernández Bernal, al referirse a los candidatos priistas triunfadores en las recientes elecciones y que son señalados como saqueadores de los dineros del pueblo. Dijo: “triunfaron el domingo 7 y hoy se pitorrean de la gente que no cree en ellos. Alcanzaron un premio a la impunidad y la corrupción por la decisión de unos cuantos”.
Al fin de cuentas, todo lo debemos a la gracia -o desgracia- dispensada por la mano del monarca y nada a la ley que lo convierta en nuestro servidor y lo obligue al deber y la rectitud. La monstruosidad hace monstruos.

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