De verdad parecía cierto lo que Ricardo Anaya, el joven presidente de Acción Nacional, decía en radio una y otra vez: “Estamos contra la corrupción y lucharemos contra ella”. Quería legislar para establecer un fiscal independiente que tuviera facultades de revisar cuentas gubernamentales en cualquier nivel y en cualquier momento. Su iniciativa no prosperó, los diputados y funcionarios no quieren que nada ni nadie intervenga en su proceso de apropiación de los recursos públicos en la total impunidad. Tan sólo ver las noticias locales y nacionales nos da náusea.
Estados Unidos se queda con 70 millones de dólares robados en México por funcionarios del norte del país, los retiene porque en el PRI no quieren exhibir a sus gobernantes.
El subdirector del Infonavit en el sur debe renunciar por presumir en Facebook el Porsche que regaló a su hijo en Navidad.
Raúl Salinas queda libre para llevarse los cientos de millones que sustrajo del sector público. Se le dicta inocencia.
En Guanajuato sancionan con jalones de orejas y una que otra “suspensión” a quienes desviaron más de 300 millones de pesos.
En León la corrupción llega al más alto nivel y se detectan empresas “fantasma”, obras infladas, corrupción en compras. Nada pasa.
En Salamanca el alcalde compra terrenos inflados al doble y lo hace de espaldas al cabildo, en tanto que en Irapuato la obra pública tiene destinatario preciso, quien la subroga más adelante.
En Guanajuato saben todo y no pasa nada. La procuración de justicia no existe mientras a ojos de todo mundo se dan los robos más increíbles. Al gobernador Miguel Márquez Márquez no le conviene hacer justicia en León porque desde México le vayan a voltear el asunto en contra de su antecesor; tampoco mete mano en Salamanca e Irapuato porque son de su partido y menos le interesa poner mano firme porque el combate a la cleptocracia no es por ningún motivo su meta.
Los únicos que no le meten mano al erario son aquéllos que por propia convicción, formación moral o familiar, ven insultante y vergonzoso tomar el dinero público.
Son tan pocos que podríamos contarlos con los dedos de la mano. De ahí en más, es “China Libre”.
Como los funcionarios, desde el más alto nivel hasta el empleado menor, saben que no sucede nada, que robar, desviar, inflar, engañar, contratar fantasmas, no tiene la menor consecuencia, a lo mucho una “inhabilitación”, entonces no pierden la oportunidad.
El extremo llega a Iguala cuando un alcalde embriagado de poder y su esposa deciden desaparecer a 43 estudiantes. La impunidad es el cáncer de México.
La pérdida de credibilidad del presidente con su casa de 7 millones de dólares, la extraña circunstancia de la compra de la casa de campo en Malinalco del secretario de Hacienda al mismo empresario. Todo suma. Llega el tiempo de la responsabilidad ciudadana.