Si en cada una de nuestras cabeceras municipales hay miles de concesiones de taxis y en cada una de sus congregaciones y ranchería hay cientos de ellas; dándose el caso de que existan en algunas de nuestras comunidades apenas pobladas por decenas de habitantes, más taxis que casas, y se siguen dando.
Si se ha permitido que las compañías de grúas invadan todo el territorio estatal, haciendo del arrastre abusivo y totalmente fuera de la ley, el gran negocio sexenal.
Si nadie parece vigilar la conducta de los delegados de Tránsito del Estado en cada municipio y es claro su contubernio con las grúas y las mafias de taxistas que se han creado a raíz de este mismo abotagamiento de la oferta del servicio hasta permitir que se atente en contra no solamente de la libertad de tránsito de unos en contra de otros y de su derecho al trabajo, de unos en contra de los otros , sino también en contra de la libertad personal y de tránsito de quien se ve obligado a contratar un taxi pues tiene que chocar en contra de los taxistas del rancho o la congregación o la ciudad donde va a llegar, pues no se permite que un taxi de fuera entre al lugar porque ése es territorio o feudo impenetrable y exclusivo de la mafia de taxistas de ese lugar.
Y, para agravar el problema, la respuesta de quienes no pueden entrar a tal o cual lugar es también cerrar su territorio a los que van a su lugar de concesión.
Unos y otros actúan – porque alguien lo está permitiendo y es su negocio- como si se les hubieran concesionado el lugar y su población como algo de su uso y propiedad y pudieran disponer de la libertad de las personas a hacer uso de un servicio que, como es dicho: es un servicio público.
Lo más grave es eso: Que se llegue a amenazar y atentar física y psicológicamente- con brutalidad- en contra de la integridad del pasajero.
Está pasando eso ahora en todas las comunidades existentes en el tramo carretero entre Cardel y Nautla. Muy notorio y visto, pues hasta la policía municipal les ayuda a los taxistas de Emilio Carranza y Vega de Alatorre, a no dejar entrar a sus pueblos a los taxis de Santa Ana y Santander, del municipio de Alto Lucero a quienes consideran extranjeros y no mexicanos, pues les niegan sus derechos a transitar libremente y su derecho al trabajo, alegando que son de otro municipio. Aunque están a menos de 10 kilómetros de distancia.
Lo más grave es que cuando el usuario protesta, se le baja del taxi, se le revisa en sus bolsillos, se le pega de espaldas en contra del auto y se le exige su documentación y, como si fuera narco o mafioso igual que ellos, se le reprende y amenaza violentamente y hasta quieren meterlo a la cárcel. Es apercibido del absurdo de que debe usar un taxi de donde va no de donde viene ¡hágame uste el refabrón cabor!
Lo más grave, dicen los quejosos, es que no pueden ocurrir a ninguna autoridad PUES: Tránsito Federal no se mete y se contenta con seguir cobrando su mochada de 50 pesos semanales a cada taxi de la zona –lo dicen los taxistas de un lado y del otro-. Al gobierno municipal, menos, pues es la policía quien hace los trasiegos y amenaza a las personas. Delegación de Tránsito, tampoco, pues ellos defienden y ayudan a cobrar a los de las grúas, con el apoyo de la policía vial. Si el taxista defiende su posición y al pasajero, le quitan el coche y hay quienes han tenido que pagar hasta 5 mil pesos de multa y acarreo teniendo que ir hasta la primavera, congregación del municipio de Misantla, donde está el corralón y deshuesadero de autos que no se recogen, a traer su taxi detenido.
En fin, que la situación es grave y ni a quién echarle la culpa ¿Será a quien está dando concesiones a lo bestia, sin importarle el problema vial que está ocasionando en todo el Estado? ¿A Tránsito del Estado, ocupado en hacer entrar dinero a las arcas públicas y le vale poco el encargo jurisdiccional que le han dado? ¿A las grúas que explotan al máximo esta concesión sexenal? ¿A la Policía Vial que ha encontrado un rico filón? ¿A las mafias de taxistas que están desesperados porque la competencia es apabullante y ya no es negocio lo que creían un fácil y cómodo modo de vivir?
O a pobres usuarios que ahora sí ¿quién podrá defenderlos?
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