La gran reforma que le faltó a Enrique Peña Nieto, la que urge que se materialice porque el país ya no puede crecer más si se mantiene el estado de cosas y se deja en la impunidad a quienes se benefician de este delito (funcionarios públicos, empresas, partidos políticos y sindicatos, entre otros) es la de establecer reglas claras y rigurosas para la lucha contra la corrupción, que ha convertido al país en una tierra de nadie, donde no prevalece el Estado de Derecho y donde se estrechan cada vez más, hasta casi confundirse, Estado y delincuencia.
Ni duda cabe que es el tema más urgente en la agenda nacional, con un cariz incluso de revulsivo de la situación política, pues golpea al desarrollo económico, la justicia, la equidad y la seguridad pública.
No podemos pensar en que habrá una lucha frontal contra el crimen si los propios cuerpos policiacos están coludidos con quienes dicen combatir, si los partidos políticos establecen alianzas con los grupos criminales para financiar sus campañas electorales, si el nulo desarrollo económica arroja a miles de mexicanos a delinquir para su sobrevivencia, si buena parte de los recursos del erario son tomados como botín por los funcionarios públicos.
Con sus consabidas limitaciones, impuestas por los partidos políticos, es un avance que este jueves la Cámara de Diputados haya aprobado la Ley General de Transparencia (solo faltará su promulgación por el Presidente), y que paralelamente, haya salido de comisiones del Senado de la República, por 47 votos a favor y uno en contra, la ley que creará el Sistema Nacional Anticorrupción que la próxima semana tendrá en el pleno su segunda lectura para su discusión y aprobación en su caso.
La buena noticia es que esta última, en caso de aprobarse, fortalecerá las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), velará no solo por la transparencia de los recursos públicos en programas federales sino también estatales y municipales, y podría llevar a la responsabilidad penal que pudieran tener las personas morales (empresas) involucradas en actos de corrupción.
Aunque no se puede tener la certeza al respecto, una corriente fuerte dentro del Senado podría permitir una reforma al artículo 108 Constitucional para eliminar el fuero de los funcionarios, lo que permitiría una mayor rapidez en el ejercicio de la acción penal contra quienes incurran en actos de corrupción que involucren los dineros y bienes materiales propiedad de los mexicanos.
La ley general de Transparencia aprobada por 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención, en la Cámara de Diputados, cuyos integrantes se curaron en salud para que tenga efectos a partir del 31 de agosto (lo que evitará que se fiscalicen las enormes cantidades de dinero manejadas por el Congreso sin la menor norma de transparencia), obligará a transparentar y permitir el acceso a la información de los tres poderes, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, además de personas físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Las nuevas reglas y los nuevos sujetos obligados

La ley general de Transparencia aprobada por los diputados, luego de su tránsito y discusión en el Senado, contempla elementos que, si bien no reúnen todas las exigencias de las organizaciones sociales, empresariales y políticas y de los ciudadanos, sí apuntan al inicio del camino hacia un México sin impunidad. Ya sabemos que muy pronto habrá mecanismos funestos para nulificarla, pero constituye un paso importante.
¿Qué contempla la ley que espera la promulgación peñista? Hagamos un repaso:
1. Obliga a todos los órganos autónomos, dependencias, sindicatos y partidos a rendir cuentas y transparentar toda la información de los recursos públicos que manejan.
2. Senadores y diputados (federales y locales) estarán obligados a informar las remuneraciones completas que reciben, sus dietas, bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones.
3. Será imposible reservar información cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
4. Se establecerán sanciones a servidores públicos cuando declaren con dolo o negligencia la inexistencia de la información o cuando la reserva sin prueba de daño.
5. En este sentido, solo se clasificará como reservada la información cuya divulgación represente un riesgo en materia de seguridad nacional o a las políticas monetarias y financieras del país.
6. Transparenta las condonaciones fiscales.
7. Prevé la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, que contará con una plataforma en Internet para que los ciudadanos puedan consultar toda la información pública disponible, que deberán aportar todos los entes obligados.
La Plataforma Nacional de Transparencia deberá contar al menos con cuatro sistemas: de solicitudes de acceso a la información, de gestión de medios de impugnación, de portales de obligaciones de transparencia y de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.
Entre los temas que deberán incluir los sujetos obligados en dicha plataforma figuran: directorio de servidores públicos, remuneración bruta y neta de servidores públicos, gastos de representación y viáticos, número total de plazas y del personal de base, de confianza y por honorarios.
Grosso modo, tal sería la estructura de obligaciones de la nueva ley, un esfuerzo más por lograr contener una tendencia creciente de corrupción del Estado y las organizaciones políticas, empresariales y sindicales, y por amarrarle las manos a tantos funcionarios ladrones que menudean en todos los niveles de gobierno.
Ya veremos cuánto dura el mecanismo antes de que los involucrados establezcan puertas alternativas, pasos a desnivel, pasos mágicos y demás para sortear las limitaciones y los candados establecidos.
En Veracruz, ya hace falta una verdadera redada de delincuentes públicos.

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