Este jueves 18, si es que de última hora no hay cambio en la agenda legislativa, el Congreso local discutirá y votará la iniciativa de reforma político-electoral que hace una semana envió el gobernador Javier Duarte de Ochoa, la cual ha generado reacciones encontradas, inclusive al interior del priismo veracruzano, por la propuesta de elegir en 2016, por única ocasión, al próximo titular del Poder Ejecutivo del estado para una administración de sólo dos años, con el propósito de hacer concurrente la siguiente sucesión gubernamental con la elección de diputados federales, senadores y presidente de la república a partir de 2018.
Coincidentemente, los primeros en descalificar y rechazar este proyecto de reforma fueron los senadores del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, así como el panista Miguel Ángel Yunes Linares, los tres obsesionados por gobernar Veracruz durante un sexenio, razón por la que consideraron que la propuesta de Duarte es “simplista”, “cortoplacista”, “imprudente”, “insensata”, “inoportuna, inconsecuente y lesiva” para la economía, la seguridad ciudadana y la gobernabilidad del estado ante el contexto financiero y político nacional.
Y es que Yunes Linares ya fue candidato del PAN a gobernador en 2010 y desde entonces no ha dejado de recorrer el estado y publicitarse en algunos medios de comunicación, mientras que los priistas Yunes Zorrilla y Yunes Landa mantienen desde hace un año un fuerte activismo por toda la entidad para posicionarse en la preferencia de la militancia del partido tricolor y de la ciudadanía, apostándole a las encuestas que presuponen serán determinantes para definir la nominación del Revolucionario Institucional en 2016.
¿Cuánto llevarán invertido hasta el momento estos aspirantes a la gubernatura en su promoción personal? Un buen punto a su favor sería que transparentaran sus gastos y que dieran a conocer la lista de sus patrocinadores, los cuales no solamente les prestan helicópteros, aviones y camionetas, sino que les financian también comidas para cientos y miles de simpatizantes, renta de salones y hoteles y hasta el sueldo de operadores políticos que no están enchufados a las nóminas del gobierno estatal, de algún ayuntamiento veracruzano o del Senado de la república.
¿Qué clase de financiadores serán? ¿Constructores, contratistas y proveedores de qué? ¿Por eso sus candidatos no quieren una gubernatura de dos sino de cinco años para recuperar lo que les han invertido? Sería pertinente saberlo, sobre todo ahora que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han sido colocados en el ojo del huracán por las fastuosas mansiones que en transacciones sospechosas obtuvieron de Juan Armando Hinojosa Cantú, un empresario favorecido con obras multimillonarias asignadas por el jefe del Ejecutivo federal desde que gobernaba el Estado de México.
Pero, en realidad, el “contratismo” no es privativo de los candidatos y gobiernos priistas. Desde que la alternancia en la Presidencia de la República se instauró en México, este mismo mal persigue a los gobernantes de todos los partidos políticos. En el Distrito Federal, por ejemplo, donde el PRD gobierna desde 1997, aún se recuerda el caso del empresario de origen argentino Carlos Ahumada, el cual sigue reclamando a los dirigentes del partido del sol azteca la millonada que supuestamente les “prestó” para financiar las campañas de sus candidatos en la sucesión presidencial de 2000, mismo año en que al PAN le estalló el escándalo de los llamados “Amigos de Fox”, un cuestionado comité de financiamiento que apoyó al ex gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, y del cual formó parte el empresario cordobés y actual diputado federal Juan Bueno Torio, otro aspirante a la gubernatura de Veracruz y también opositor a la reforma electoral duartista, no obstante que su correligionario, el diputado local Julen Rementería, fue quien propuso originalmente empatar en 2018 la elección federal con la de gobernador.
A estos intereses particulares pareció referirse el gobernador Javier Duarte en la conferencia de prensa que ofreció el pasado lunes 15, en la que al preguntársele sobre los argumentos esgrimidos por los aspirantes a la gubernatura que rechazan una administración transitoria de dos años, respondió: “No hay que confundir proyectos personales o de grupo con la agenda del estado. En Veracruz vivimos casi 8 millones de habitantes, todos igualmente valiosos. Entiendo que hay aspiraciones que se han hecho inclusive públicas en torno a lo que es la participación en la próxima elección al gobierno de Veracruz, pero (…) la agenda de los veracruzanos es más allá de un proyecto personal”.
Y refirió que el PAN ya apoyó y aprobó una reforma en esta materia en el estado de Puebla, y que sería “verdaderamente contradictorio decir que esa misma iniciativa es dañina para Veracruz, cuando es exactamente el mismo caso”.
Al reiterar que consideró mejor elegir en 2016 un gobernador de dos años para empatar en 2018 la elección de su sucesor con la del próximo presidente de la república, Duarte de Ochoa esgrimió: “Lejos de desacelerar y desincentivar las inversiones y la economía, las fortalece, ya que estamos alineados los gobiernos en las inversiones públicas y privadas que vienen aparejadas”. En cambio, expuso que si la gubernatura fuese de cinco años –tal como lo proponen los Yunes del PRI y PAN–, la siguiente elección del jefe del Poder Ejecutivo estatal concurriría en 2021 sólo con la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuando la administración del gobierno federal ya está cerrando.