Tras la asunción el pasado viernes de Luis Angel Bravo Contreras como Fiscal General del Estado, en pago al “esclarecimiento” de la muerte del “taxista” Moisés Sánchez Cerezo, poco impacto tuvieron los reclamos posteriores.
El caso fue cerrado con una verdad oficial.

Ni chance tuvo Amnistía Internacional de ser oída ante la instancia que ya no existe, la Procuraduría General de Justicia, por los resultados dados a conocer el 25 de enero de 2015, luego de dar cuenta del hallazgo sin vida del cuerpo sin vida del periodista Moisés Sánchez Cerezo, desaparecido desde el pasado 2 de enero.

Este sería el decimosexto caso de periodistas asesinados en Veracruz en los últimos quince años según datos de la organización Article 19.

Amnistía Internacional lamenta que la actuación de las autoridades estatales no se haya encauzado con la debida diligencia en la búsqueda con vida del periodista, a pesar de que sus familiares presentaron la denuncia correspondiente.
Adicionalmente, le preocupa al organismo internacional que las más altas autoridades estatales, incluyendo al Gobernador del Estado, hayan negado la actividad periodística de la víctima.

En casos de esta naturaleza, se debe garantizar el trato digno a los familiares, en especial en lo relativo a proporcionarles información oportuna sobre la evolución del caso, incluyendo la búsqueda permanente de sus seres queridos y el proceso de identificación de los cuerpos, de tal forma que se evite la revictimización.

Así mismo, es necesario que se adopten medidas de protección para garantizar que los familiares de José Moisés Sánchez Cerezo no sean objeto de ningún tipo de represalias.

Amnistía Internacional considera de cara a oídos sordos que la investigación presentada por la Procuraduría del Estado de Veracruz, sustentada en una declaración autoinculpatoria de un supuesto partícipe del delito, genera serias dudas.

Al respecto, Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, indicó: “Preocupa gravemente la identificación de un patrón en el actuar de las autoridades estatales y federales frente a casos de desaparición, iniciado por la falta de debida diligencia en las primeras horas de la desaparición, seguido de la falta de información oportuna y veraz a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación, y la conclusión de las líneas de investigación con resultados basados en confesiones”.

Ante los reiterados fracasos en las investigaciones a nivel local sobre el esclarecimiento de las agresiones y desapariciones de periodistas en Veracruz, es necesario que este caso sea atraído por la PGR, tal como lo ha solicitado la representación legal de la familia Sánchez Cerezo y la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos.

Demasiado tarde. Tal vez después de 9 años.

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

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