Aunque las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación en los tres primeros años de la gestión del gobernador Javier Duarte de Ochoa han sido muy puntillosas, poniendo en la lupa posibles quebrantos en el manejo de los recursos federales durante 2011, 2012 y 2013, no han faltado las voces oficiosas que, movidas por recomendaciones interesadas, han tratado de correr el velo para explicar las declaraciones de la dependencia federal como una estrategia para desprestigiar y, con ello, debilitar al gobierno estatal con miras al muy próximo proceso electoral para la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Por supuesto, habría que analizar si las observaciones a las cuentas públicas de los años 2011 y 2012 también tuvieron ese inconfesable propósito, porque si también se le atribuyen esos móviles, los veracruzanos deberemos estar tranquilos y atajar y sustituir la pesadilla de la bancarrota del gobierno duartista con el sueño de un abominable complot de Enrique Peña Nieto contra el inocente gobernador jarocho.
Antes de esos comentarios que, extrañamente, tuvieron diversas plumas coincidentes, ya se había atacado al senador José Francisco Yunes Zorrilla por sus agudos señalamientos contra el gobierno estatal por la ya famosa ‘licuadora’, una cuenta concentradora que en los años de la presente administración ha servido para canalizar todos los recursos federales, sin importar a qué están etiquetados, para destinarlos a lo urgente o a lo que la voluntad gobernante le confiere mayor importancia.
Este manejo faccioso de los recursos públicos, carente de una visión de Estado y más bien cercano a la opacidad e, incluso, a cuestiones hormonales, está rompiendo con toda posibilidad de desarrollo para Veracruz.
Para mayor desgracia, derivado de ello, los recursos federales ni se destinan a las obras o programas sociales a los que van destinados, ni tampoco son usados a disminuir la pesada carga financiera. Por el contrario, llegado el momento de las observaciones, el gobierno estatal se ve obligado a reintegrar a la tesorería federal los recursos que no fueron usados en las obras y programas de destino, aunque se hayan usado para otros compromisos gubernamentales.

Que se entreguen directamente los recursos federales

Hace ya tiempo que varios sectores veracruzanos (y de otros estados, pero nos interesa el caso doméstico) se han pronunciado porque los recursos provenientes del gobierno federal se entreguen directamente a los destinatarios, cuando estos son los ayuntamientos, la Universidad Veracruzana y otros organismos que, para su desgracia, cuentan como su obligado intermediario al gobierno estatal.
Las penurias injustificables que viven todos los ayuntamientos (descontando tal vez a los consentidos del régimen) y las vicisitudes hasta para pagar la nómina a tiempo que vive la Universidad Veracruzana, podrían cancelarse si el gobierno federal les transfiere directamente los recursos que son destinados a ellos.
Es un tema en que, por ejemplo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha insistido en diversos foros pero no se ha hallado la fórmula para que el Congreso de la Unión establezca reformas y puntos de acuerdo que permitan esta línea de abastecimiento, sobre todo porque, salvo las universidades del Distrito Federal (UNAM, IPN, UAM, etc.), las demás universidades estatales dependen del gobierno local y reciben una buena proporción de su subsidio de las arcas estatales, por lo que se consideran del ámbito estatal.
Una solución debiera ser considerar a las universidades autónomas como entes que reciben subsidios estatal y federal, pero que no tienen como ente normativo ni al gobierno federal ni al estatal, algo que se complica porque los diputados federales generalmente obedecen a las instrucciones y líneas de comportamiento que marcan los gobiernos estatales.
En el caso de los ayuntamientos suena extraño que no se haya hecho factible una entrega directa de la Federación de los recursos de diversos fondos que hoy se destinan a través de las secretarías de finanzas y tesorerías estatales. Los municipios de Veracruz viven hoy un verdadero vía crucis porque el gobierno estatal no solo les retiene recursos que por ley deben transferirse a las comunas, sino que también les retrasa y, en la mayoría de los casos, les escamotea partidas destinadas a fondos como el de infraestructura municipal.
Antes esto también ocurría, pero aunque tarde siempre se les entregaban los recursos. Por eso, varios ayuntamientos se endeudaban con la banca de desarrollo o la comercial, llevaban a cabo las obras o las adquisiciones y, cuando les transferían los recursos, podían pagar los créditos contratados.
Hoy eso no es posible en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque el gobierno estatal utiliza los recursos de los municipios para pagar deudas, realizar acciones no presupuestadas o atender contingencias sociales o políticas. Cuando llega la presión de la Auditoria Superior de la Federación, se ve obligado a regresar los recursos que no se ejercieron en los rubros autorizados. Los ayuntamientos no reciben entonces esos recursos y deben cargar con el endeudamiento.
¿Sabe cuándo vamos a salir de esa espiral que nos ahorca? Yo tampoco.

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